Ámbito objetivo y subjetivo de aplicación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 19/01/2017

El ámbito objetivo de aplicación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, se encuentra determinado en el Art. 1 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre; por su parte,  para conocer el ámbito subjetivo de aplicación de la norma habrá que acudir al Art. 2 ,ley 39/2015, de 1 de octubre

Indica ya el Preámbulo de la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, que “el Título preliminar, de disposiciones generales, aborda el ámbito objetivo y subjetivo de la Ley. Entre sus principales novedades, cabe señalar, la inclusión en el objeto de la Ley, con carácter básico, de los principios que informan el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de las Administraciones. Se prevé la aplicación de lo previsto en esta Ley a todos los sujetos comprendidos en el concepto de Sector Público, si bien las Corporaciones de Derecho Público se regirán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas y supletoriamente por la presente Ley”.

Así, en cuanto al ámbito objetivo de aplicación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, el apartado 1 del Art. 1 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre establece que dicha norma Ley tiene por objeto regular:

  • Los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos 

  • El procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas

  • Los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria

Por su parte, el apartado 2 del Art. 1 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre dispone que “solo mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada, podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley. Reglamentariamente podrán establecerse especialidades del procedimiento referidas a los órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar”.

Respecto de esto último, en el Preámbulo se señala que “esta previsión no afecta a los trámites adicionales o distintos ya recogidos en las leyes especiales vigentes, ni a la concreción que, en normas reglamentarias, se haya producido de los órganos competentes, los plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, las formas de iniciación y terminación, la publicación de los actos o los informes a recabar, que mantendrán sus efectos. Así, entre otros casos, cabe señalar la vigencia del anexo 2 al que se refiere la disposición adicional vigésima novena de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que establece una serie de procedimientos que quedan excepcionados de la regla general del silencio administrativo positivo”.

En lo que concierne al ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común, el apartado 1 del Art. 2 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, señala que éste se corresponde al Sector Público, que comprende:

  • La Administración General del Estado.

  • Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.

  • Las Entidades que integran la Administración Local.

  • El sector público institucional.

El apartado 2 del Art. 2 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre da un paso más y establece que el sector público institucional se encuentra integrado por:

a. Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas.

b. Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas.

c. Las Universidades públicas, que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de esta Ley.

Y, tal y como indica el apartado 3 del Art. 2 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, tienen la consideración de Administraciones Públicas:

  • La Administración General del Estado,

  • Las Administraciones de las Comunidades Autónomas,

  • Las Entidades que integran la Administración Local,

  • Los organismos públicos,

  • Entidades de derecho público previstos en la letra a) del apartado 2 anterior.

En último término, el apartado 4 del Art. 4 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece que “las Corporaciones de Derecho Público se regirán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública, y supletoriamente por la presente Ley”.

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Potestad reglamentaria
Corporaciones de derecho público
Eficacia de los actos administrativos
Responsabilidad
Administración local
Organismos públicos
Silencio administrativo positivo
Potestades administrativas