La capacidad procesal y legitimación de las partes en el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 21/01/2021

La capacidad procesal y la legitimación en el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo, se regulan en los artículos 18-22 LJCA que constituyen el Capítulo I y Capítulo II del Título II y, supletoriamente, por la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC).

Concepto de capacidad procesal

El Diccionario del español Jurídico de la RAE y el CGPJ define la capacidad procesal como “la capacidad para ser parte en el proceso" esto es, la "aptitud para ser titular de derechos y obligaciones procesales". Por su parte, entiende la legitimación como la "capacidad procesal para poder actuar como parte activa o pasiva en un proceso, determinada por la relación en que se encuentra la persona con el objeto litigioso".

Sirva como aclaración que las partes pueden contar con capacidad para ser parte, capacidad procesal y legitimación.

JURISPRUDENCIA

Sentencia del Tribunal Supremo, Rec. 4453/2012, de 3 de marzo de 2014. ECLI: ES:TS:2014:1093

"El estudio de la legitimación ha distinguido entre la llamada legitimación «ad processum» y la legitimación «ad causam». La primera se identifica con la facultad de promover la actividad del órgano decisorio, es decir, con la aptitud genérica de ser parte en cualquier proceso, identificándose con la capacidad jurídica o personalidad, porque toda persona, por el hecho de serlo, es titular de derechos y obligaciones y puede verse en necesidad de defenderlos. Distinta de la anterior resulta la legitimación «ad causam», como manifestación concreta de la aptitud para ser parte en un proceso determinado, por ello depende de la pretensión procesal que ejercite el actor.

Constituye la manifestación propiamente dicha de la legitimación y se centra en la relación especial entre una persona y una situación jurídica en litigio, por virtud de la cual esa persona puede intervenir como actor o demandado en un determinado litigio".

En relación con la legitimación, continua diciendo:

"La regla general para que la legitimación activa, le sea reconocida a una determinada persona física o jurídica en la interposición de un recurso contencioso-administrativo, exige la existencia de un interés legítimo, que debe ser identificado con ocasión de la interposición de cada recurso contencioso-administrativo".

Cabe recordar lo dispuesto en el artículo 9 de la LEC acerca de la apreciación de la falta de capacidad, que establece que "esta podrá ser apreciada de oficio por el tribunal en cualquier momento del proceso".

Capacidad en el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo

Descendiendo ya al campo del derecho positivo, la capacidad procesal ante el orden contencioso-administrativo se encuentra regulada en el artículo 18 de la LJCA que señala que tienen capacidad procesal ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:

  • Las personas que ostenten capacidad procesal con arreglo a la ;LEC;
  • los menores de edad para la defensa de sus derechos e intereses legítimos cuya actuación les esté permitida por el ordenamiento jurídico sin necesidad de asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela; y,  
  • los grupos de afectados, uniones sin personalidad o patrimonios independientes o autónomos, entidades todas ellas aptas para ser titulares de derechos y obligaciones al margen de su integración en las estructuras formales de las personas jurídicas, cuando la Ley así lo declare expresamente. 

Legitimación en el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo

En lo relativo a la legitimación en el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo, encuentra su regulación en los artículos 19-22 LJCA.

El artículo 19 de la LJCA determina que están legitimados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los siguientes sujetos:

a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo.

b) Las corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos y entidades a que se refiere el artículo 18 que resulten afectados o estén legalmente habilitados para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos.

c) La Administración del Estado, cuando ostente un derecho o interés legítimo, para impugnar los actos y disposiciones de la Administración de las Comunidades Autónomas y de los Organismos públicos vinculados a éstas, así como los de las Entidades locales, de conformidad con lo dispuesto en la legislación de régimen local, y los de cualquier otra entidad pública no sometida a su fiscalización.

d) La Administración de las Comunidades Autónomas, para impugnar los actos y disposiciones que afecten al ámbito de su autonomía, emanados de la Administración del Estado y de cualquier otra Administración u Organismo público, así como los de las Entidades locales, de conformidad con lo dispuesto en la legislación de régimen local.

