La capacidad del ciudadano en las relaciones jurídico-administrativas

TIEMPO DE LECTURA:

  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 15/12/2020

La capacidad del administrado vendrá determinada por lo que dispone el artículo 3 de la Ley 39/2015, que analizaremos a continuación. 

Capacidad jurídica y capacidad de obrar ante la Administración

En relación a la capacidad del administrado (ciudadano), en el derecho administrativo se establece la distinción entre capacidad de obrar y capacidad jurídica. Esto se debe a que no tiene la misma importancia que en el derecho privado, ya que se permite el ejercicio de los derechos a todos aquellos a quienes se les reconoce aptitud para entablar relaciones con la Administración pública.

1. Diferencia entre los conceptos de capacidad jurídica y capacidad de obrar

Por un lado, la capacidad jurídica hace referencia a la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones, de situaciones jurídicas subjetivas; y por otro lado, la capacidad de obrar hace referencia a la aptitud para operar personalmente en el tráfico jurídico ejercitando los propios derechos. 

Quizá no esté de más recordar la diferencia que existe entre la capacidad de obrar y la capacidad jurídica. La capacidad jurídica es aquella que tiene toda persona desde el momento en el que nace y que la convierte en sujeto de derechos y obligaciones. De otro modo, la capacidad de obrar es aquella mediante la cual una persona realiza actos válidamente jurídicos porque se ajustan a los requisitos que por derecho se establecen. 

Un ejemplo de la capacidad jurídica sería un bebé recién nacido que puede ser titular de una cuenta bancaria, ya que es titular de ese derecho. Sin embargo, no tiene capacidad de obrar pues para formar parte de un procedimiento administrativo, que es lo que nos ocupa, se requieren unos requisitos que veremos a continuación. 

Así, el artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece que a los efectos previstos en la ley, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones públicas:

«Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.

Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate.

Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos».

En lo que concierne a la representación, el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, dispone:

«Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado.

Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos, podrán actuar en representación de otras ante las Administraciones Públicas.

Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación. Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella representación.

La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia. A estos efectos, se entenderá acreditada la representación realizada mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal o comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica, o a través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente.

El órgano competente para la tramitación del procedimiento deberá incorporar al expediente administrativo acreditación de la condición de representante y de los poderes que tiene reconocidos en dicho momento. El documento electrónico que acredite el resultado de la consulta al registro electrónico de apoderamientos correspondiente tendrá la condición de acreditación a estos efectos.

La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran.

Las Administraciones Públicas podrán habilitar con carácter general o específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados. Dicha habilitación deberá especificar las condiciones y obligaciones a las que se comprometen los que así adquieran la condición de representantes, y determinará la presunción de validez de la representación salvo que la normativa de aplicación prevea otra cosa. Las Administraciones Públicas podrán requerir, en cualquier momento, la acreditación de dicha representación. No obstante, siempre podrá comparecer el interesado por sí mismo en el procedimiento».

2. Causas modificativas de la capacidad de obrar 

Es preceptivo mencionar las causas que pueden afectar a la capacidad de obrar frente a la Administración. Las circunstancias modificativas de la capacidad del administrado más importantes, son:

a) La edad. Como ya hemos visto en el artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se dispone la posibilidad de que los menores de edad puedan actuar frente a las Administraciones para el ejercicio y defensa de los derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Sin embargo, respecto de la responsabilidad en que el menor pueda incurrir, es necesario recurrir a los preceptos del derecho privado, en este caso, del Código Civil (artículos 1902 y 1902 del CC).

b) La nacionalidad. El artículo 13.1 de la Constitución preceptúa que «los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley», en base a ello se parte de la equiparación entre nacionales y extranjeros, con la excepción de los derechos políticos activos y pasivos que la ley o los tratados puedan establecer. 

c) La enfermedad. Pues puede incidir de diferentes formas sobre la capacidad: otorgando la condición de beneficiario de determinadas prestaciones, suspendiendo el cumplimiento de ciertas obligaciones, determinando la extinción de una relación jurídica, etc.

d) La condena penal. La condena penal, además de la pena principal, puede llevar aparejada en muchas ocasiones consecuencias adicionales, como por ejemplo, la inhabilitación o la pérdida del derecho de sufragio pasivo. La sanción administrativa es un claro ejemplo de este caso en cuanto a la responsabilidad disciplinaria, que modifica la situación del funcionario que por negligencia, culpa o dolo haya cometido una infracción o haya omitido una responsabilidad. 

