Bienes patrimoniales. Distinción con los bienes de dominio público

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    ADMINISTRACION LOCAL

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Los bienes patrimoniales

 

Los bienes patrimoniales a diferencia de los de dominio público, son aquellos en los que no concurre esa circunstancia de la afectación a un uso o servicio público o a la riqueza nacional.

Se incluyen acciones y participaciones en capital de sociedades mercantiles o de obligaciones emitidas por éstas, los derechos de arrendamiento, los derechos de propiedad incorporal y otros derechos de naturaleza patrimonial.

El patrimonio financiero de los entes públicos, constituido por el dinero, valores, créditos y demás recursos financieros, no entran en el concepto de bienes patrimoniales.

Hay determinados bienes privados a los que se les exige también la satisfacción de intereses públicos con la mejora de producción o servicio a la sociedad bajo la amenaza de sanción o expropiación. En algunos casos ese interés público es tan importante, que su régimen normal queda limitado (su transmisibilidad, poderes especiales de la administración…), -ejemplo de ello pueden ser las autopistas de peaje-. Estas vinculaciones deben de estar amparadas por normas con rango de ley y una declaración concreta de demanialidad de una determinada clase de bienes debe de suponer la indemnización de los derechos privados.

Los bienes patrimoniales se regularán por el derecho administrativo, siendo la principal ley es la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Las leyes administrativas limitarán el manejo de las propiedades, y le atribuirán unas defensas y privilegios para su protección.

La Ley 33/2003 tiene por objeto establecer las bases del régimen patrimonial de las Administraciones públicas, y regular, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 132 ,Constitución Española, la administración, defensa y conservación del Patrimonio del Estado.

En cuanto al ámbito de aplicación, el régimen jurídico patrimonial de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados a ella o dependientes de la misma se regirá por dicha Ley.

Serán de aplicación a las comunidades autónomas, entidades que integran la Administración local y entidades de derecho público vinculadas o dependientes de ellas los artículos o partes de los mismos enumerados en su disposición final segunda.

El patrimonio de las Administraciones públicas está constituido por el conjunto de sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza y el título de su adquisición o aquel en virtud del cual les hayan sido atribuidos.

No se entenderán incluidos en el patrimonio de las Administraciones públicas el dinero, los valores, los créditos y los demás recursos financieros de su hacienda ni, en el caso de las entidades públicas empresariales y entidades análogas dependientes de las comunidades autónomas o corporaciones locales, los recursos que constituyen su tesorería.

Según el Art. 4 ,LPAP se clasifican los bienes patrimoniales por razón del régimen jurídico al que están sujetos, los bienes y derechos que integran el patrimonio de las Administraciones públicas pueden ser de dominio público o demaniales y de dominio privado o patrimoniales. Por tanto debemos decir que:

Bienes patrimoniales materialmente afectos a usos o servicios públicos: destinados a un servicio público o función pública (o sus rendimientos) y, por ello, sujetos a un régimen jurídico especial diferente del resto de bienes patrimoniales. Dicho régimen jurídico no es único para todos los bienes y se contiene en la legislación sectorial. Ej.: patrimonio municipal del suelo, valores o títulos representativos del capital de sociedades estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general (en la Administración General del Estado).

Bienes patrimoniales no afectos a usos o servicios públicos: alienables, prescriptibles y embargables (STC 166/1998).Tomamos como ejemplo a parcelas sobrantes, efectos no utilizables, bienes no destinados a un fin y adquiridos por herencia, legado o donación o por ejecución de actos administrativos.

En cuanto a la adquisición, el Art. 15 ,LPAP dice que Las Administraciones públicas podrán adquirir bienes y derechos por cualquiera de los modos previstos en el ordenamiento jurídico y, en particular, por los siguientes:

  • Por atribución de la ley.
  • A título oneroso, con ejercicio o no de la potestad de expropiación.
  • Por herencia, legado o donación.
  • Por prescripción.
  • Por ocupación.

En cuanto a la adquisición por atribución de la ley: inmuebles vacantes, saldos y depósitos abandonados (STC 204/2004, de 18 de noviembre: “ninguna objeción cabe oponer desde la óptica del derecho a la propiedad privada a la opción de legislador de atribuir al Estado unos bienes abandonados por sus titulares (nullius), pues tal atribución encuentra fundamento en su condición de gestor de los intereses generales de la comunidad que el Estado representa, al objeto de destinarlos a la satisfacción de aquellos intereses, lo que se conecta con el mandato del Art. 128 ,Constitución Española de subordinación al interés general de toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad. No puede dirigirse reproche alguno al legislador por haber preferido la aplicación de los saldos de cuentas corrientes abandonados a fines públicos, mediante su ingreso en el Tesoro para ser aplicados al pago de gastos públicos, en vez de preferir la apropiación de dichos saldos por la entidad de crédito”; otras adjudicaciones judiciales o administrativas

- Por expropiación forzosa (Art. 24 ,LPAP).

- Por traspaso derivado de transferencia o delegación de competencias o servicios del Estado u otros entes administrativos.

- Por ocupación y prescripción adquisitiva (remisión al Derecho Civil).

- A título oneroso, mediante concurso público (Art. 115 ,LPAP;). Posible gestión privada de la adquisición (DA15 ,LPAP).

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Bienes patrimoniales
Patrimonio de las Administraciones Públicas
Interés publico
Bienes de dominio público
Sociedades mercantiles
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Entes públicos
Amenazas
Patrimonio del Estado
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Administración local
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Corporaciones locales
Donación
Legados
Funcionarios públicos
Ejecución de los actos administrativos
A título oneroso
Sociedad estatal
Potestad de expropiación
Mandato
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Usucapión
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