La capacidad del administrado ante las Administraciones Públicas

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 04/01/2017

La capacidad del administrado vendrá determinada por lo que dispone el Art. 3 ,Ley 39/2015, que señala que, a los efectos previstos en esa Ley, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas:

  • Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.

  • Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate.

  • Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos.

Al respecto de la capacidad del administrado, hay que advertir primeramente que en el derecho administrativo la distinción entre capacidad de obrar y capacidad jurídica no tiene la misma importancia que reviste en el derecho privado, en la medida en que se permite el ejercicio de los derechos a todos a quienes se les reconoce aptitud para entablar relaciones con la administración pública. Así, el Art. 3 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre establece que a los efectos previstos en la Ley, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas:

  • Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.

  • Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate.

  • Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos.

Se diferencia también el Derecho administrativo del Derecho privado en todo lo que concierne a la representación. A este respecto se puede sostener que el Derecho administrativo adopta una postura menos formalista, pues, según dispone el Art. 5 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre:

  • Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado.

  • Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos, podrán actuar en representación de otras ante las Administraciones Públicas.

  • Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación. Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella representación.

  • La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia. A estos efectos, se entenderá acreditada la representación realizada mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal o comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica, o a través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente.

  • El órgano competente para la tramitación del procedimiento deberá incorporar al expediente administrativo acreditación de la condición de representante y de los poderes que tiene reconocidos en dicho momento. El documento electrónico que acredite el resultado de la consulta al registro electrónico de apoderamientos correspondiente tendrá la condición de acreditación a estos efectos.

  • La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran.

  • Las Administraciones Públicas podrán habilitar con carácter general o específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados. Dicha habilitación deberá especificar las condiciones y obligaciones a las que se comprometen los que así adquieran la condición de representantes, y determinará la presunción de validez de la representación salvo que la normativa de aplicación prevea otra cosa. Las Administraciones Públicas podrán requerir, en cualquier momento, la acreditación de dicha representación. No obstante, siempre podrá comparecer el interesado por sí mismo en el procedimiento.

En otro orden de cosas, es preceptivo mencionar aquí las circunstancias que afectan al administrado y que modifican la capacidad de obrar de éste frente a la Administración. Las circunstancias modificativas de la capacidad del administrado más importantes, son :

  • La edad: Como se ha visto, el apartado b) del Art. 3 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre dispone que tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Sin embargo, respecto de la responsabilidad en que el menor pueda incurrir, es ineludible la aplicación de los preceptos del Derecho privado como es el caso del Art. 1902,Art. 1903 ,Código Civil, que dice que el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado, y dicha obligación es exigible, no sólo por los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder, lo cual se traduce en que serán responsables los padres de los daños causados por los hijos que se encuentren bajo su guarda.

  • La nacionalidad: El apartado 1 del Art. 13 ,Constitución española preceptúa que “los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley”, en base a ello se parte de la idea de igualdad entre extranjeros y españoles, pero con la posibilidad de que la Ley o un Tratado puedan ser utilizados para hacer reservas a favor de los nacionales.

  • Condena penal: como es conocido por todos, la condena penal, además de la pena principal, muchas veces lleva aparejada consecuencias adicionales, como por ejemplo la inhabilitación o la pérdida del derecho de sufragio pasivo. 

  • Sanción administrativa: claro ejemplo de este caso es la responsabilidad disciplinaria, que modifica la situación del administrado cualificado.

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Capacidad de obrar
Persona física
Menor de edad
Tutela
Patria potestad
Curatela
Incapacitación
Personalidad jurídica
Responsabilidad
Capacidad jurídica
Actuación administrativa
Persona jurídica
Inscripción registral
Apoderamiento apud acta
Omisión
Reparación del daño
Culpa
Derecho de sufragio pasivo
Sanciones administrativas
Responsabilidad disciplinaria