Aprobación del Plan General de Ordenación Municipal

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
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La aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (cuyos trámites han de examinarse en la respectiva norma autonómica) siguen por lo común un esquema que arranca de una aprobación inicial municipal, un período de información pública, otro de audiencia o consulta a otras administraciones públicas que pudieran verse afectadas, una aprobación provisional y, finalmente, una aprobación definitiva por la Comunidad Autónoma. Dentro de la tramitación del Planeamiento General cobra especial relevancia la evaluación ambiental estratégica de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, a la que se refiere, igualmente el Art. 22 ,Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.

La aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (o Municipal) sigue básicamente el siguiente esquema:

  • Aprobación inicial por el Ayuntamiento, concretamente por el Pleno de la Corporación respectiva (letra c del apdo. 2 Art. 22 ,Ley 7/1985, de 2 de abril)

  • Información pública del proyecto inicialmente aprobado por plazo de 1 mes

  • Audiencia administraciones afectadas por plazo de 1 mes

  • Aprobación provisional por el Pleno de la Corporación Municipal (apdo. 2 Art. 22 ,Ley 7/1985, de 2 de abril)

  • Aprobación definitiva por la Comunidad Autónoma (a excepción de aquellos ordenamientos que reservan tal aprobación al propio Ayuntamiento actuante)

 Cuestión esencial en la aprobación del Planeamiento General, es la evaluación ambiental estratégica prevista, por un lado, en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y, por otro, en el Art. 22 ,Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre que establece lo que se transcribe a continuación:

  • Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística están sometidos a evaluación ambiental de conformidad con lo previsto en la legislación de evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente y en este artículo, sin perjuicio de la evaluación de impacto ambiental de los proyectos que se requieran para su ejecución, en su caso.

  • El informe de sostenibilidad ambiental de los instrumentos de ordenación de actuaciones de urbanización deberá incluir un mapa de riesgos naturales del ámbito objeto de ordenación.

  • En la fase de consultas sobre los instrumentos de ordenación de actuaciones de urbanización, deberán recabarse al menos los siguientes informes, cuando sean preceptivos y no hubieran sido ya emitidos e incorporados al expediente ni deban emitirse en una fase posterior del procedimiento de conformidad con su legislación reguladora.

    • El de la Administración hidrológica sobre la existencia de recursos hídricos necesarios para satisfacer las nuevas demandas y sobre la protección del dominio público hidráulico.

    • El de la Administración de costas sobre el deslinde y la protección del dominio público marítimo-terrestre, en su caso.

    •  Los de las Administraciones competentes en materia de carreteras y demás infraestructuras afectadas, acerca de dicha afección y del impacto de la actuación sobre la capacidad de servicio de tales infraestructuras.

      Los informes a que se refiere este apartado serán determinantes para el contenido de la memoria ambiental, que solo podrá disentir de ellos de forma expresamente motivada.

  • La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de transformación urbanística deberá incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará, en particular, el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos.

  • La ordenación y ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano, sean o no de transformación urbanística, requerirá la elaboración de una memoria que asegure su viabilidad económica, en términos de rentabilidad, de adecuación a los límites del deber legal de conservación y de un adecuado equilibrio entre los beneficios y las cargas derivados de la misma, para los propietarios incluidos en su ámbito de actuación, y contendrá, al menos, los siguientes elementos:

    • Un estudio comparado de los parámetros urbanísticos existentes y, en su caso, de los propuestos, con identificación de las determinaciones urbanísticas básicas referidas a edificabilidad, usos y tipologías edificatorias y redes públicas que habría que modificar. La memoria analizará, en concreto, las modificaciones sobre incremento de edificabilidad o densidad, o introducción de nuevos usos, así como la posible utilización del suelo, vuelo y subsuelo de forma diferenciada, para lograr un mayor acercamiento al equilibrio económico, a la rentabilidad de la operación y a la no superación de los límites del deber legal de conservación.

    • Las determinaciones económicas básicas relativas a los valores de repercusión de cada uso urbanístico propuesto, estimación del importe de la inversión, incluyendo, tanto las ayudas públicas, directas e indirectas, como las indemnizaciones correspondientes, así como la identificación del sujeto o sujetos responsables del deber de costear las redes públicas.

    • El análisis de la inversión que pueda atraer la actuación y la justificación de que la misma es capaz de generar ingresos suficientes para financiar la mayor parte del coste de la transformación física propuesta, garantizando el menor impacto posible en el patrimonio personal de los particulares, medido en cualquier caso, dentro de los límites del deber legal de conservación.

      El análisis referido en el párrafo anterior hará constar, en su caso, la posible participación de empresas de rehabilitación o prestadoras de servicios energéticos, de abastecimiento de agua, o de telecomunicaciones, cuando asuman el compromiso de integrarse en la gestión, mediante la financiación de parte de la misma, o de la red de infraestructuras que les competa, así como la financiación de la operación por medio de ahorros amortizables en el tiempo.

    •  El horizonte temporal que, en su caso, sea preciso para garantizar la amortización de las inversiones y la financiación de la operación.

    • La evaluación de la capacidad pública necesaria para asegurar la financiación y el mantenimiento de las redes públicas que deban ser financiadas por la Administración, así como su impacto en las correspondientes Haciendas Públicas.

  • Las Administraciones competentes en materia de ordenación y ejecución urbanísticas deberán elevar al órgano que corresponda de entre sus órganos colegiados de gobierno, con la periodicidad mínima que fije la legislación en la materia, un informe de seguimiento de la actividad de ejecución urbanística de su competencia, que deberá considerar al menos la sostenibilidad ambiental y económica a que se refiere este artículo.

    Los Municipios estarán obligados al informe a que se refiere el párrafo anterior cuando lo disponga la legislación en la materia y, al menos, cuando deban tener una Junta de Gobierno Local.

    El informe a que se refieren los párrafos anteriores podrá surtir los efectos propios del seguimiento a que se refiere la legislación de evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, cuando cumpla todos los requisitos en ella exigidos.

  • La legislación sobre ordenación territorial y urbanística establecerá en qué casos el impacto de una actuación de urbanización obliga a ejercer de forma plena la potestad de ordenación del municipio o del ámbito territorial superior en que se integre, por trascender del concreto ámbito de la actuación los efectos significativos que genera la misma en el medio ambiente.

 Por lo demás, estas son las previsiones acerca de la aprobación del Plan General (o en su caso, y genéricamente, de los "Instrumentos de Planeamiento")  que realizan las distintas leyes urbanísticas aplicables:

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Evaluación ambiental
Plan general de ordenación urbana
Ordenación del territorio
Transformación urbanística
Trámite de información pública
Rentabilidad
Impacto ambiental
Protección del dominio público marítimo
Protección del dominio publico hidráulico
Dominio público marítimo terrestre
Deslinde
Dueño
Responsabilidad
Abastecimiento de agua
Inversiones
Colegiado
Junta de Gobierno Local
Uso del suelo