Características de los bienes demaniales. Posibilidad de su desafectación

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
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De conformidad con el Ordenamiento jurídico español, el dominio público es un conjunto de bienes de titularidad de la Administración, que no pueden ser objeto de apropiación por los particulares por estar afectados a una finalidad pública y que, por consiguiente, tienen un régimen jurídico especial de protección distinto del derecho privado.

El dominio público viene configurado por tres elementos, los cuales son la titularidad pública de los bienes, la afectación de los bienes y la aplicación de un régimen especial de protección y uso jurídico de estos bienes.

 

1. Titularidad de los bienes de dominio público

Los bienes de dominio público pueden ser de titularidad estatal, autonómica o local, aunque a lo largo de la historia siempre se ha mantenido que sólo podrían ser titulares de estos bienes las Administraciones Públicas territoriales, los organismos autónomos y entes públicos con personalidad jurídica.

2. Afectación, desafectación y mutaciones demaniales (Art. 65-72 ,Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas)

En lo que a la afectación se refiere, cabe señalar que el elemento decisivo para calificar un bien perteneciente al dominio público es la afectación a alguno de los fines que, según la Ley, determinan el carácter demanial. No obstante, en primer lugar procede ofrecer un concepto de aceptación, que es un acto formal en virtud del cual un bien de titularidad pública se integra en el demanio en virtud de su destino y de las correspondientes previsiones legales. Además, la afectación puede realizarse de diferentes formas, sin embargo, a estos efectos, en primer lugar cabe distinguir entre bienes demaniales naturales y artificiales.

 

  • Naturales.- La afectación se produce ope legis, sin que sea necesario otro tipo de declaración u acto posterior.
  • Artificiales.- Aquí sí es necesaria una afectación singular e individualizada para su corporación al dominio público, la cual puede producirse de forma expresa o tácita. No obstante, en ambos casos se presupone el destino de un bien público a un uso o servicio público, como sucede en las adquisiciones realizadas en virtud de expropiación forzosa y presunta, lo cual, en virtud del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se produce en dos casos distintos:

- Por la suscripción por más de 25 años a un servicio público

- Cuando la entidad  local adquiere por usucapión, de conformidad con el Derecho Civil, el dominio de una cosa que viene estando destinada a un uso o servicio público o comunal.

 

Por su parte, la desafectación es la situación jurídica por la que un bien deja de pertenecer al dominio público para convertirse en patrimonial.

Las mutaciones demaniales pueden modificar tanto la titularidad del bien como la afectación, no obstante, no desvirtúan el carácter del bien como integrante del dominio público. Asimismo, el cambio de titularidad puede obedecer a distintas razones: sucesión de un ente público por otro, supresión de un organismo autónomo, etc.

Teniendo en cuenta elementos como la naturaleza y su finalidad pública, puede llevarse a cabo una clasificación del dominio público.

Así pues, por razón de la naturaleza de los bienes públicos sobre los que recae, el dominio público puede ser de dos tipos:

 

  • Natural.- Abarca todos los géneros de bienes que la Constitución y las Leyes califican de dominio público como consecuencia de sus características naturales homogéneas.
  • Instrumental.- Comprende todos aquellos que no pertenezcan al dominio público natural.

 

Teniendo en cuenta su finalidad pública, cabe distinguir entre bienes destinados al uso público y al servicio público. En el marco de la Administración Local también tienen esta consideración los bienes comunales, los cuales a pesar de ser de dominio público, su aprovechamiento corresponde a los vecinos del lugar.

 

  • Bienes de uso público.- Son, entre otros, los caminos, los que integran el dominio marítimo e hidráulico, calles, parques y demás obras públicas de aprovechamiento o utilización general.
  • Bienes de servicio público.- Los edificios donde se encuentren los órganos de la Comunidad Autónoma y, en general, los que sirvan de soporte a cualquier servicio público siempre que estén destinados de modo directo a la prestación de servicios públicos administrativos.

 

En lo que respecta al régimen jurídico de los bienes de dominio público, cabe señalar que está constituido por una serie de medidas protectoras que derivan de la finalidad pública a que están destinados los bienes, de manera que las normas administrativas que lo regulan pretenden defender la titularidad pública e impedir su usurpación, defender su destino, proteger sus características, integridad y buen estado de conservación así como una adecuada utilización de su uso. 

La primera de las medidas protectoras es el inventario de bienes (Art. 32-35 ,Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas), que deberá comprender todos los bienes y derechos de dominio público y privado, salvo aquellos cuyo valor unitario sea inferior a 150,25 €.

En segundo lugar, se encuentra la facultad de investigación e inspección (Art. 45-49 ,Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas), en virtud de la cual, las Administraciones Públicas tienen la facultad de investigar e inspeccionar la situación de sus bienes y derechos presumiblemente de su titularidad, con el fin de determinar esta condición. Esta facultad les asiste tanto respecto de los bienes de dominio público como para los patrimoniales. Asimismo, esta facultad puede iniciarse tanto de oficio como a instancia de los particulares, quienes están obligados a colaborar en la acción investigadora.

Por otra parte se encuentra el deslinde (Art. 50-54 ,Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas), que consiste en delimitar a través de las operaciones técnicas necesarias, la finca o bien de que se trate con el objeto de mantenerlo dentro del dominio público en aquellos supuestos en que los límites sean imprecisos o dudosos o existan indicios de usucapión.

Además, cabe señalar que las Administraciones Públicas, a través del denominado reintegro posesorio (Art. 55-57 ,Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas), pueden por sí mismas recuperar la posesión indebidamente perdida de sus bienes de dominio público en cualquier momento.

 

La inembargabilidad de que gozan los bienes públicos deriva directamente del 132.1 ,CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, que establece que el Estado, mediante Ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución. Además, los bienes de uso o servicio público no pueden ser objeto de enajenación o permuta, pues para ello deberán ser previamente desafectados de dicho uso o servicio público.

 

Con el fin de asegurar y proteger la integridad y conservación del dominio público de usurpaciones o usos abusivos, la Administración Pública tiene poderes de policía, que incluyen, como tales, desde la potestad de vigilancia o inspección hasta la de imponer sanciones .No existe en nuestro Derecho una regulación jurídica general de la policía administrativa relativa al dominio público, ni de la potestad sancionadora de la Administración a este respecto.

 

Finalmente, cabe destacar la importancia de la publicidad posesoria, que supone que la Administración titular del dominio público no necesita inscribir en el Registro de la Propiedad los bienes de este carácter porque se entiende que estos bienes tienen su propia afectación al uso o servicio público, una publicidad material, que es patente.

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Inembargabilidad
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Potestad sancionadora de la administración
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