Capacidad de obrar y concepto de interesado en el procedimiento administrativo según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

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La capacidad de obrar y el concepto de interesado en el procedimiento administrativo quedan determinados por las disposiciones del Art. 3-4 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, con la novedad de que la capacidad de obrar se hace extensiva por primera vez a los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y a los patrimonios independientes o autónomos cuando la Ley así lo declare expresamente.

En el Preámbulo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se adelanta que el título I de los interesados en el procedimiento, regula entre otras cuestiones, las especialidades de la capacidad de obrar en el ámbito del Derecho administrativo, haciéndola extensiva por primera vez a los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos cuando la Ley así lo declare expresamente.

Así, en cuanto a la capacidad de obrar, el Art. 3 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre establece que a los efectos previstos en la propia norma, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas:

  • Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.

  • Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate.

  • Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos.

Por su parte, y respecto del concepto de interesado, el apartado 1 del Art. 4 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre indica que se consideran interesados en el procedimiento administrativo:

  • Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.

  • Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.

  • Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.

  • Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca.

  • Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derecho-habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento.

 

 

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Capacidad de obrar
Personalidad jurídica
Persona física
Menor de edad
Patria potestad
Tutela
Curatela
Incapacitación
Interés legitimo
Resolución definitiva
Interés legítimo colectivo
Relación jurídica