Características del acusador privado como parte en el proceso penal

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Penal
  • Fecha última revisión: 11/11/2014

Dentro de los acusadores privados podemos diferenciar los acusadores por delitos privados o acusadores por delitos semipúblicos.

Acusador privado ofendido por delitos privados, como bien indica su nombre, se trata del particular ofendido por un delito de naturaleza privada, que dispone de la acción penal de modo absoluto, o sea, tanto del comienzo del proceso, como de su prosecución, sostenimiento y del derecho de penar al acusado.

Tiene derecho a la renuncia de la acción (106.2 ,LECrim y Art. 107 ,LECrim), antes o en el transcurso del proceso. De modo expreso o tácito (Art. 275 ,LECrim y Art. 276 ,LECrim). También puede disponer del ius puniendi a través del perdón al ofendido (130.4 ,CP posibilidad de extinguir la responsabilidad criminal, hasta antes de que se haya iniciado la ejecución). La sustanciación del proceso penal depende en todas sus fases de la voluntad del ofendido, desde la exigencia de la querella inicial hasta el mantenimiento de la acción a lo largo del proceso, de modo exclusivo, sin posibilidad de que comparezcan otros sujetos.

El único ejemplo es el delito de injurias y calumnias (104.1 ,LECrim y215.1 ,CP ).

El Art. 215 ,LECrim dice que nadie será penado por calumnia o injuria sino en virtud de querella de la persona ofendida por el delito o de su representante legal. Se procederá de oficio cuando la ofensa se dirija contra funcionario público, autoridad o agente de la misma sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos”.

Acusador privado ofendido por delitos semipúblicos. Es el ofendido por un delito semipúblico. Este tipo de acusador que se encuentra entre el acusador particular en los delitos públicos y el acusador privado en los delitos privados, porque sólo tiene una disponibilidad limitada sobre el objeto del proceso, siendo el resto de aspectos idéntico al acusador particular.

Existen distintos tipos, dependiendo de la capacidad que puede tener o conservar el ofendido sobre la pretensión, sobre la acusación.

Delitos semipúblicos puros: el ofendido ostenta el monopolio de la acción penal pero no el de la pretensión penal. Una vez interpuesta la denuncia o la querella, rige el principio de necesidad, y el Ministerio Fiscal ejercerá la acusación.

Art. 161 ,CP: delito reproducción asistida sin consentimiento.

Art. 228 ,CP: abandono de familia, impago de las prestaciones económicas establecidas en los procesos matrimoniales.

El Art. 228 ,CP hace referencia a que  los delitos previstos en los dos artículos anteriores, sólo se perseguirán previa denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Cuando aquélla sea menor de edad, incapaz o una persona desvalida, también podrá denunciar el Ministerio Fiscal”.

Delitos semipúblicos: el ofendido puede disponer del inicio del proceso (si no media denuncia suya no tendrá lugar), y además reserva cierto poder de disposición sobre el objeto del proceso, en la medida en que conserva la facultad de perdonar al acusado.

El Art. 197 ,CP dice que el que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales o intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

Las mismas penas se impondrán al que, sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado. Iguales penas se impondrán a quien, sin estar autorizado, acceda por cualquier medio a los mismos y a quien los altere o utilice en perjuicio del titular de los datos o de un tercero.

El que por cualquier medio o procedimiento y vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo, acceda sin autorización a datos o programas informáticos contenidos en un sistema informático o en parte del mismo o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, será castigado con pena de prisión de seis meses a dos años.

Cuando de acuerdo con lo establecido en el Art. 31 ,CP apartado bis, una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en este artículo, se le impondrá la pena de multa de seis meses a dos años. Atendidas las reglas establecidas en el Art. 66 ,CP apartado bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b a g del apartado 7 del Art. 33 ,CP.

Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años si se difunden, revelan o ceden a terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas a que se refieren los números anteriores.

Será castigado con las penas de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses, el que, con conocimiento de su origen ilícito y sin haber tomado parte en su descubrimiento, realizare la conducta descrita en el párrafo anterior.

Si los hechos descritos en los apartados 1 y 2 de este artículo se realizan por las personas encargadas o responsables de los ficheros, soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, archivos o registros, se impondrá la pena de prisión de tres a cinco años, y si se difunden, ceden o revelan los datos reservados, se impondrá la pena en su mitad superior.

Igualmente, cuando los hechos descritos en los apartados anteriores afecten a datos de carácter personal que revelen la ideología, religión, creencias, salud, origen racial o vida sexual, o la víctima fuere un menor de edad o un incapaz, se impondrán las penas previstas en su mitad superior.

Si los hechos se realizan con fines lucrativos, se impondrán las penas respectivamente previstas en los apartados 1 al 4 de este artículo en su mitad superior. Si además afectan a datos de los mencionados en el apartado anterior, la pena a imponer será la de prisión de cuatro a siete años.

Si los hechos descritos en los apartados anteriores se cometiesen en el seno de una organización o grupo criminales, se aplicarán respectivamente las penas superiores en grado.

El Art. 198 ,CP dice que la autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la Ley, sin mediar causa legal por delito, y prevaliéndose de su cargo, realizare cualquiera de las conductas descritas en el artículo anterior, será castigado con las penas respectivamente previstas en el mismo, en su mitad superior y, además, con la de inhabilitación absoluta por tiempo de seis a doce años.

El Art. 199 ,CP afirma que  el que revelare secretos ajenos, de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o sus relaciones laborales, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses.

El profesional que, con incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva, divulgue los secretos de otra persona, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para dicha profesión por tiempo de dos a seis años.

ElArt. 200 ,CP al respecto dice que  lo dispuesto en este Capítulo será aplicable al que descubriere, revelare o cediere datos reservados de personas jurídicas, sin el consentimiento de sus representantes, salvo lo dispuesto en otros preceptos de este Código.

El Art. 201 ,CP afirma que para proceder por los delitos previstos en este Capítulo será necesaria denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Cuando aquélla sea menor de edad, incapaz o una persona desvalida, también podrá denunciar el Ministerio Fiscal.

No será precisa la denuncia exigida en el apartado anterior para proceder por los hechos descritos en el Art. 198 ,CP, ni cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas.

El perdón del ofendido o de su representante legal, en su caso, extingue la acción penal sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del número 5º del apartado 1 del Art. 130 ,CP”.

 

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Delito semipúblico
Acusación privada
Delito privado
Querella
Acción penal
Calumnia
Objeto del proceso
Voluntad
Funcionarios públicos
Menor de edad
Extinción de la responsabilidad
Responsabilidad penal
Ius puniendi
Delito de injurias
Injuria
Delito público
Denuncia de la persona agraviada
Falta de consentimiento
Responsabilidad
Abandono de familia
Reproducción asistida
Prestación económica
Procesos matrimoniales
Sin consentimiento
Grabación
Persona jurídica
Medidas de seguridad
Datos personales
Inhabilitación absoluta
Inhabilitación especial
Comisión del delito
Perdón del ofendido