Autonomía y sustantividad propia de los contratos por obra o servicio determinado

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La contratación por obra y servicio determinados para la realización de actividades ordinarias, continuadas y permanentes de la empresa constituye un fraude de ley que lleva aparejada la consideración del contrato como indefinido.

 

Contratos de obra con autonomía y sustantividad propia

El contrato para obra o servicio determinado, tal y como se hallaba regulado en el arpt. 1. a) Art. 15 ,ET, puede celebrarse " Cuando se contrate al trabajador para la realización de una obra o servicio determinados, CON AUTONOMÍA Y SUSTANTIVIDAD PROPIA DENTRO DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en principio de duración incierta..." (la redacción aplicable no ha sufrido modificación alguna tras las distintas Reformas Laborales).

La validez y eficacia de la temporalidad del contrato exigen la concurrencia de los siguientes requisitos, que han sido perfilados por la doctrina jurisprudencial (STS 6/03/2009 (Rud. 1221/2008) y 10/11/2009 (Rud. 313/2009):

  • a) que la obra o servicio objeto del contrato sea de duración incierta y presenta autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad habitual de la empresa. (STS 05/03/2002 (R. 1795/2002))
  • b) que la obra o servicio esté suficientemente identificada al celebrarse el contrato.
  • c) que el trabajador esté destinado a la ejecución de la obra o al desarrollo del servicio. Por otra parte, en la redacción aplicable al caso, la vida del contrato quedaba ceñida a la duración incierta de la obra.

La obra o servicio contratado deberá especificarse con precisión en el contrato. No sólo se requiere que la obra o servicio sea de duración incierta y con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad normal de la empresa, sino también que «sea suficientemente especificada».

El trabajador contratado por obra o servicio deberá estar asignado principalmente a esa obra o servicio, y sólo excepcionalmente podrá realizar tareas ajenas a esa actividad. No es válido ni dedicar al trabajador indistintamente a unas u otras tareas, ni dejar sin especificar la actividad concreta que debe realizar.

Es posible, no obstante, que la determinación de la obra o servicio contratado abarquevarias tareas; o que se limite a una fase o parte de una obra o servicio complejo, susceptible de división.

Autonomía y sustantividad según el Tribunal Supremo

Para el Alto Tribunal, la autonomía y sustantividad propia implican que no cabe el recurso a esta modalidad contractual para ejecutar tareas de carácter permanente y duración indefinida en el tiempo, que son aquéllas que se mantienen y perduran al no responder a circunstancias excepcionales que pudieran conllevar su limitada duración, sino que forman parte del proceso productivo ordinario. Identificación de la obra conlleva la necesidad de que se recoja una cláusula contractual donde se haga constar qué singular servicio u obra va a constituir su actividad, sin satisfacer dicha exigencia la mera referencia a conceptos vagos o amplios que vaciarían esta institución o la mera cita de un conjunto de ellos; esto es, es incompatible con el uso de fórmulas vagas, genéricas y poco expresivas.

Y, por último, efectiva dedicación a aquello para lo que ha sido contratado, supone que el trabajador no sea empleado para desarrollar otros servicios que aquéllos que han justificado el recurso a esta institución excepcional, pues estaríamos ante un fraude en la contratación (STS 21/07/2008 (R. 2121/2007))

Flexibilidad en el sector de la construcción (Contratos de obra especiales)

La Sala IV del TS también ha estudiado las cláusulas convencionales que permiten cierta flexibilidad en el sector de la construcción, se ha declarado que tiene que reseñarse «[…] en el propio contrato todas y cada una de las obras en las que se va a prestar servicios con expresa aceptación del trabajador, o bien suscribiendo acuerdos posteriores con igual y plena concreción antes de iniciar el trabajo en cada nueva obra» (STS 30/06/05 (Rud. 2426/2004)).

Contrato de obra o servicio formalizado con la Administración Pública

El válido acogimiento a la modalidad contractual que autoriza el aprt. 1.a) Art. 15 ,Estatuto de los Trabajadores no sólo requiere que la obra o servicio que constituya su objeto sea de duración incierta, y presente autonomía y sustantividad propia dentro de lo que es la actividad normal de la empresa, sino además que, al ser concertado, sea suficientemente identificada la obra o el servicio (STS 03/06/2014 (R. 1943/2013)).

