La parte acusada en el proceso penal

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Penal
  • Fecha última revisión: 11/03/2016

La parte acusada  puede definirse como aquella contra la que se dirige la acción penal, no obstante, cabe en primer lugar realizar una precisión terminológica. En este sentido, la Ley de Enjuiciamiento Criminal (en adelante, LECrim), a la hora de dirigirse a la parte acusada emplea distintos términos, como “inculpado”, “presunto culpable”, “procesado”, “reo”, “persona a quien se imputa un acto punible”, “querellado” o “investigado o encausado”.

La razón de ello radica en que la parte pasiva atraviesa por distintas situaciones a lo largo del proceso penal, por lo que deberán ser denominadas según corresponda en cada momento. Así pues, las partes acusadas recibirán a lo largo de un proceso penal, las siguientes denominaciones:

 

  1. Investigado o encausado: Existencia de un acto procesal del cual se deriva la atribución a una persona determinada de la participación en un delito tipificado en el Código Penal.
  2. Procesado: Aquí ya existe un auto de procesamiento, por consiguiente, el sujeto pasivo ya ha sido inculpado de modo formal.
  3. Acusado: Se trata de la segunda fase del proceso penal; en este momento ya ha sido instada la calificación provisional o el escrito de acusación dándose comienzo al juicio oral.
  4. Condenado: Es aquel contra el que ha sido dictada sentencia condenatoria (en el supuesto de que la sentencia acuerde la absolución del sujeto pasivo, entonces deberá hablarse de “absuelto”).
  5. Reo: Se entiende por aquel que se encuentra cumpliendo la condena dictada o acordada en la sentencia condenatoria.

Cabe señalar que el inicio del procedimiento de instrucción puede decretarse sin que exista todavía investigado o encausado. La denuncia puede presentarse sin que se conozca la autoría de los hechos denunciados, siendo el Juez de Instrucción el que deberá poner en marcha todos los medios necesarios para llegar a su conocimiento.

 

Capacidad y legitimación

 

1.Capacidad para ser parte

A los efectos del derecho penal, únicamente ostentarán capacidad procesal las personas físicas y, desde el año 2010, también la ostentarán las personas jurídicas como consecuencia de la reforma del Código Penal introducida por la LO 5/2010, de 22 de junio. No obstante, existen una serie de excepciones a la regla general:

 

  1. Animales y cosas: Sin embargo, a lo largo de la historia tanto animales como cosas han sido objeto de procesos penales que, en la actualidad no son más que una mera curiosidad.
  2. Personas fallecidas: La responsabilidad penal se extingue por la muerte de las personas (130.1 ,Código Penal). Asimismo, tal y como se deriva del Art. 115 ,LECrim, la acción penal también se extingue por el fallecimiento y, por consiguiente, tampoco puede transmitirse a los herederos del causante. Sin embargo, la LECrim nada dice respecto del modo en que se ha de dar por extinguida la responsabilidad penal una vez iniciado el proceso, no obstante, existen tres posibilidades:

 

  • Decretar el sobreseimiento en virtud del 637.3 ,LECrim
  • Dar audiencia a los interesados para que estos tengan la posibilidad de desistir
  • Archivo de las actuaciones

 

2. Capacidad procesal

La capacidad procesal es la aptitud para llevar a cabo actos procesales de una forma válida, ostentándola todas aquellas personas, ya sean físicas y jurídicas, que están en condiciones de participar de manera consciente en el proceso. En el proceso penal, las causas de incapacidad existentes en el proceso civil carecen de cualquier relevancia, toda vez que aquí, la ausencia de capacidad procesal ha de referirse a la imposibilidad de hecho de intervenir conscientemente en el proceso. Esto es, enajenación mental, alteración de la percepción de la gravedad y, en general, a cualquier patología que impida que la persona pueda actuar.

Respecto de la enajenación mental, la LECrim, viene a establecer tres situaciones distintas (Art. 381-383 ,LECrim):

 

  1. Que el acusado hubiere cometido un delito en una situación de anomalía psíquica, continuando ésta a posteriori: el juez deberá derivarlo al médico forense, el cual deberá emitir dictamen pericial al respecto (Art. 381 ,LECrim). Asimismo, dará audiencia a aquellas personas que conozcan las circunstancias del acusado y lo oirá personalmente (Art. 382 ,LECrim)
  2. Que la enajenación del acusado fuere sobrevenida una vez cometido el delito: el juez deberá acreditar dicha circunstancia a través de un procedimiento preliminar y, una vez finalizado, ordenará su internamiento si procediera.