e) Las Entidades locales territoriales, para impugnar los actos y disposiciones que afecten al ámbito de su autonomía, emanados de las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, así como los de Organismos públicos con personalidad jurídica propia vinculados a una y otras o los de otras Entidades locales.

f) El Ministerio Fiscal para intervenir en los procesos que determine la Ley.

g) Las Entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones públicas para impugnar los actos o disposiciones que afecten al ámbito de sus fines.

h) Cualquier ciudadano, en ejercicio de la acción popular, en los casos expresamente previstos por las Leyes.

i) Para la defensa del derecho de igualdad de trato entre mujeres y hombres, además de los afectados y siempre con su autorización, estarán también legitimados los sindicatos y las asociaciones legalmente constituidas cuyo fin primordial sea la defensa de la igualdad de trato entre mujeres y hombres, respecto de sus afiliados y asociados, respectivamente.

Cuando los afectados sean una pluralidad de personas indeterminada o de difícil determinación, la legitimación para demandar en juicio la defensa de estos intereses difusos corresponderá exclusivamente a los organismos públicos con competencia en la materia, a los sindicatos más representativos y a las asociaciones de ámbito estatal cuyo fin primordial sea la igualdad entre mujeres y hombres, sin perjuicio, si los afectados estuvieran determinados, de su propia legitimación procesal.

La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo.

JURISPRUDENCIA

Sentencia del Tribunal Supremo, N.º 1169/2020, de 17 de septiembre. ECLI:ES:TS:2020:2863

'El concepto de interés legítimo, base de la legitimación procesal a que alude el art. 19 LJCA equivale a la titularidad potencial de una posición de ventaja o de una utilidad jurídica por parte de quien ejercita la pretensión y que se materializaría de prosperar ésta (...)".

Sentencia del Tribunal Constitucional, N.º 52/2007, de 12 de marzo. ECLI:ES:TC:2007:52

"(...) que el interés legítimo se caracteriza como una relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión (acto o disposición impugnados), de tal forma que su anulación produzca automáticamente un efecto positivo (beneficio) o negativo (perjuicio) actual o futuro pero cierto, debiendo entenderse tal relación referida a un interés en sentido propio, cualificado y específico, actual y real (no potencial o hipotético). Se trata de la titularidad potencial de una ventaja o de una utilidad jurídica, no necesariamente de contenido patrimonial, por parte de quien ejercita la pretensión, que se materializaría de prosperar ésta. O, lo que es lo mismo, el interés legítimo es cualquier ventaja o utilidad jurídica derivada de la reparación pretendida ( SSTC 252/2000, de 30 de Octubre , FJ 3 ;173/2004, de 18 de Octubre, FJ 3 ; y 73/2006, de 13 de Marzo , FJ 4; con relación a un Sindicato, STC 28/2005, de 14 de Febrero , FJ 3)".

Sentencia del Tribunal Supremo, N.º 1138/2020 de 31 de julio, ECLI: ES:TS:2020:2552

"Pues bien, la legitimación activa del articulo 19.1 LJCA como cualidad que habilita a actuar como parte demandante en un proceso, se vincula con la relación existente entre la persona física o jurídica y el objeto de la pretensión que se ejercita en el concreto proceso (...) Así, la legitimación, que constituye un presupuesto inexcusable del proceso, 'implica la existencia de una relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión deducida en el recurso contencioso-administrativo, en referencia a un interés en sentido propio, identificado y específico, de tal forma que la anulación del acto o la disposición impugnados produzca automáticamente un efecto positivo (beneficio) o negativo (perjuicio), actual o futuro, pero cierto'. (SSTS de 13 de diciembre de 2005 (recurso 120/2004) y 20 de marzo de 2012 (recurso 391/2010). (...) Esa concreta relación entre la persona física o jurídica y la pretensión ejercitada en cada proceso, explica el carácter casuístico que presenta la legitimación (...) que habrá de indagarse en cada caso la presencia del interés legítimo de la parte, a cuyo fin sirve el proceso. Específicamente, en la determinación de cuando existe o no ese beneficio o perjuicio en cada supuesto concreto, ha de valorarse el efecto positivo, o los beneficios o ventajas que la estimación de las pretensiones comporta para la esfera de intereses del recurrente, y hemos afirmado que no se ostenta legitimación cuando no produce efecto positivo alguno en la esfera jurídica del recurrente, ni elimina carga o gravamen alguno de esa esfera".

