El arbitraje

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    PRIMERO.- Por la legal representación de TRADERS VILLAMARC S.A. se solicita, frente a la también mercantil WENKO HISPANIA S.L., la anulación del laudo arbitral dictado el 14-5-2009 por Dª Eva M. Vázquez Monzón, árbitro único designado por la Corte de Arbitraje de Madrid, alegando como causas al amparo del art. 41 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje (L. A.) punto 1 , las recogidas en los apartados c), d), e), y f) , esto es: --que la árbitra ha resuelto sobre cuesti...

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    DERECHO CIVIL

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Mercantil

El arbitraje es un sistema privado de resolución de conflictos en el que un tercero elabora una resolución, llamada laudo, que es vinculante para las partes con fuerza de cosa juzgada, y sólo pueden recurrirla en un eventual juicio ante la jurisdicción civil por incumplimiento de requisitos formales. Se trata de una institución intermedia entre el ámbito civil (origen contractual) y el procesal (es un proceso privado que resuelve una controversia).

 

Actualmente, el arbitraje se regula en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. Se diferencia de la transacción por tratarse de un contrato que celebran las partes para resolver una controversia ya existente mientras que el arbitraje se crea antes de que surja el conflicto. También es diferente de la intervención de un tercero para completar un pacto, pues en el arbitraje no se completa el contrato, sino que se resuelve la controversia atendiendo a las pautas del mismo. De igual manera, se diferencia de la intervención de un tercero como mediador, nombrado por las partes o por un juez, para solucionar una controversia, ya que la resolución del mediador no es vinculante para las partes.

 El arbitraje es una institución muy general y compleja en el que se pueden ver fácilmente diferentes clases dentro de mismo. Así, podemos clasificar el arbitraje según sea nacional o internacional, regidas ambas por la Ley de Arbitraje, pues se establece un régimen común para ambos. Otra diferencia se puede establecer entre el arbitraje administrado (las partes designan una institución para que administre el arbitraje, el cual se desarrollará según las reglas de esta institución, quien decide sobre los árbitros, impugnaciones, gastos, etc., pero nunca deciden sobre el fondo, de lo que se encargan los árbitros elegidos)  y el arbitraje Ad-Hoc (todo el proceso y designación de los árbitros debe ser pactada por las partes, no hay una institución especializada, siendo todo el proceso más barato pero corriendo el riesgo de perder una importante neutralidad.

Otra diferenciación que podemos hacer se da entre el arbitraje de Derecho (los árbitros dan solución a la controversia aplicando un ordenamiento jurídico pactado por las partes en la misma cláusula de arbitraje) y el arbitraje de equidad (el árbitro resuelve la controversia según su leal saber y entender, pero no desatendiendo la Ley, sino actuando con un mayor margen de discrecionalidad). La Ley española exige que la cláusula que establezca arbitraje de equidad haya de ser expresa. Si no se dice nada, el arbitraje será de derecho, según se deduce del  Art. 34 ,Ley de Arbitraje.

En cuanto a la legislación a aplicar es imprescindible no confundir la ley que se aplica al fondo del asunto que resuelve el arbitraje y la ley que se aplica al proceso que rige el arbitraje. Así, si se trata de un arbitraje interno, y por lo que se refiere al fondo del caso, normalmente se aplicará la Ley española, aunque el Art. 34 ,Ley de Arbitraje permite a los árbitros aplicar las normas jurídicas que estimen apropiadas para resolver el fondo, pudiendo optar por los diversos ordenamientos jurídicos o incluso los principios Generales del Derecho Internacional.

En caso de ser un arbitraje internacional, deberá aplicarse el Convenio de Roma de 1980, que se aplica a todo tipo de conflictos, incluso no comerciales, también laudos dictados en otros países aunque no firmaran el convenio y a favor de nacionales de estados que no han firmado el Convenio.

Este Tratado Internacional da una amplia libertad a las partes para elegir la ley que quieren aplicar al caso y, en caso de que no la elijan, se aplicará la Ley del país que presente los vínculos más estrechos con el contrato. La finalidad de este convenio es impedir acudir a la justicia si se ha firmado una cláusula de arbitraje y hacer más fácil y sencilla la ejecución de los laudos arbitrales internacionales en todos los países firmantes del mismo. Es importante señalar que este Convenio de Roma de 1980 ha sido firmado por casi todos los países y se ha convertido en la base legal del arbitraje internacional.

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Arbitraje
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