Características de la acción civil derivada de un delito

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Penal

 

La acción civil que surge en el marco de un proceso penal no se origina como consecuencia de un delito o de una falta, sino que surge del daño ocasionado por actos y omisiones ilícitas que se encuentran tipificadas como delito o falta en el Código Penal.

El comportamiento que en el Código penal se halla tipificado como un delito o una falta, únicamente lleva aparejada una consecuencia jurídica: una pena o una medida de seguridad. Sin embargo, existe la obligación de reparar el daño causado por una conducta criminalmente perseguible a través de la denominada acción civil. Esta acción, a pesar de numerosos intentos por parte de la Doctrina de encuadrarla como una tercera consecuencia jurídica, junto a la pena y a la medida de seguridad, el Ordenamiento jurídico español no permite que sea considerada como tal.

El hecho de que la responsabilidad  civil derivada del hecho delictivo venga establecida por el Código penal, no significa que su naturaleza sea estrictamente civil. Por consiguiente, el Derecho Común, las leyes especiales sobre la materia y los principios informadores de la responsabilidad por daños tendrán carácter subsidiario respecto de todo aquello que carezca de regulación en el Código Penal.

Por otro lado, a los efectos de determinar su fundamento, contenido y objeto, cabe hacer referencia a las diferencias que existen entre la responsabilidad civil y la responsabilidad penal:

 

  1. La pena tiene por objeto la satisfacción de un interés público, mientras que la responsabilidad civil persigue satisfacer un interés particular. Sin embargo, el Ministerio Fiscal se encuentra legitimado para ejercer la acción civil derivada de un hecho tipificado penalmente, por lo que no es posible calificar la responsabilidad civil derivada del delito como satisfactoria de un interés exclusivamente privado. Por consiguiente, la reparación del daño ocasionado no responde a consideraciones exclusivamente privadas, sino que también se persigue un interés social.
  2. La pena tiene como fin la prevención (la pena tiene carácter represivo); sin embargo, el objeto de la reparación radica en reintegrar al perjudicado la plenitud de su patrimonio.
  3. El ilícito civil y el ilícito penal no se estructuran del mismo modo, toda vez que, además de existir diferencias en lo que respecta a la tipicidad y a la punibilidad, también se alejan en relación con la antijuridicidad o con la culpabilidad.
  4. La pena es inherente a la personalidad, mientras que la reparación es susceptible de transmisión en aquellos supuestos en que se impone de forma directa a persona distinta de la autora del hecho constitutivo de delito o falta.

 

Por otra parte, cabe señalar la autonomía de la responsabilidad civil respecto de la responsabilidad penal, debiendo rechazarse cualquier teoría que establezca la accesoriedad de la primera en relación con la segunda. Asimismo, debe hacerse la misma afirmación respecto de las acciones en virtud de las cuales se exigen ambas responsabilidades. En este sentido, la acción civil no deriva de la acción penal, sino que es la competencia civil la que es consecuencia de la acción penal.

No obstante, existen diversos fenómenos que aparentemente implican una vinculación de la responsabilidad civil respecto de la penal:

 

  1. El juez penal no puede condenar a reparar el daño causado a quien haya sido declarado absuelto. Sin embargo, esto no se produce como consecuencia de la exclusión de la responsabilidad penal, sino que estando esta ausente, queda excluida la competencia del juez del delito para conocer de los efectos civiles del daño.
  2. En el supuesto de que una sentencia penal sea absolutoria como consecuencia de la inexistencia de los hechos, no podrá llevarse a cabo un ulterior juicio civil; no obstante, esto no significa que el juez penal se pronuncie sobre la inexistencia de responsabilidad civil, sino que es consecuencia de la aplicación directa de la ley.
  3. Existen en la ley diversas manifestaciones que vienen a establecer la autonomía de la responsabilidad civil respecto de la penal: Art. 115-117 ,LECrim y Art. 116-121 ,Código Penal.
  4. La cuantía que alcanzará la reparación del daño causado, no guarda relación con la pena impuesta, sino únicamente con el alcance del propio daño.

 

En aras a determinar si existe o no responsabilidad civil, deberá tenerse en cuenta el resultado final del hecho criminal. Además, son continuas las menciones que el Código Penal reanaliza al daño o perjuicio como elemento clave de las consecuencias jurídicas que viene a establecer a cada delito o falta (109.1,Art. 110,Art. 112,Art. 113,Art. 114,Art. 115,Art. 116 ,Código Penal). No obstante, la responsabilidad civil tiene lugar igualmente en aquellos supuestos en que no procede la imposición de una pena como consecuencia de la concurrencia de alguna causa que excluye la culpabilidad (Art. 118 ,Código Penal).

Finalmente, cabe hacer referencia a la distinción entre ilícito civil e ilícito penal, la cual reside en las consecuencias jurídicas que han de derivarse de cada uno. Sin embargo, ni el Código Civil ni el Código Penal hacen mención expresa a la antijuridicidad como requisito esencial para que surja la obligación de reparar el daño causado. No obstante, a los efectos de dejar claro el régimen jurídico de la responsabilidad civil derivada del delito, no existe mayor evidencia de la antijuridicidad del daño producido que la tipicidad penal del hecho que lo provoca (Art. 10 ,Código Penal).

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Responsabilidad civil
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