La actividad de prestación o servicio público de la Administración

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 24/04/2016

 

Los servicios públicos, son  una de las actividades de las Administraciones Públicas, que consisten en que, se satisfacen ciertas necesidades de los administrados mediante una prestación de servicios. Estos servicios son por ejemplo, el transporte, la seguridad pública, la enseñanza, la sanidad, etc. El servicio público es lo mismo que la actividad de prestación de la Administración Pública, se conoce por los dos nombres.

- Las clases de servicios públicos son:

a) Uti singuli: los servicios uti singuli son los que se prestan de una forma individual, es decir, los administrados disfrutan de este servicio público individualmente y asumiendo, todo o parte del coste.

Dentro de estos servicios uti singuli, se diferencia a su vez:

- los servicios públicos económicos que se utilizan para cuestiones relacionadas con actividades económicas.

- y los servicios sociales, los que tratan sobre actividades dirigidas a cubrir necesidades de este tipo, como puede ser, la educación, la cultura, sanidad, etc.

b) Uti universi: son los servicios de carácter general para todos los ciudadanos, son totalmente diferentes a los uti singuli, en los que el disfrute es individual. En este caso el disfrute es colectivo. Estos servicios son por ejemplo, la justicia, la defensa nacional, la seguridad pública o las relaciones internacionales.

c) Servicios públicos monopólicos: es el tipo de servicios original, es decir, es el tipo de servicios a partir del cual se desarrolló todo el proceso de servicios públicos. Este sistema fue el primero en aparecer, por el que, la prestación de servicios, era de forma exclusiva y excluyente por una determinada empresa o ente, impidiendo todo clase de competencia.

c) Servicios públicos virtuales o impropios: estos servicios son los que surgen como consecuencia de la evolución del tipo anterior de servicios monopólicos. Estos servicios son prestados en forma de actividad privada reglamentada. Son la mayoría de los servicios que existen hoy en día, y que se rigen por un modelo de libre competencia, con los límites reducidos a los del monopolio natural.

- Es importante, para comprender mejor la situación de los servicios públicos actuales conocer la historia del paso del monopolio a la libre competencia en su prestación.

En un principio, la prestación de los servicios públicos por parte de un Estado absoluto, era un rasgo más del poder del Estado. Los principales servicios que se prestaban era el de la defensa nacional, las relaciones exteriores, la justicia, la moneda, la hacienda, los caminos y el correo. Sin embargo con el paso del tiempo, en los últimos siglos fueron surgiendo más servicios públicos, como la enseñanza o la sanidad, que no se consideraban ya, tan exclusivos del Estado. Con el constitucionalismo se empezó a conceder el ejercicio de servicios públicos a empresas privadas, con lo que se empezó a romper el antiguo monopolio de la prestación de servicios. Los primeros servicios que se cedieron a empresas fueron, por ejemplo, los ferrocarriles, la explotación de minas y de aguas.

Hoy en día, se encuentra una amplia privatización de servicios públicos, que antes estaban monopolizados, como el teléfono, electricidad, transporte marítimo y aéreo y la distribución de carburos. Esto supuso que desapareciesen los antiguos monopolios, pero que se conserven ciertos rasgos de éste en los actuales servicios igualmente, como la obligación de prestar el servicio de forma universal o el número de operadores limitado.

- El régimen del servicio público se basa en una serie de principios, los cuales se han establecido mediante la jurisprudencia y mediante la doctrina. Los principios que rigen el sistema de los servicios públicos son:

1. El principio de legalidad: consiste en que, los servicios públicos deben estar en relación con la ley, es decir, se considera por la ley una determinada actividad como actividad de interés general y mediante la legislación, se establece una dotación de créditos para poder crear un servicio público. La ley mediante la cual se crea la dotación necesaria puede ser tanto una ley estatal, como autonómica, o por lo que prevea la Ley de Bases del Régimen Local, en cuanto a los ayuntamientos.

2. El principio de continuidad: el servicio público debe ser prestado de forma continuada, de acuerdo con la naturaleza del servicio. Esto es necesario para el aseguramiento de un funcionamiento correcto del régimen de los servicios públicos.