Sentencia del Tribunal Supremo, N.º 1584/2020 de 23 de noviembre. ECLI: ES:TS:2020:3948

"Sobre las dudas surgidas en torno a si estamos o no ante una verdadera acción pública, porque lo esencial en este tipo de acciones es que se permita el ejercicio de la acción a cualquier 'ciudadano'( artículo 19.1.h de la ;LJCA), solo debemos añadir que la propia Ley 27/2006, de 18 de julio, en su exposición de motivos, duda de su naturaleza al señalar que se introduce una 'especie de acción popular' cuyo ejercicio corresponde a las personas jurídicas sin ánimo de lucro dedicadas a la protección del medio ambiente".

Asimismo, se añade la posibilidad de que en aquellos casos en los que una Administración sea autora de un acto que quiera impugnar, podrá hacerlo ante este orden jurisdiccional, realizando previamente la declaración de lesividad para el interés público en los términos establecidos por la Ley. 

Respecto a las acciones que sean ejercidas por los vecinos en nombre e interés de las Entidades locales que correspondan, se rigen por lo dispuesto en la legislación de régimen local.

En materia de Contratos del Sector Público, (Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en adelante, LCSP), se establece que las Administraciones Públicas y los particulares podrán interponer recurso contencioso-administrativo contra las decisiones por los órganos administrativos a los que corresponde resolver los recursos especiales y las reclamaciones en materia de contratación a que se refiere la legislación de Contratos del Sector Público sin necesidad, en el caso de las Administración Públicas, de declaración de lesividad.

Artículo 57.5 LCSP

Transcurridos dos meses contados desde el siguiente a la interposición del recurso sin que se haya notificado su resolución, el interesado podrá considerarlo desestimado a los efectos de interponer recurso contencioso-administrativo.

Por último, se podrán recurrir también ante este orden, las resoluciones del Tribunal Administrativo del Deporte que se dicten en asuntos de disciplina deportiva en materia de dopaje, todas las personas mencionadas en el artículo 40.4 de la Ley Orgánica Protección de la Salud del Deportista y Lucha contra el Dopaje en la Actividad Deportiva.

Límites a la interposición del recurso contencioso-administrativo 

El artículo 20 LJCA establece quiénes no podrán interponer recurso contencioso administrativo contra la actividad de una Administración Pública. Estos son:

- Los órganos de la misma Administración y los miembros de sus órganos colegiados, salvo que por Ley se autorice expresamente. Ejemplo de ello es la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Barcelona, N.º 137/2020, de 30 de septiembre: "los órganos inferiores, aunque discrepen del parecer de quien emitió el acto que puso fin a dicha vía, no pueden plantear tal discrepancia en sede contenciosa, al ser parte integrante de dicha persona o ente público. Por el contrato, esta excepción no se extiende a los integrantes del órgano administrativo, los cuales no pueden verse privados de la posibilidad de defender en vía contencioso- administrativa los derechos o intereses legítimos que su situación les confiere y cuya garantía constitucional deriva del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE)". 

- Los particulares cuando obren por delegación o meros agentes o mandatorios de ella.

- Las Entidades de Derecho Público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las CCAA o las Entidades locales, respecto de la Administración de la que dependan. Se exceptúan los que, por Ley, cuenten con un estatuto específico de autonomía respecto de dicha Administración.

La parte demandada

En el procedimiento contencioso-administrativo hay dos partes. Por un lado, el recurrente, aquel que interpone el recurso y, por otro lado, el recurrido o demandado. El artículo 21.1 LJCA, determina quiénes conformarán la "parte demandada": 

a) Las Administraciones públicas o cualesquiera de los órganos mencionados en el artículo 1.3 LJCA contra cuya actividad se dirija el recurso, tal y como se observa en la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Oviedo, N.º 6/2020, de 16 de enero, ECLI:ES:JCA:2020:1094 .  

