Ámbito de aplicación de la Ley 26/2007 de responsabilidad medioambiental

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 02/03/2017

La Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental, en cuanto a su ámbito de aplicación, distingue el ámbito de aplicación material (Art. 3 ,Ley 26/2007, de 23 de octubre) y el temporal (Art. 4 ,Ley 26/2007, de 23 de octubre), estableciendo, en relación con este último, que la ley no será de aplicación a los daños medioambientales si han transcurrido más de treinta años desde que tuvo lugar la emisión, el suceso o el incidente que los causó. Dentro de ese plazo, como norma, la responsabilidad medioambiental establecida en la ley será compatible con las penas o sanciones administrativas que proceda imponer por los mismos hechos que hubieran originado aquélla. 

Antes de referirse al ámbito de aplicación de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, conviene recordar qué entiende dicha norma por daño medioambiental. Así, y siguiendo lo establecido por el apdo. 1 del Art. 2 ,Ley 26/2007, de 23 de octubre, se entienden por tal:

  • Los daños a las especies silvestres y a los hábitat, es decir, cualquier daño que produzca efectos adversos significativos en la posibilidad de alcanzar o de mantener el estado favorable de conservación de esos hábitat o especies. 

  • Los daños a las aguas, entendidos como cualquier daño que produzca efectos adversos significativos:

    • Tanto el estado ecológico, químico y cuantitativo de las masas de aguas superficiales o subterráneas, como en el potencial ecológico de las masas de agua artificiales y muy modificadas. A tales efectos, se estará a las definiciones que establece la legislación de aguas.

    • En el estado medioambiental de las aguas marinas.

  • Los daños a la ribera del mar y de las rías, entendidos como cualquier daño que produzca efectos adversos significativos sobre su integridad física y adecuada conservación, así como también aquéllos otros que impliquen dificultad o imposibilidad de conseguir o mantener un adecuado nivel de calidad de aquélla.

  • Los daños al suelo, es decir, cualquier contaminación del suelo que suponga un riesgo significativo de que se produzcan efectos adversos para la salud humana o para el medio ambiente debidos al depósito, vertido o introducción directos o indirectos de sustancias, preparados, organismos o microorganismos en el suelo o en el subsuelo.

En lo que concierne ya al ámbito de aplicación de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, la misma se ocupa de la cuestión desde una doble perspectiva:

  • Ámbito material

  • Ámbito temporal

Ámbito material

Así se expresa al respecto el Art. 3 ,Ley 26/2007, de 23 de octubre:

  • La ley se aplicará a los daños medioambientales y a las amenazas inminentes de que tales daños ocurran, cuando hayan sido causados por las actividades económicas o profesionales enumeradas en el Anexo 3 de la Ley 26/2007 de 23 de Oct (Responsabilidad medioambiental), aunque no exista dolo, culpa o negligencia. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que una actividad económica o profesional de las enumeradas en el Anexo 3 de la Ley 26/2007 de 23 de Oct (Responsabilidad medioambiental) ha causado el daño o la amenaza inminente de que dicho daño se produzca cuando, atendiendo a su naturaleza intrínseca o a la forma en que se ha desarrollado, sea apropiada para causarlo.

  • La ley también se aplicará a los daños medioambientales y a las amenazas inminentes de que tales daños ocurran, cuando hayan sido causados por las actividades económicas o profesionales distintas de las enumeradas en el Anexo 3 de la Ley 26/2007 de 23 de Oct (Responsabilidad medioambiental), en los siguientes términos: 

    • Cuando medie dolo, culpa o negligencia, serán exigibles las medidas de prevención, de evitación y de reparación.

    • Cuando no medie dolo, culpa o negligencia, serán exigibles las medidas de prevención y de evitación.

  • La ley sólo se aplicará a los daños medioambientales, o a la amenaza inminente de tales daños, causados por una contaminación de carácter difuso, cuando sea posible establecer un vínculo causal entre los daños y las actividades de operadores concretos.

