Ámbito competencial de los organismos públicos en materia de transporte

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 24/04/2016

En primer lugar se debe hacer referencia a la Constitución Española, que en sus Art. 148,Art. 149 ,CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA señala en determinados puntos, las competencias en materia de transporte del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Al Estado le corresponde la competencia en:

- Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales marítimas, puertos de interés general; aeropuertos de interés general, control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves.

- Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma, régimen general de comunicaciones, tráfico y circulación de vehículos a motor, correos y telecomunicaciones, cables aéreos, submarinos y radiocomunicación.

Mientras que, a las Comunidades Autónomas, les corresponde la competencia en:

- Ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente por el territorio de la Comunidad Autónoma, y en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios o por cable.

- Puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos, y en general, los que desarrollen actividades comerciales.

El Art. 3 ,LOTT señala los principios generales de la organización y funcionamiento del sistema de transportes:

  1. Establecimiento y mantenimiento de un sistema común de transporte en todo el Estado, mediante la coordinación e interconexión de las redes, servicios o actividades que lo integran, y de las actuaciones de los distintos órganos y administraciones públicas competentes.
  2. Satisfacción de las necesidades de la comunidad con el máximo grado de eficacia y con el mínimo coste social.
  3. Mantenimiento de la unidad de mercado en todo el territorio español.

Los poderes públicos promoverán la adecuada satisfacción de las necesidades de transporte de los ciudadanos, en el conjunto del territorio español, en condiciones idóneas de seguridad, con atención especial a las categorías sociales desfavorecidas y a las personas con capacidad reducida, así como a las zonas y núcleos de población alejados o de difícil acceso.

Deberán velar también por la coordinación de actuaciones, unidad de criterios, celeridad y simplificación procedimental y eficacia en la gestión administrativa.

De la misma manera buscarán la armonización de las condiciones de competencia entre los diferentes modos y empresas de transporte, tenderán a evitar situaciones de competencia desleal, y protegerán el derecho de la libre elección del usuario, y la libertad de gestión empresarial.

La Administración del Estado, deberá promover la coordinación de sus competencias con las de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, estableciendo, en su caso, los convenios u otras fórmulas de cooperación que resulten precisas para asegurar la efectividad de las mismas y para la adecuada consecución de los principios anteriormente citados.

El Art. 6 ,LOTT expresa que el Gobierno de la nación, fijará los objetivos de la política general de transportes, y en el ámbito de su competencia asegurará la coordinación de los distintos tipos de transporte terrestre entre sí, y con los demás modos de transporte, y procurará la adecuada dotación de las infraestructuras precisas para los mismos.

.Por lo tanto, en resumen, corresponde a los poderes públicos:

a) Formular las directrices y objetivos de la política de transportes terrestres en sus distintos niveles.

b) Planificar o programar el sistema de transportes terrestres en los términos establecidos en la Ley.

c) Promulgar las normas necesarias para la adecuada ordenación de los transportes terrestres.

d) Gestionar directamente por sí mismos o indirectamente, a través de contrato, los servicios asumidos como propios de conformidad con lo previsto en esta Ley, por razones interés público.

e) Expedir las correspondientes autorizaciones o licencias administrativas que habiliten a los particulares para la prestación de servicios y la realización de actividades de transporte de titularidad privada, sujetos a control por razones de ordenación o policía administrativa.

f) Ejercer las funciones de inspección y sanción en relación con los servicios y actividades de transporte terrestre.

g) Adoptar en general las medidas necesarias para asegurar el correcto funcionamiento del sistema de transportes terrestres.

Es importante también, dentro de esta materia de transportes, citar la Ley de delegación de facultades del Estado en las Comunidades Autónomas  en relación con los transportes por carretera y por cable.

Esta delegación será en materia de:

- Transportes públicos regulares y discrecionales.

- Transportes privados.

- Actividades auxiliares y complementarias de transporte.

- Transporte por cable.

El transporte terrestre pero realizado por medios ferroviarios, también se regula en esta Ley, en los Art. 150 ,LOTT y siguientes.

Por su parte, el transporte marítimo, se desarrolla a través de la Ley de transporte marítimo de mercancías.

Mientras que, el transporte aéreo, se encuentra regulado en la Ley de navegación aérea y en el Reglamento de circulación aérea, entre otras.

En el ámbito europeo, existe numerosa legislación, desde directivas sobre acceso a la profesión de transportista de mercancías y viajeros, como en relación a los tacógrafos, pesos y dimensiones, reglamentos sobre viajeros, sobre mercancías, sobre licencias comunitarias, entre muchas otras.

 

 

 

 

 

 

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