Artículo 1.3 LJCA 

a) Los actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial sujetos al derecho público adoptados por los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo, así como de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo.

b) Los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial y la actividad administrativa de los órganos de gobierno de los Juzgados y Tribunales, en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

c) La actuación de la Administración electoral, en los términos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

b) Las personas o entidades cuyos derechos o intereses legítimos pudieran quedar afectados por la estimación de las pretensiones del demandante.

c) Las aseguradoras de las Administraciones públicas, que siempre serán parte codemandada junto con la Administración a quien aseguren.

En referencia a lo dispuesto en el apartado a), cuando se trate de Organismos o Corporaciones públicos sujetos a fiscalización de una Administración territorial, se entiende por Administración demandada (art. 21.2 LJCA): 

- El Organismo o Corporación autores del acto o disposición fiscalizados, si el resultado de la fiscalización es aprobatorio.

- La que ejerza la fiscalización, si mediante ella no se aprueba íntegramente el acto o disposición.

Asimismo, se considerará parte demandada a la Administración autora de una disposición general cuando el demandante fundara sus pretensiones en la ilegalidad de esta.

No conformarán la "parte demandada", los órganos administrativos a los que corresponde resolver los recursos especiales y las reclamaciones en materia de contratación a que se refiere la legislación de Contratos del Sector Público, los citados órganos no tendrán la consideración de parte demandada, sino que lo serán aquellas personas o Administraciones favorecidas por el acto objeto del recurso, o que se personen en tal concepto, conforme a lo dispuesto en el artículo 49 (art. 21.3 LJCA).

Relación jurídica transmisible 

El artículo 22 LJCA establece que en los casos en los que la legitimación de las partes derivare de una relación jurídica transmisible, el causahabiente podrá suceder en cualquier estado del proceso a la persona que inicialmente hubiere actuado como parte.

Ello se debe a la figura de la "sucesión mortis causa", tal y como indica la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, N.º 800/2013, de 18 de octubre, ECLI:ES:TSJMU:2013:2711 : "La sucesión mortis causa que implica la atribución a una persona -sucesor o causahabiente- de la posición jurídica que otra (causante) abandona al morir, por lo que el sucesor adquiere el conjunto de relaciones jurídicas de que era titular el causante. En otras palabras, la sucesión mortis causa no es otra cosa que subentrar una persona en la universalidad de relaciones jurídicas (el "heredero") o en una o varias concretas (el legatario o "heredero" ex re certa) de la persona que era titular de las mismas, por causa de la muerte de ésta".

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Capacidad procesal
Interés legitimo
Administración local
Organismos públicos
Persona física
Capacidad para ser parte
Sindicatos
Legitimación activa
Personalidad jurídica
Legitimación de las partes
Persona jurídica
Contratos administrativos
Acción popular
Capacidad jurídica
Falta de capacidad
Tutela
Patria potestad
Menor de edad
Curatela
Interés legítimo colectivo
Acoso sexual laboral
Interés difuso
Sindicato más representativo
Declaración de lesividad
Acoso sexual
Derecho de igualdad
Interés publico
Tribunal de Cuentas
Protección medioambiental
Sin ánimo de lucro
Sucesión mortis causa
Deporte
Colegiado
Causahabientes
Entes públicos
Derechos fundamentales
Relación jurídica
Derecho a la tutela judicial efectiva
Procedimiento contencioso-administrativo
Sucesor

Ley 1/2000 de 7 de Ene (Enjuiciamiento civil) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 7 Fecha de Publicación: 08/01/2000 Fecha de entrada en vigor: 08/01/2001 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 9/2017 de 8 de Nov (Contratos del Sector Público) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 272 Fecha de Publicación: 09/11/2017 Fecha de entrada en vigor: 09/03/2018 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 27/2006 de 18 de Jul (Derechos de acceso a la informacion, de participacion publica y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente) VIGENTE

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