Características de la acusación como parte en el proceso penal

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La definición de parte en el proceso penal tiene una serie de características que se basan principalmente en la no titularidad de los derechos que se cuestionan en el proceso. Las partes pueden ser clasificadas en: partes acusadoras, que ejercitan como tales la pretensión penal; partes acusadas, que soportan pasivamente la pretensión penal.
NOVEDAD: El 28 de octubre entró en vigor el Ley 4/2015 de 27 de Abr, texto que otorga apoyo a la víctima desde una dimensión procesal y extraprocesal. Las víctimas de los delitos más graves podrán exponer su opinión ante el juez de Vigilancia Penitenciaria antes de que el juez decida, sobre la libertad condicional o beneficios penitenciarios de sus agresores


Nadie actúa ejerciendo derechos propios, porque el derecho de penar (ius puniendi) pertenece al Estado. Si bien esto ha de ser reconocido a la hora de utilizar la acción popular, con lo que se reconocen implícitamente los intereses de toda la colectividad y el derecho de acción, el derecho de la sociedad.

Por otra parte, puede resultar que del ejercicio de la acción penal por el Ministerio Fiscal – al ser éste un sujeto imparcial del proceso – resulte una pretensión absolutoria, de manera que no exista conflicto de intereses entre las diversas partes.

De modo que el concepto de parte en el proceso penal no se puede basar en la idea de pertenencia de los derechos materiales ejercitados en el proceso.

De forma tal, si se siguiese un concepto material de parte difícilmente se podría atribuir tal condición al Ministerio Fiscal.

Estamos pues ante un concepto formal de parte, que se construye desde una perspectiva procesal y que nada tiene que ver con el derecho material. Considerando parte a la persona u órgano que pretende, pide o solicita la imposición de una pena o medida de seguridad, y aquella persona frente a la que se pretende. Al margen de la titularidad del derecho de penar, o de la existencia de intereses contrarios

La Ley 4/2015 de 27 de Abr, se inicia mediante un Título preliminar, que establece un concepto de víctima que se extiende a toda persona que sufra un perjuicio físico, moral o económico como consecuencia de un delito. Además, reconoce como víctimas indirectas al cónyuge o persona vinculada a la víctima por una análoga relación de afectividad; a sus hijos y progenitores; parientes directos y a las personas a cargo de la víctima directa por muerte ocasionada por el delito.

Los derechos que se recogen en la Ley serán de aplicación a todas las víctimas de delitos ocurridos en España o que puedan ser perseguidos en España, con independencia de la nacionalidad de la víctima o de si disfrutan o no de residencia legal.

Se recogen, entre otros, el derecho a la información, a la protección y al apoyo en todo caso; el derecho a participar activamente en el proceso penal, el derecho al reconocimiento como tal víctima y el derecho a un trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio.Se regula específicamente el derecho de la víctima a obtener una copia de la denuncia debidamente certificada, y el derecho a la asistencia lingüística gratuita a la víctima que desee interponer denuncia, y traducción gratuita de la copia de la denuncia presentada. 

La víctima podrá participar en el proceso a través de la notificación de las resoluciones de sobreseimiento y archivo y el reconocimiento del derecho a impugnarlas dentro de un plazo de tiempo suficiente a partir de la comunicación, con independencia de que se haya constituido anteriormente o no como parte en el proceso. 

 

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