3. Legitimación

La legitimación pasiva en un proceso penal radica en aquella persona que, como consecuencia de haber presuntamente cometido un delito, ostenta la condición de investigado o encausado o acusado. Una persona se convierte en parte de un proceso penal por el mero hecho de haber sido investigado o encausado en el mismo.

 

Postulación procesal

Por regla general, resulta necesaria la intervención de procurador que represente al acusado y de abogado que asuma su defensa, no obstante, la esta última ostenta una serie de caracteres especiales con respecto a otros procesos jurídicos.

Sin embargo, existen excepciones cuyo fundamento radica en la condición de personalísimos que ostentan ciertos actos procesales, los cuales han de llevarse a cabo de modo personal por la parte imputada:

 

 

No obstante, la excepción por excelencia a la postulación se corresponde con el proceso iniciado como consecuencia de una falta, donde no es necesaria la intervención de abogado ni de procurador.

 

1. La defensa técnica

El derecho a la defensa del acusado asienta sus bases en el 24.2 ,CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, por consiguiente, la asistencia letrada en el proceso penal es un derecho fundamental (este precepto se ve asimismo reforzado con las disposiciones del 17.3 ,CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, referente a la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales). Sin embargo, el hecho de que la defensa técnica del acusado en el proceso penal sea un derecho fundamental no es suficiente, toda vez que aquí, la defensa técnica del acusado adquiere también la condición de un requisito necesario  que se impone al titular del denominado ius puniendi (facultad sancionadora del Estado). Así pues, de esta manifestación se derivan 3 importantes consecuencias:

 

1. Concurriendo determinados requisitos, existe la posibilidad de que la ley regule un proceso en el que el juicio oral sea celebrada sin la presencia del acusado, sin embargo, nunca podrá celebrarse el juicio oral en ausencia del abogado del acusado.

2. En el supuesto de que el acusado no designe a un abogado para que proceda a sumir su defensa, será el juez o tribunal el que deberá designarlo de oficio.

3. El abogado designado de oficio, no podrá renunciar a la dirección letrada del acusado basándose en que su defensa es insostenible.

 

2. La representación procesal

Cabe señalar que, los 17.3,24.2 ,CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA no determinan un derecho constitucional del acusado a ser procesalmente representado, sino que únicamente hacen referencia a la necesaria asistencia de letrado. L intervención del procurador en el proceso penal se deriva de la ley (LOPJ, LECrim y EGPTE).

No obstante, con arreglo a establecer cuál es el momento procesal en que la intervención de procurador es preceptiva, cabe distinguir entre:

 

  1. Proceso ordinario: Cuando es posible la asistencia de letrado, deberá también comparecerse por medio de procurador. Así pues, si la asistencia letrada es preceptiva, la comparecencia a través de procurador también lo será, sin perjuicio de lo dispuesto en el 117.3 ,CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, que únicamente hace referencia al abogado.
  2. Proceso abreviado: Aquí se distingue entre el nombramiento previo de abogado por el propio acusado o entre la designación de un abogado de oficio. En el primero de los casos, junto al abogado, la parte deberá designar igualmente procurador, mientras que en el segundo, es el propio abogado de oficio el que asume tanto la defensa como la representación de la parte acusada, eso sí, hasta el momento en que deba realizarse el escrito de defensa (Art. 768 ,LECrim)

 

En el ámbito Comunitario es relevante la La Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, que establece normas sobre la presunción de inocencia en el proceso penal y el derecho a estar presente en el juicio en el proceso penal, establece en su art. 11 que los Estados miembros comunicarán a la Comisión Europea, como muy tarde el 1 de abril de 2020 los datos disponibles que muestren cómo se han aplicado los derechos establecidos en la Directiva.

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Investigado o encausado
Capacidad procesal
Acción penal
Sentencia de condena
Responsabilidad penal
Hecho delictivo
Enajenación mental
Auto de procesamiento
Calificación provisional
Defensa técnica
Persona jurídica
Persona física
Archivo de actuaciones
Incapacidad
Alteración de la percepción
Médico Forense
Intervención de abogado
Anomalía o alteración psíquica
Informes periciales
Legitimación pasiva
Internamiento
Postulación de las partes
Derecho de defensa
Diligencias policiales
Abogado de oficio
Ius puniendi
Proceso ordinario
Representación procesal
Proceso penal abreviado
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Escrito de defensa
Presunción de inocencia