3. El principio de perfectibilidad o adaptabilidad de los servicios públicos: quiere decir que, el que presta los servicios, está obligado a ir incorporando en ellos los adelantos técnicos o novedades que vayan surgiendo en el mercado, se conoce como cláusula de progreso en los contratos (Art. 163 ,Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).

4. El principio de neutralidad: este principio se refiere a la objetividad del funcionamiento de la Administración Pública, que se regula en el Art. 103 ,CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, que determina que, los servicios públicos deben prestarse teniendo en cuenta las exigencias del interés general. Es ilícito por tanto la utilización de los servicios públicos de forma que se deje ver, el partidismo, el favoritismo o que se utiliza como medio de propaganda y se deben organizar de una determinada manera en algunos casos. Esto es también así de acuerdo con el Art. 21 ,CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, en el que se protege la pluralidad de la sociedad.

5. El principio de igualdad: de acuerdo con el Art. 14 ,CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, se utilizarán y se prestarán los servicios públicos de forma igual para todos los que tengan acceso al mismo, se prohíbe cualquier trato discriminatorio, fuera de las normales diferencias que puedan surgir por la circunstancias o situaciones de ciertos grupos de la sociedad.

6. Y el principio de gratuidad: que solamente se aplicará si se deduce esta característica de la propia naturaleza del servicio, o si se impone por una norma constitucional (Art. 27 ,CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA) eso sí el coste de los servicios puede ser asumido en todo o en parte por los administrados.

- Derechos y deberes de los usuarios de los servicios públicos. Los servicios públicos conllevan una relación entre el administrado y la Administración y entre el concesionario del servicio y la Administración, en esta relación se pueden distinguir, la admisión, los derechos y las obligaciones de los usuarios.

1. Admisión: ante la utilización de un servicio público, el primer paso para ello es la admisión del que va a utilizarlo. Para poder ser admitido, deberá disfrutar de las condiciones necesarias para poder ser usuario, que se hayan establecido legalmente. A parte de esta condición, como por ejemplo, que el administrado tenga una determinada titulación para acceder a un servicio público, existe también el criterio de orden cronológico para la admisión, por el que, se deberá seguir el orden de las peticiones de utilización del servicio. Estos son los dos criterios más utilizados para la admisión de los usuarios.

Una vez se haya admitido el usuario, se deberá éste someter a la legislación correspondiente, relativa al servicio.

2. Derechos y deberes de los usuarios: los usuarios de los servicios, como tales, tiene el derecho a recibir el servicio de forma efectiva, con calidad y cantidad, tal y como se determine en las normas que regulan dicho servicio.

Como deberes, los usuarios están obligados a comportarse en la forma debida para un correcto funcionamiento del servicio del que se trate. Además deberán satisfacer la contraprestación económica que sea necesaria, en caso de que sea un servicio no gratuito. Esta contraprestación puede ser: una tasa o un precio público.

- Tasa: es un tributo que se impone a la prestación de un servicio público y que deberá ser abonada por el usuario. Para poder exigir una tasa, el servicio debe no ser de solicitud voluntaria de los usuarios y no se deben prestar por el sector privado. El valor de la tasa no puede exceder del coste real o aproximado del servicio del que se trate.

- Precio público: son las contraprestaciones que se deben dar por la prestación de servicios o actividades que se realizan de acuerdo con el régimen del Derecho Público, cuando, a pesar de que se presten estos servicios o actividades por el sector privado y sean solicitados por los administrados. El precio público tendrá una cantidad que se corresponda con un mínimo de costes económicos, debidos a la realización de las actividades o la prestación de servicios. Estos precios públicos pueden ser inferiores para determinados grupos sociales por razones benéficas, culturales o de interés público.

- Por otra parte están también las tarifas, las cuales se deben pagar por la gestión indirecta o contractual de determinados servicios públicos. El concesionario debe obtener una remuneración mediante la tarifa, que es un precio privado. En el contrato de gestión de los servicios debe contar la tarifa máxima y mínima que deben pagar los usuarios. Las tarifas son aprobadas por el sector público, por el órgano que corresponda y además podrán ser revisadas, de oficio o a petición de las empresas.

Para velar por la prestación de los servicios públicos y los derechos de los usuarios está la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que es competente sobre el tema de la efectividad de las prestaciones. También puede proceder la jurisdicción Civil en determinados casos, según incida en el ámbito civil o en el administrativo.

 

 

 

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