El acuerdo de la necesidad de ocupación en la expropiación forzosa

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 01/03/2017

Para el estudio del acuerdo de la necesidad de ocupación, habrá que atender a lo dispuesto en los Art. 15-23 ,LEF y concordantes del Reglamento de la Ley de Expropiación forzosa. Es importante recordar que el acuerdo de necesidad de ocupación es el trámite que, a todos los efectos, supone el inicio del expediente expropiatorio.

El acuerdo de la necesidad de ocupación en el procedimiento de expropiación forzosa se encuentra regulado en los Art. 15-23 ,LEF y en los Art. 15-24 ,Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, todos ellos recogidos bajo un idéntico rótulo: “De la necesidad de ocupación de bienes o adquisición de derechos”. Del examen del cuerpo normativo antes señalado, se pueden extraer las siguientes cuestiones dignas de análisis:  

Momento en que debe producirse el acuerdo de necesidad de ocupación

El Art. 15 ,LEF establece que declarada la utilidad pública o el interés social, la Administración resolverá sobre la necesidad concreta de ocupar los bienes o adquirir los derechos que sean estrictamente indispensables para el fin de la expropiación. Mediante acuerdo del Consejo de Ministros podrán incluirse también entre los bienes de necesaria ocupación los que sean indispensables para previsibles ampliaciones de la obra o finalidad de que se trate. El Art. 15 ,Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa puntualiza que éstos no pueden ser calificados de partes sobrantes a los efectos del Art. 54 ,LEF.

Necesidad de ocupación de bienes de la Iglesia Católica

Como dispone el Art. 16 ,LEF, cuando se trate de expropiar bienes de la Iglesia Católica, se observará el régimen establecido al efecto en el Concordato vigente ajustándose en lo demás a lo preceptuado en esta Ley. Así, el Instrumento de Ratificación del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos, firmado el 3 de enero de 1979 en la Ciudad del Vaticano, señala al respecto lo siguiente: “Los lugares de culto tienen garantizada su  inviolavilidad con arreglo a las leyes (…) En caso de su expropiación forzosa será antes oída la autoridad eclesiástica competente”.

Obligación del beneficiario de formular relación concreta e individualizada de los bienes y derechos de necesaria expropiación

 A los efectos del acuerdo de necesidad de ocupación, el beneficiario de la expropiación estará obligado a formular una relación concreta e individualizada, en la que se describan, en todos los aspectos, material y jurídico, los bienes o derechos que considere de necesaria expropiación (Cfr. apdo. 1 del Art. 17 ,LEF),

Cuando el proyecto de obras y servicios comprenda la descripción material detallada a que se refiere el párrafo anterior, la necesidad de ocupación se entenderá implícita en la aprobación del proyecto, pero el beneficiario estará igualmente obligado a formular la mencionada relación a los solos efectos de la determinación de los interesados.

Es necesario tener en cuenta que posteriormente a éste trámite, no podrán incluirse nuevos derechos que no hayan sido se considerados (TS, Sala de lo Contencioso, de 25/11/2011, Rec. 1496/2008).

Trámite de información pública

El Art. 18 ,LEF establece lo siguiente: "recibida la relación de bienes y derechos a expropiar, el Gobernador Civil abrirá información pública durante un plazo de quince días. Cuando se trate de expropiaciones realizadas por el Estado, dicha relación habrá de publicarse en el «Boletín Oficial del Estado» y en el de la provincia respectiva y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia, si lo hubiere, comunicándose además a los Ayuntamientos en cuyo término radique la cosa a expropiar para que la fijen en el tablón de anuncios.

Cualquier persona podrá aportar por escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación publicada u oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad de la ocupación. En este caso indicará los motivos por los que deba considerarse preferente la ocupación de otros bienes o la adquisición de otros derechos distintos y no comprendidos en la relación, como más conveniente al fin que se persigue (Art. 19 ,LEF).

A este respecto, se considerará que tendrán la condición de interesados las personas definidas en los Art. 3-4 ,LEF:

  • Quien con carácter de propietario o titular conste en registros públicos que produzcan presunción de titularidad, que sólo puede ser destruida judicialmente, o, en su defecto, quien aparezca con tal carácter en registros fiscales, o, finalmente, al que lo sea pública y notoriamente.

  • Titulares de derechos reales e intereses económicos directos sobre la cosa expropiable, así como con los arrendatarios cuando se trate de inmuebles rústicos o urbanos.

Cabe indicar que la realización de este trámite es "netamente" imperativa  (Cfr. TS, Sala de lo Contencioso, de 17/02/2010, Rec. 5404/2006).

