Aspectos generales de la Ley Concursal

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Mercantil
  • Fecha última revisión: 17/11/2016

El derecho concursal es la rama del derecho orientada a regular la situación excepcional en que se encuentra el deudor que no puede hacer frente a sus obligaciones. Comprende el estudio y regulación de la problemática del deudor en crisis, o la prevención de ésta, mediante mecanismos legales destinados a mantener al deudor en el mercado o a conseguir, de ser el caso, su salida ordenada del mismo.

NOVEDADES:

TS, Sala de lo Civil, nº 652/2016, de 04/11/2016, Rec. 519/2014. Interpretación del Art. 97 bis ,Ley Concursal. Se fija doctrina jurisprudencial:

«El límite temporal previsto en el art. 97bis.1 LC para solicitar la modificación de la lista definitiva de acreedores al amparo del art. 97.3 LC, varía según se esté en fase de cumplimiento del convenio o de liquidación. Cuando la modificación se solicita durante la fase de liquidación, con independencia de que haya venido o no precedida de una aprobación judicial de convenio, el límite temporal aplicable es el propio de la liquidación: la presentación de cualquiera de los dos informes previstos en el art. 152.2 LC y el art. 176bis.1 LC. Frustrado el convenio y abierta la fase de liquidación, sobre la petición de modificación de la lista de acreedores sólo resulta oponible el límite temporal previsto en el art. 97.bis.1 LC para la liquidación.»

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social.

Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión. Modifica la DA 2º Régimen especial aplicable a entidades de crédito, empresas de servicios de inversión y entidades aseguradoras.

Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal. Se modifican varios preceptos de la Ley Concursal, relativos al convenio concursal, a la fase de liquidación, a la calificación del concurso, al acuerdo extrajudicial de pagos y a los acuerdos de refinanciación, así como a otros preceptos de la misma Ley relacionados con dichos aspectos.

 

 

La reforma concursal se ha sustentado principalmente en la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal, en la Ley 22/2003, de 9 de julio y en el Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica.

La clave principal de la reforma es el fomento de los institutos preconcursales como una alternativa al concurso de acreedores.

La Ley Orgánica 8/2003 entró en vigor el 11/07/2003, regulando por un lado las restricciones de derechos fundamentales de los deudores concursados y por otro lado reformando la Ley Orgánica del Poder Judicial, creando los juzgados de lo mercantil así como secciones especializadas en las Audiencias Provinciales a las que se les otorga el conocimiento de los recursos contra las resoluciones de los juzgados de lo mercantil.

La Ley concursal entró en vigor el 1/09/2004, conteniendo la mayor parte de la regulación procesal del concurso, e incluye ocho disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, treinta y cinco disposiciones finales y una disposición derogatoria única.

Las medidas introducidas por el Real Decreto-ley 3/2009, a modo de resumen han sido las siguientes:

  • Modificación del sistema de publicidad del concurso en aras a conseguir una reducción de los costes del concurso, reduciendo los medios de publicidad al BOE y al Registro Público Concursal.
  • Medida referentes a la Administración Concursal, tales como reajustes del sistema retributivo, e imputando a la retribución el coste de algunas actividades que se remuneraban al margen del arancel y con cargo a la masa.
  • Modificaciones para reducir los plazos del concurso, suprimiendo la vista en los incidentes concursales, ampliación del ámbito de aplicación del procedimiento abreviado, e introduciendo la regulación de la liquidación anticipada en la fase común.
  • Modificaciones relativas a la posición de los trabajadores en el concurso, atribuyendo al juez del concurso el conocimiento de los expedientes de modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
  • Importantes modificaciones en normas procesales

Con la entrada en vigor el 1 de septiembre de 2004 de la Ley 22/2003, de 9 de julio (Ley Concursal), las antiguas quiebras y suspensiones de pago de las empresas han sido sustituidas por un solo procedimiento , el concurso de acreedores, una única vía para resolver las situaciones de insolvencia de las empresas.