No hay versiones para este comentario

Capacidad de obrar
Capacidad jurídica
Persona física
Menor de edad
Tutela
Patria potestad
Cuentas bancarias
Curatela
Incapacitación
Personalidad jurídica
Actuación administrativa
Persona jurídica
Apoderamiento apud acta
Inscripción registral
Derecho de sufragio pasivo
Sanciones administrativas
Culpa
Derechos políticos
Responsabilidad disciplinaria
Relación jurídica
Dolo

Ley 39/2015 de 1 de Oct (Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 236 Fecha de Publicación: 02/10/2015 Fecha de entrada en vigor: 02/10/2016 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Documentos relacionados
Ver más documentos relacionados
  • Capacidad de obrar y representación en el orden tributario

    Orden: Fiscal Fecha última revisión: 17/03/2020

    En este tema abordaremos dos figuras de suma importancia en el ámbito de las relaciones de los obligados tributarios con la Administración tributaria: la capacidad de obrar y la representación.La capacidad de obrar se define como la aptitud para ...

  • Capacidad de obrar y concepto de interesado en el procedimiento administrativo

    Orden: Administrativo Fecha última revisión: 23/06/2021

    La capacidad de obrar y el concepto de interesado en el procedimiento administrativo quedan determinados por las disposiciones del artículo 3 y 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, con la novedad de que la capacidad de obrar se hace extensiva por ...

  • Las partes y su capacidad en la compraventa inmobiliaria

    Orden: Civil Fecha última revisión: 03/08/2020

    El artículo 1457 del Código Civil establece que “podrán celebrar el contrato de compra y venta todas las personas a quienes este Código autoriza para obligarse”.El contrato de compraventa inmobiliaria requiere que comprador y vendedor tengan...

  • Representación del interesado en el procedimiento administrativo

    Orden: Administrativo Fecha última revisión: 24/02/2021

    Con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se introducen nuevos medios para acreditar la representación del interesado en el procedimiento administrativo como puede ser la representación, presencial o electrónica, o la acreditación de su inscripción...

  • Generalidades del derecho administrativo

    Orden: Administrativo Fecha última revisión: 15/12/2020

    Dentro de las múltiples posibilidades que brinda la materia, se puede abordar el estudio sobre las generalidades del derecho administrativo a partir del siguiente esquema: Concepto de derecho administrativo. Concepto de administración pública.F...

Ver más documentos relacionados
  • Escrito acreditando la representación ante la Administración

    Fecha última revisión: 27/11/2020

    AL [ORGANO]Don/Doña [NOMBRE] cuyas circunstancias y datos personales constan en el expediente nº [NUMERO], sobre [DESCRIPCION], de los tramitados en esas dependencias, en nombre y representación de Don/Doña  [NOMBRE], comparezco y  con el debid...

  • Estatutos de una Asociación (CATALUÑA)

    Fecha última revisión: 24/05/2016

     NOTA: Las disposiciones de la Ley 4/2008, de 24 de abril, del libro III del Código Civil de Cataluña se aplican a:a) Las asociaciones que ejerzan sus funciones mayoritariamente en Cataluña, salvo que estén sometidas a una regulación propia q...

  • Formulario de Estatutos Sociales de una asociación

    Fecha última revisión: 24/01/2019

    ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN [NOMBRE]CAPITULO IDENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO Y AMBITO: Artículo 1. Con la denominación de ASOCIACIÓN [NOMBRE] se constituye una entidad al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y normas complementaria...

  • Constitución y estatutos de una asociación

    Fecha última revisión: 19/05/2016

     NOTA: Una asociación es una unión organizada de una pluralidad de personas, de la cual resulta un organismo social que es independiente de esas personas que lo integran. Una vez constituida la asociación, es necesario determinar las normas de ...

  • Formulario de demanda de juicio verbal de incapacitación, con solicitud de nombramiento de tutor (CATALUÑA)

    Fecha última revisión: 01/06/2020

     AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA [JUZGADO] QUE POR TURNO CORRESPONDADon/Doña [NOMBRE_PROCURADOR_CLIENTE] Procurador/a de los Tribunales, colegiado/a núm. [NÚMERO_COLEGIADO/A] en nombre y representación de Don/Doña [NOMBRE_CLIENTE], mayor de eda...

Ver más documentos relacionados
Ver más documentos relacionados
Ver más documentos relacionados

Libros y cursos relacionados