Efectos del acuerdo de necesidad de ocupación

Como establece el apartado 1 del Art. 21 ,LEF, el acuerdo de necesidad de ocupación inicia el expediente expropiatorio. Dicho acuerdo tendrá que ser publicado si se trata de expropiaciones realizadas por el Estado, en el “Boletín Oficial del Estado” y en el de la provincia respectiva y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia, si lo hubiere, debiendo comunicarse además a los Ayuntamientos en cuyo término radique la cosa a expropiar para que la fijen en el tablón de anuncios (Cfr. Apartado 2 del Art. 18 ,LEF).

Además de la publicación anterior es de carácter inexcusable la notificación individualizada a cuantas personas aparezcan como interesadas en el procedimiento expropiatorio, si bien en la exclusiva parte que pueda afectarlas (Apartado 3 del Art. 21 ,LEF); de no ser realizada determinará la directa anulación de las actuaciones realizadas y la obligación de la Administración actuante de reponer el procedimiento expropiatorio a tal momento procedimental (TS, Sala de lo Contencioso, de 18/10/2011, Rec. 2086/2008).

(Nótese que lo anterior se hace extensivo tanto al procedimiento ordinario de expropiación como al procedimiento de urgencia, como señala la TS, Sala de lo Contencioso, de 17/02/2010, Rec. 5404/2006).

Recursos contra el acuerdo de necesidad de ocupación y  solicitud de expropiación total de una finca

El Art. 22 ,LEF dispone literalmente lo que sigue: 

  • Contra el acuerdo de necesidad de ocupación se dará recurso de alzada ante el Ministerio correspondiente, que podrán interponer los interesados en el procedimiento expropiatorio, así como las personas que hubieran comparecido en la información pública.
  • El plazo para la interposición del recurso será el de diez días, a contar desde la notificación personal o desde la publicación en los «Boletines Oficiales», según los casos.
  • El recurso habrá de resolverse en el plazo de veinte días. La interposición del recurso de alzada surtirá efectos suspensivos hasta tanto se dicte la resolución expresa. Contra la Orden Ministerial resolutoria del recurso no cabrá reclamar en la vía contencioso-administrativa.

 

Por su parte, y como señala el Art. 23 ,LEF, cuando la expropiación implique sólo la necesidad de ocupación de una parte de finca rústica o urbana, de tal modo que a consecuencia de aquélla resulte antieconómica para el propietario la conservación de la parte de finca no expropiada, podrá éste solicitar de la Administración que dicha expropiación comprenda la totalidad de la finca, debiendo decidirse sobre ello en el plazo de diez días. Dicha resolución es susceptible del recurso de alzada previsto en el Art. 22 ,LEF, y no se dará el recurso Contencioso-Administrativo. Además, cuando la Administración rechace la expropiación total, se incluirá en el justiprecio la indemnización por los perjuicios que se produzcan a consecuencia de la expropiación parcial de la finca (Art. 46 ,LEF).

No obstante, como se habrá notado ya, los dos artículos mencionados manejan "disposiciones" que deben entenderse derogadas por la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo para interposición del recurso de alzada de un mes y el de resolución el de tres meses tal y como señalan los Art. 121,122 ,Ley  39/2015, de 1 de octubre. Igualmente, debe entenderse derogado el párrafo donde se dispone que no cabe formular recurso contencioso-administrativo contra la resolución del recurso de alzada (en este sentido, la línea jurisprudencial iniciada, entre otras, por TS, Sala de lo Contencioso, de 09/03/1993.

Por último, y en relación con la solicitud de expropiación total, se hace preciso señalar que no juega en este supuesto la posible estimación por vía del silencio administrativo positivo, puesto que, como señala la TS, Sala de lo Contencioso, de 20/02/2012, Rec. 248/2009, esto sólo se produce en procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, y en el presente caso, la solicitud de expropiación de la totalidad de la finca que habilita el Art. 23 ,LEF debe contemplarse como un incidente enmarcado en el procedimiento expropiatorio, cuyo inicio se produce de oficio, por lo que debe acudirse a la regulación del Art. 25 ,Ley 39/2015, de 13 de julio sobre los efectos de la falta de resolución expresa en plazo, entre los que no se encuentra la presunción estimatoria. 

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Inicio del expediente expropiatorio
Procedimiento expropiatorio
Utilidad pública
Interés social
Beneficiario de la expropiación
Proyecto de obras
Dueño
Trámite de información pública
Derechos reales
Arrendatario
Expediente expropiatorio
Fincas Rústicas
Justiprecio
Indemnización por expropiación forzosa
Silencio administrativo positivo