Al solicitar el concurso el deudor podrá optar, dependiendo de cómo sea su crisis empresarial, por diversas soluciones. Estas soluciones de concurso previstas en la Ley son el convenio y la liquidación, concediendo la Ley al deudor la facultad de optar por una de las dos soluciones. Si se opta por el convenio éste necesitará la aprobación judicial, no produciendo dicha aprobación la conclusión del concurso, sino que éste concluirá con el cumplimiento del mismo. También podrá optar por una solución liquidadora del concurso, pero tendrá el deber de solicitar la liquidación cuando durante la vigencia de un convenio conozca la imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos y las obligaciones contraídas con posterioridad a su aprobación.

La finalidad principal de la nueva Ley Concursal es “la satisfacción de los acreedores”, por lo que es de gran interés para proveedores, trabajadores, instituciones financieras…., aunque se buscarán alternativas para lograr la supervivencia de las empresas siempre que sea posible.

Los objetivos que persigue la nueva Ley Concursal son los siguientes:

  • Superar el carácter represivo de la legislación anterior,
  • La finalidad del concurso no es castigar al deudor sino resolver la situación,
  • Acabar con la dispersión legislativa y procesal. El conocimiento del proceso se pone en manos de un solo juez,
  • Protrección de los intereses de los trabajadores: preferencia del pago de los últimos 30 días de salario.
  • Objetivos: Cobro de las deudas y favorecer la deseable continuidad de las empresas y puestos de trabajo.

En la anterior legislación faltaba una definición legal del presupuesto objetivo del estado de quiebra ya que en el Art. 874 ,Código de Comercio, se decía. “Se considera en estado de quiebra al comerciante que sobresee el pago corriente de sus obligaciones” y posteriormente en el Art. 876 ,Código de Comercio “También procederá la declaración de quiebra a instancia de acreedores que….justifiquen sus títulos de crédito y que el comerciante ha sobreseído de una manera general en el pago corriente de sus obligaciones…”, lo que producía inseguridad jurídica, dada la falta de matización o acreditación de las causas de tal sobreseimiento.

En la actual L.C., en su Art. 2 ,Ley Concursal al fijar el presupuesto objetivo para la declaración de concurso se proclama que procede la declaración de concurso, en caso de insolvencia del deudor común y aclara que el deudor se encuentra en estado de insolvencia cuando no puede cumplir sus obligaciones exigibles, debiendo interpretarse que tal imposibilidad se debe tanto a la insuficiencia patrimonial como a la simple carencia de liquidez.

Posteriormente el 18.2 ,Ley Concursal, al tratar de la oposición del deudor a la solicitud de concurso necesario instado por uno o más acreedores, establece que el deudor puede oponerse a la declaración de concurso alegando que no se encuentra en estado de insolvencia, debiendo probar su solvencia, poniendo de manifiesto su disponibilidad de medios para atender a sus obligaciones o sea poniendo en evidencia su disposición de medios de pago para atenderlas.

La solicitud de declaración de concurso puede presentarla el deudor (concurso voluntario por insolvencia actual o inminente) o los acreedores (concurso necesario).

En el concurso necesario, la insolvencia se manifiesta en los hechos que enumera el 2.4 ,Ley Concursal, que deberán ser probados por el o los acreedores solicitantes de la declaración de concurso pero, el deudor deberá ser emplazado y podrá oponerse a la solicitud negando los hechos alegados por el solicitante, consignando en el acto de la vista el importe del crédito del acreedor instante del concurso, si dicho crédito estaba vencido (19.2 ,Ley Concursal) y recurriendo la declaración del concurso.

El Art. 5 ,Ley Concursal declara el deber del deudor de solicitar la declaración del concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en la que hubiera conocido, o debido conocer su estado de insolvencia.

La razón de ser de este deber es evitar el deterioro del estado patrimonial del deudor y facilitar las soluciones más adecuadas para satisfacer a los acreedores.

El concurso en la nueva L.C. no constituye únicamente un derecho del deudor en crisis, sino un deber cuyo incumplimiento se acompaña de la correspondiente sanción concursal (165.1 ,Ley Concursal).

Se atribuye ahora a la administración concursal la legitimación exclusiva para ejercitar la acción que corresponda, una vez aprobado el convenio o abierta la liquidación, contra los socios subsidiariamente responsables de las deudas de la sociedad concursada, evitándose así tanto la extensión automática del concurso a personas que, aún responsables de las deudas sociales pueden ser solventes, como las reclamaciones individuales de los acreedores contra los socios.