  • La ley no se aplicará a los daños medioambientales ni a las amenazas inminentes de que tales daños se produzcan cuando hayan sido ocasionados por alguna de las siguientes causas:

    • Un acto derivado de un conflicto armado, de hostilidades, de guerra civil o de una insurrección

    • Un fenómeno natural de carácter excepcional, inevitable e irresistible.

    • Las actividades cuyo principal propósito sea servir a la defensa nacional o a la seguridad internacional, y las actividades cuyo único propósito sea la protección contra los desastres naturales.

  • La ley no se aplicará a los siguientes daños:

  • A los daños medioambientales ni a las amenazas inminentes de que tales daños se produzcan cuando tengan su origen en un suceso cuyas consecuencias en cuanto a responsabilidad o a indemnización estén establecidas por alguno de los convenios internacionales enumerados en el anexo IV, incluidas sus eventuales modificaciones futuras, vigentes en España.

  •  A los riesgos nucleares, a los daños medioambientales o a las amenazas inminentes de que tales daños se produzcan, causados por las actividades que empleen materiales cuya utilización esté regulada por normativa derivada del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, ni a los incidentes o a las actividades cuyo régimen de responsabilidad esté establecido por alguno de los convenios internacionales enumerados en el Anexo 5 de la Ley 26/2007 de 23 de Oct (Responsabilidad medioambiental), incluidas sus eventuales modificaciones futuras, vigentes en España.

  • En el caso de obras públicas de interés general, competencia de la Administración General del Estado, la ley se aplicará:

    • A los daños causados a las especies y a los hábitats protegidos, a las aguas, al suelo y a la ribera del mar y de las rías, y a las amenazas inminentes de que tales daños ocurran, cuando hayan sido causados por las actividades económicas o profesionales enumeradas en el Anexo 3 de la Ley 26/2007 de 23 de Oct (Responsabilidad medioambiental), aunque no exista dolo, culpa o negligencia.

    • A los daños causados a las especies y hábitats naturales protegidos por actividades profesionales distintas de las enumeradas en el Anexo 3 de la Ley 26/2007 de 23 de Oct (Responsabilidad medioambiental) y a cualquier amenaza inminente de tales daños debido a alguna de esas actividades, siempre que haya habido culpa o negligencia por parte del operador.

  • La normativa autonómica en la materia podrá determinar la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior a las obras públicas de especial relevancia e interés equivalentes a las de interés general del Estado, cuya titularidad y competencia corresponda a las comunidades autónomas.

Por su parte, el apdo. 1 del Art. 5 ,Ley 26/2007, de 23 de octubre señala que la ley no ampara el ejercicio de acciones por lesiones causadas a las personas, a los daños causados a la propiedad privada, a ningún tipo de pérdida económica ni afecta a ningún derecho relativo a este tipo de daños o cualesquiera otros daños patrimoniales que no tengan la condición de daños medioambientales, aunque sean consecuencia de los mismos hechos que dan origen a responsabilidad medioambiental. Tales acciones se regirán por la normativa que en cada caso resulte de aplicación.

Sin perjuicio de lo establecido en el apdo. 3 del Art. 36 ,Ley 26/2007, de 23 de octubre, la responsabilidad medioambiental establecida en la ley será compatible con las penas o sanciones administrativas que proceda imponer por los mismos hechos que hubieran originado aquélla (Cfr. apdo. 1 del Art. 6 ,Ley 26/2007, de 23 de octubre).

Ámbito temporal

 En lo que se refiere al ámbito temporal de la responsabilidad medioambiental, el Art. 4 ,Ley 26/2007, de 23 de octubre establece que la ley no será de aplicación a los daños medioambientales si han transcurrido más de treinta años desde que tuvo lugar la emisión, el suceso o el incidente que los causó. El plazo se computará desde el día en el que haya terminado por completo o se haya producido por última vez la emisión, el suceso o el incidente causante del daño.

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Responsabilidad
Amenazas
Actividades económicas
Culpa
Dolo
Sanciones administrativas
Medidas de seguridad en el trabajo
Contaminación del suelo
Integridad física
Prueba en contrario
Conflicto armado
Operadores
Contaminación
Obras públicas
Energía
Competencias de la Administración General del Estado
Actividades profesionales
Propiedad privada
Daño patrimonial