Regulación de la ampliación de plazos y de la tramitación de urgencia en la Ley 39/2015, de 1 de octubre

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 05/12/2019

La regulación de la ampliación de plazos y de la tramitación de urgencia del procedimiento administrativo por los Art. 32-33 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre no ofrece demasiadas novedades respecto de la regulación de la derogada Ley 30/1992, de 26 de noviebre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La única aportación digan de reseñar es la que se encuentra en el apartado 4 del Art. 32 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre al respecto de ampliación de plazos no vencidos motivada por incidencias técnicas 

Ampliación de plazos del procedimiento administrativo

En cuanto a la ampliación de los plazos, regulada en el Art. 32 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre (y cuyo antecedente inmediato es el derogado Art. 49 ,Ley 30/1992, de 26 de noviembre), cabe hacer referencia a los siguientes puntos de interés:

  • Plazo máximo y carácter de la misma: La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos (Cfr. Apartado 1 del Art. 32 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre). Nótese, en todo caso, que se trata de una potestad de la Administración y no de un derecho del administrado; así lo dice, por ejemplo, la TS, Sala de lo Contencioso, de 16/12/2015, Rec. 1973/2014: “Debe señalarse que la ampliación (...) del plazo legal (...) no es un derecho del administrado, sino una potestad discrecional (...) Con la denegación motivada de la prórroga no se viola el derecho de defensa ni se genera indefensión a las partes. En consonancia, como es sabido, el artículo 49 de la Ley 30/1992 no admite recursos contra los acuerdos de denegación de ampliación de plazo”. De ella también se extrae la necesidad de motivar no sólo el acuerdo de ampliación sino también la denegación de la ampliación.

  • Supuestos en que procede: Podrá ser concedida "si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero" (Cfr. Apartado 1 del Art. 32 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre).

  • Deber de notificación: El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados, tal y como indica el apartado 1 in fine, del Art. 32 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre.
    El plazo máximo para solicitar la ampliación y para decidir sobre la misma debe producirse antes del vencimiento del plazo de que se trate (apdo. 3 del Art. 32 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre) y, en consecuencia, cualquier notificación sobre ésta debe realizarse antes de la finalización del plazo máximo de duración del procedimiento, tal y como indica la TS, Sala de lo Contencioso, de 15/07/2011, Rec. 392/2008.

  • Ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido: “La ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido se aplicará en todo caso a los procedimientos tramitados por las misiones diplomáticas y oficinas consulares, así como a aquellos que, sustanciándose en el interior, exijan cumplimentar algún trámite en el extranjero o en los que intervengan interesados residentes fuera de España” (Apartado 2 del Art. 32 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre).

  • No "recurribilidad": “Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no serán susceptibles de recurso, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento” (Apartado 3  in fine del Art. 32 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre).

  • Ampliación de plazos por incidencias técnicas: Como señala el apdo. 4 del Art. 32 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando una incidencia técnica haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del sistema o aplicación que corresponda, y hasta que se solucione el problema, la Administración podrá determinar una ampliación de los plazos no vencidos, debiendo publicar en la sede electrónica tanto la incidencia técnica acontecida como la ampliación concreta del plazo no vencido.

 

Tramitación de urgencia

En cuanto a la tramitación de urgencia, regulada ahora en el Art. 33 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre (y cuyo inmediato precedente es el derogado Art. 50 ,Ley 30/1992, de 26 de noviembre), habrá que estar a lo siguiente: “cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos”.
“No cabrá recurso alguno contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento”.

Síntesis:

 

AMPLIACIÓN DE PLAZOS:

 

Procedencia:

De oficio o a petición del interesado.

Alcance:

No puede exceder, como máximo, de la mitad de la duración del procedimiento.

Requisitos para su acuerdo:

  • Que las circunstancias lo aconsejen.
  • No perjudicar a terceros.

El acuerdo de ampliación:

  • Debe ser notificado a los interesados.
  • No será susceptible de recurso.

 

TRAMITACIÓN DE URGENCIA:

 

Procedencia:

De oficio o a petición del interesado

 

Alcance:

Reducción a la mitad de los plazos del procedimiento.

 

Excepciones a la reducción de plazos de la tramitación de urgencia:

Supone la reducción a la mitad de los plazos del procedimiento, salvo los de: 

  • Presentación de solicitudes.
  • Presentación de recursos.

Requisitos:

 

Que razones de interés público lo aconsejen.

 

Acuerdo:

 

No recurrible, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento.

 

 

JURISPRUDENCIA RELACIONADA

En la sentencia 412/2018, Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 248/2017 de 14 de Mayo de 2018 se trata el tema del cómputo de plazos en el ámbito del Derecho Administrativo. La parte recurrente interpone recurso contencioso-administrativo contra la desestimación por silencio administrativo del Recurso de reposición frente a la Resolución del Consejero de Empleo, Industria y Turismo del Principado de Asturias, de fecha 25 de noviembre de 2016, por la que se acordaba el archivo de la solicitud de subvención en el colectivo de autónomos, comunidades de bienes, sociedades civiles, micropymes y empresas de economía social en el expediente nº: ES/4154/16/1, al haber presentado fuera del plazo la documentación requerida, y la Resolución del Consejero de Empleo, Industria y Turismo del Principado de Asturias, de fecha 3 de abril de 2017, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto.