La estructura orgánica del concurso queda simplificada, por cuanto sólo el juez y la administración concursal formada por tres miembros o por uno solo en los casos de procedimiento abreviado (191.2 ,Ley Concursal), son órganos necesarios en el procedimiento. La simplificación de la estructura orgánica del concurso es posible por la atribución de importantes competencias al juez y a la administración concursal. y las resoluciones judiciales adquieren flexibilidad, siempre que sean motivadas.

La ley procura que la ejecución separada de las garantías reales sobre los bienes del concursado no perturbe el desarrollo del procedimiento concursal para lo que, paraliza temporalmente dichas ejecuciones mientras se negocie el convenio o se abra la liquidación, todo ello por el tiempo de un año desde la declaración del concurso.

Tales medidas de paralización no impiden que los créditos con garantía real gocen en el concurso de privilegio especial por lo que, el convenio sólo les afecta si el acreedor con garantía real aprueba con su voto la propuesta de convenio pero, de no ser así, los créditos con privilegio especial se pagarán con cargo a los bienes y derechos sobre los que recaiga la garantía, en la medida en que sean suficientes.

La nueva ley prevé un procedimiento para asegurar el registro público de las sentencias que declaren culpables a los concursados así como de los administradores concursales, en los casos en que así proceda.

Resulta novedosa la regulación de los efectos de la declaración del concurso sobre los contratos con prestaciones recíprocas pendientes, que se mantienen vigentes, aunque está prevista la declaración judicial de resolución de dichos contratos.

Asimismo la L.C. prevé la rehabilitación de los contratos de crédito o de adquisición de bienes con pago aplazado y la enervación del desahucio de arrendamientos urbanos, si dichos contratos se encuentran afectados por incumplimiento del deudor concursado. No se reconocen las cláusulas contractuales de resolución de un contrato que pudieran contenerse en éste para el caso de declaración de concurso.

Resulta novedosa la atribución a los Jueces de lo Mercantil del conocimiento de ciertas materias que hasta ahora eran de la competencia de la autoridad laboral y de los jueces de lo social.

Dicha atribución se debe a la vocación de universalidad del proceso concursal por lo que, el juez del concurso conoce ahora y decide sobre los “expedientes de regulación de empleo”.

Esta atribución se debe a la suposición de que el juez del concurso tiene una visión general de éste, que le permite decidir sobre todas las cuestiones, con más conocimiento de la situación económica de la empresa. La atribución de dichas facultades aparece en el Art. 86 ter ,LOPJ.

Se introduce en la nueva ley el recurso de suplicación para hacer efectiva la aplicación de la legislación social a las materias de esta naturaleza, así como los recursos que prevé la ley contra las resoluciones de los juzgados de lo mercantil en materia laboral y contra los incidentes concursales sobre materia laboral (197.7 ,Ley Concursal).

Con ello se logra concentrar los motivos de disconformidad en un mismo juzgado de lo mercantil y eliminar la multiplicidad de recursos de apelación interlocutorios que habían dificultado y dilatado los procedimientos concursales en la legislación anterior

Para facilitar la continuidad de la empresa se tiende a favorecer la enajenación de la empresa como un todo, salvo que fuese preferible para los acreedores la división o realización aislada de los elementos componentes.(Art. 149 ,Ley Concursal).  

La L.C. ha respetado la legislación específica aplicable a las entidades de crédito, a las aseguradoras y a las operaciones relativas a los sistemas de pagos y de compensación de valores o instrumentos financieros derivados, por estar impuesta por el Derecho de la Unión Europea. Se aplicará en esta materia sólo en defecto de normas especiales.

La ley también ha respetado el principio de irretroactividad en el Derecho Transitorio, con la excepción de hacer posible la aplicación de las normas sobre conclusión del concurso a los procedimientos que se encuentren en trámite y también con la excepción de permitir la aplicación a dichos procedimientos, del régimen más flexible de propuesta de convenio y adhesiones .

 

 

 

 

 

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