Características de la acción penal: publicidad, oficialidad, indivisibilidad, obligatoriedad, irrevocabilidad e indisponibilidad

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  • Orden: Penal

 

La acción penal es aquella que surge a partir de un delito y que supone la aplicación de una sanción al responsable de acuerdo a lo establecido por la ley. Por consiguiente, puede afirmarse que la acción penal es el punto de partida del proceso judicial.

No es posible hablar de una relación jurídica-material de naturaleza penal de la que sean titulares activos un particular o el Ministerio Fiscal, por lo que éstos no tienen y no pueden afirmar ninguna titularidad de un derecho a la condena del autor del acto tipificado en el Código Penal como delito. Esto permite distinguir el derecho de acción, del que todos los ciudadanos son titulares y el Fiscal (siendo además su obligación) y el derecho de penar, que es competencia exclusiva de los Tribunales.

Por consiguiente, la acción penal no sólo se atribuye al Ministerio Fiscal, sino también a todos los ciudadanos, incluso a aquellos que no se han visto ofendidos o agraviados por el delito cometido. Así pues, en el Ordenamiento jurídico español, la acción penal se trata de una acción pública. No obstante, en el supuesto de que el acusador, ya se trate del Fiscal o de un particular, no resulta ser titular de un derecho subjetivo material, la acción no puede concebirse como un derecho a la tutela judicial en el sentido de obtener una sentencia condenatoria y de contenido determinado.

En el proceso civil el actor tiene derecho a que se lleve a cabo todo el proceso y se dicte una sentencia sobre el fondo del asunto, sin embargo, en el proceso penal no curre lo mismo si tenemos en cuenta lo dispuesto en el 24.1 ,CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. Las disposiciones de este precepto, no son un derecho absoluto a la apertura y plena sustanciación del proceso penal, sino únicamente a un procedimiento motivado del juez  en la fase de instrucción sobre la calificación jurídica de los hechos.

En el proceso penal no puede hablarse de pretensión en un sentido estricto, sin embargo, sí es imprescindible la existencia de una parte acusadora que impute unos hechos a una persona determinada y que inste la apertura del juicio oral. De lo anteriormente manifestado puede deducirse la necesidad de que alguien sostenga la acción penal, sin embargo, esta no llegará a quedar vinculada a una determinada pretensión.

El hecho de que el ofendido o perjudicado por un delito pueda ejercitar la acción penal en el procedimiento penal español es de gran importancia, principalmente cuando se trata de infracciones penales contra el patrimonio y el orden socioeconómico, en los que con la acción penal se pretende la defensa de los derechos económicos de las víctimas de estos delitos.

Ello es así porque en el procedimiento penal también se ejerce la acción civil, salvo que se haya hecho expresa reserva de tal acción o se haya renunciado a la misma. El que tiene la condición de ofendido o víctima de un delito, puede intervenir en el procedimiento penal sólo como actor civil, sin ejercitar la acción penal y sin actuar como parte acusadora. Sin embargo, no hay que olvidar que para que haya lugar a la responsabilidad civil (reparación del daño e indemnización de los perjuicios) resulta necesario que con carácter previo se pruebe la comisión del delito y la autoría del mismo (Art. 109 ,Código Penal).

Desde un punto de vista eminentemente práctico, suele recomendarse que el perjudicado por un delito contra el patrimonio o contra el orden socioeconómico (ya sea un particular o una empresa) intervenga en el proceso penal desde su comienzo como parte acusadora. El hecho de que así sea le permitirá realizar una serie de intervenciones que, en el supuesto de no encontrarse personado, no podría llevar a cabo.

Así pues, el perjudicado podrá intervenir en todas las diligencias de investigación que se practiquen, proponer las que considere oportunas e impulsar el procedimiento penal a través de su abogado. De igual modo, podrá solicitar medidas de aseguramiento, tanto personales (prisión provisional del imputado), como materiales (aseguramiento de la responsabilidad civil mediante fianzas o embargos). Asimismo, podrá instar la apertura del juicio oral y formular escrito de acusación contra los responsables penales y civiles, intervenir en el mismo así como en la fase de ejecución de la sentencia, en el supuesto de que sea una sentencia condenatoria. En caso contrario, es decir, en el supuesto de que la sentencia sea absolutoria, el perjudicado que se persone en el proceso penal podrá también recurrir contra la misma.

Por otra parte, la acción penal goza de una serie de características que, en suma, se corresponden con las siguientes:

 

  1. Publicidad: La acción penal corresponde, además de a los particulares, al propio Estado, el cual tiene la obligación de restablecer el orden social perturbado como consecuencia de la comisión de un delito.
  2. Oficialidad: Como consecuencia de su carácter público, el ejercicio de la acción penal se halla monopolizado por el Ministerio Público, el cual puede actuar de oficio o a instancia de parte.
  3. Indivisibilidad: Se trata de una acción indivisible, es decir, con una sola pretensión que es la sanción que será impuesta a los que hubieran cometido el delito.
  4. Obligatoriedad: Esta característica hace referencia al compromiso del Ministerio Público de ejercitar la acción penal ante la presunta comisión de un delito.
  5. Irrevocabilidad: Una vez instada la acción penal únicamente fue desembocar en sentencia firme, la cual será condenatoria o absolutoria. No obstante, también podrá concluir con un auto en el que se declare el sobreseimiento, que no hay lugar al juicio oral o en el que se declare una excepción fundada. Sin embargo, no existe posibilidad de desistimiento o de transacción tal y como ocurre en el proceso civil o en los supuestos en que el proceso penal es iniciado de modo privado.
  6. Indisponibilidad: El derecho de la acción penal es intransferible, es decir, no se puede delegar en otra persona. En el caso de la acción penal pública, esta facultad está en manos del Ministerio Público y en caso de la acción penal privada, corresponde al agraviado o a su sustituto legal.

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