En lo que a este tema concierne, cabe destacar que resulta de aplicación en este supuesto el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Conforme a este artículo, notificado el acto el 13 de octubre de 2016, los sábados no computarían como días hábiles, sobre la base que el acto de requerimiento puede valorarse como un acto de trámite inserto en un procedimiento que se regiría por la Ley 30/1992, por cuanto fue iniciado con anterioridad al 2 de octubre de 2016, los requisitos del acto de trámite con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 39/2015, deben regirse por ésta, y así debe considerarse para el computo de los plazos e igualmente por ejemplo en cuanto a la forma de realizar la notificación. Refuerza la consideración anterior, que en el ámbito administrativo estatal, en virtud de la Resolución de 28 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se establece el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos, en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2016, a partir del día 2 de octubre de 2016, no diferencia entre procedimientos iniciados con anterioridad a la Ley 39/2015 o no.

La letrada del Servicio Jurídico del Principado de Asturias entiende que los actos impugnados se ajustan a derecho, suplicando la desestimación del recurso remitiéndose a los razonamientos de la resolución recurrida, entendiendo que no resulta de aplicación la Ley 39/2015 ya que, tal y como indica la Disposición Transitoria Tercera de esta misma Ley, en vigor desde el día 02/10/2016, a los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley no les será de aplicación la misma, rigiéndose por la normativa anterior, esto es, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por tanto, debe ser ésta la normativa que debe tenerse en cuenta a efectos del cómputo del plazo establecido para la presentación de la documentación requerida el 13/10/2016. En consecuencia, y en aplicación del artículo 48 del citado texto legal, el plazo para la presentación de la documentación requerida finalizó el 25/10/2016, siendo, por tanto, extemporánea la presentación de la documentación realizada por la entidad recurrente, puesto que la misma se presentó el 26/10/2016.

 

La sentencia 239/2018, Tribunal Superior de Justicia de Baleares, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 436/2017 de 08 de Mayo de 2018 expone, en su apartado relativo al cómputo de plazos procedimentales y procesales, que el Tribunal Supremo, ha reiterado en numerosas ocasiones que el cómputo de plazos por meses, sean plazos procedimentales, sea el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo o sean los plazos procesales, lo es de fecha a fecha, esto es, el cómputo se inicia al día siguiente de la notificación o publicación del acto y vence el día correlativo mensual al de la notificación o publicación.

Recuerda el Tribunal Supremo en sus sentencias de 8 de marzo de 2006 y 19 de julio de 2010 , que la reforma del artículo 48.2 de la Ley 30/92 , operada por la Ley 4/99, trataba precisamente de unificar, en materia de plazos, el cómputo de los administrativos, a los que se refería el artículo 48.2 de la Ley 30/92 , con los jurisdiccionales, regulados en el artículo 46.1 de la Ley 29/98 , en cuanto al día inicial o dies a quo. Tanto el artículo 48.2. de la Ley 30/92 como el artículo 46.1. de la Ley 29/98 omitieron que el cómputo hubiera de ser realizado 'de fecha a fecha', pero esa regla subsistía como principio general al efecto de determinar cuál sea el último día del plazo que se cuenta por meses, de modo que de tal omisión no resultaba que el día final o dies ad quem no fuera el día correlativo a la notificación en el mes de que se tratase puesto que continuaba siendo aplicable la doctrina unánime de que el cómputo terminaba el mismo día -hábil, naturalmente, si no el siguiente- en el mes correspondiente.

El cómputo del día final, de fecha a fecha, cuando se trata de un plazo de meses no ha variado, esto es, se inicia al día siguiente a la notificación y concluye el día correlativo al de la notificación en el mes que corresponda, siendo aplicable tanto cuando se trata de recurrir en esta sede - artículo 46.1 de la Ley 29/98 - como cuando se trata de recursos o reclamaciones en sede administrativa - artículo 48.2 de la Ley 30/92 para el caso, ahora artículo 30.4 de la Ley 39/2015 , y en materia tributaria artículos 223.1 ., 235.1 . y 241.1 de la Ley 58/03 -.

 

La resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales  nº  799/2018, Rec 669/2018, versa sobre la interposición de un recurso contra el acuerdo de exclusión de la Mesa de Contratación de un procedimiento de licitación de un contrato de servicio sujeto a regulación armonizada.

En el mencionado acuerdo se excluye a la recurrente del procedimiento para la adjudicación de un contrato de limpieza y explotación de plantas potabilizadoras, depuradoras y red de alcantarillado en Gran Canaria.

El fundamento único del recurso reside en considerar que la presentación de la propuesta de la empresa C. se hizo dentro del plazo establecido legalmente en el anuncio publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea en el que se hace referencia a las Islas Canarias, que es donde el órgano contratante está situado. Esto choca con el criterio adoptado por el órgano de contratación, que se guía por la hora empleada por el servidor correspondiente a la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Al llevarse a cabo la contratación por medio del organismo mencionado en el párrafo anterior, la hora que debería ser aplicable es la de la Península, ya que, como indica el artículo 31.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común establece que “El registro electrónico de cada Administración u Organismo se regirá a efectos de cómputo de los plazos, por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso, que deberá contar con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y figurar de modo accesible y visible.”

Atendiendo al procedimiento común de las Administraciones Públicas, la presentación de ofertas se lleva a cabo a través de medios electrónicos, en concreto utilizando la Plataforma de Contratación del Sector Público. Por lo tanto, el medio electrónico de acceso a la licitación, al objeto de presentación de las propuestas de los licitadores debe ser a efectos de cómputo del plazo de presentación de las ofertas la fecha y hora oficial de esta Plataforma la que marque el vencimiento de este plazo, de acuerdo con el artículo 31.2 de la LPAC.

Finalmente, el Tribunal termina por desestimar el recurso interpuesto en nombre de la empresa C. contra el acuerdo de exclusión de la Mesa de Contratación del procedimiento para la contratación de un servicio de mantenimiento y explotación de las plantas potabilizadoras, depuradoras y red del alcantarillado de la Base Aérea de Gando.

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