Es evidente que, de acuerdo con la doctrina unificada, las Administraciones Públicas no quedan exoneradas del cumplimiento de esa exigencia legal, puesto que deben someterse a la legislación laboral cuando, actuando como empresarios (apdo. 2, Art. 1 ,Estatuto de los Trabajadores), celebren y queden vinculadas con sus trabajadores por medio del contrato de trabajo, que habrá de regirse en su nacimiento y en su desarrollo ajustadamente a la normativa laboral que le sea aplicable según las circunstancias concurrentes en cada supuesto.

En cuanto al contrato para obra o servicio determinados, los requisitos para la validez han sido ya delimitados por las STS 21-01-2009 (Rud 1627/2008),  14-07-2009 (Rud 2811/2008), y 11-05-2005 (Rud 4162/2003), señalando que "son requisitos para la validez del contrato de obra o servicio determinado, que aparecee disciplinado en los aprts. 1.a) Art. 15 ,ET, los siguientes (1):

  • a) que la obra o servicio que constituya su objeto, presente autonomía y sustantividad propia dentro de lo que es la actividad laboral de la empresa;
  • b) que su ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en principio de duración incierta;
  • c) que se especifique e identifique en el contrato, con claridad, la obra o el servicio que constituye su objeto; y
  • c) que en el desarrollo de la relación laboral, el trabajador sea normalmente ocupado en la ejecución de aquella o en el cumplimiento de éste y no en tareas distintas.

Administración Pública. Caso práctico: Contrato de obra o servicio ligado a la existencia de una subvención

De la existencia de una subvención, no se deriva que la contratación deba ser necesariamente temporal, como lo corrobora el Art. 52 ,Estatuto de los Trabajadores, que autoriza la extinción del contrato por causas objetivas, en el caso de contratos por tiempo indefinido concertados directamente por las Administraciones públicas o por entidades sin ánimo de lucro para la ejecución de planes o programas públicos determinados, sin dotación económica estable y financiados mediante consignaciones presupuestarias o extrapresupuestarias anuales consecuencia de ingresos externos de carácter finalista, por la insuficiencia de la correspondiente consignación para el mantenimiento del contrato de trabajo de que se trate.(Extinción del contrato por causas objetivas ante insuficiente consignación presupuestaria)

En el mismo sentido se pronuncia, más recientemente, la STS 21/4/2010 (Rud. 2526/2009), con abundante cita jurisprudencial a su vez. 

(1) La Sala IV se ha pronunciado repetidamente sobre la necesidad de que concurran conjuntamente todos requisitos enumerados, para que la contratación temporal por obra o servicio determinado pueda considerarse ajustada a derecho... Corroboran lo dicho, las de 21-9-1993 (R. 129/1993), 26-3-96 (R. 2634/1995), 20-2-97 (R. 2580/96), 21-2-97 (R. 1400/96), 14-3-97 (R. 1571/1996), 17-3-98 (R. 2484/1997), 30-3-99 (R. 2594/1998), 16-4-99 (R. 2779/1998), 29-9-99 (R. 4936/1998), 15-2-00 (R. 2554/1999), 31-3-00 (R. 2908/1999), 15-11-00 (R. 663/2000), 18-9-01 (R. 4007/2000) y las que en ellas se citan que, aun dictadas en su mayor parte bajo la vigencia de las anteriores normas reglamentarias, contienen doctrina que mantiene su actualidad dada la identidad de regulación, en este punto, de los Reales Decretos 2104/1984, 2546/1994 y 2720/1998.- Todas ellas ponen de manifiesto ... que la Sala de lo Social del TS ha considerado siempre decisivo que quedara acreditada la causa de la temporalidad". STS 27/09/2011 (R. 4095/2010), 22 /09/2011 (R. 12/2011), 28/09/2009 (R. 526/2009) y 12/03/2012 (R. 2152/2011). Ver sentencias TS, Sala de lo Social, de 27/09/2011, Rec. 4095/2010, TS, Sala de lo Social, de 22/09/2011, Rec. 12/2011 y TSJ Canarias (Santa Cruz de Tenerife), Sala de lo Social, nº 709/2009, de 28/09/2009, Rec. 526/2009. Esta doctrina es aplicable tanto para las empresas privadas como para las públicas e incluso para las propias Administraciones Públicas.

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