Características de los bienes patrimoniales

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Concepto de bien patrimonial

Son bienes patrimoniales los de titularidad de las administraciones públicas que no tengan el carácter de bienes de dominio público, es decir, que no estén destinados directamente al uso público o afectados a un servicio público. Si no consta la afectación de un bien se presume su carácter patrimonial.

Tendrán, entre otros, el carácter de bienes patrimoniales los siguientes:

a) Las cuotas, partes alícuotas y títulos representativos de capital de empresas, cooperativas, asociaciones o de cualquier otra fórmula asociativa que pertenezcan al ente local.

b) Los bienes adjudicados a las Entidades Locales en virtud del procedimiento recaudatorio seguido contra los deudores tributarios.

c) Las parcelas sobrantes y los bienes o efectos no utilizables.

d) Derechos reales y de arrendamiento.

e) Derechos de propiedad industrial e intelectual.

f) Bienes del patrimonio forestal.

g) Los bienes muebles.

Los bienes patrimoniales se definen negativamente, es decir, son aquellos en los que no concurre la circunstancia de su afectación a un uso o a un servicio público o la riqueza nacional, o bien siendo de titularidad de éstas no tengan carácter de demaniales. Tienen ese carácter los derechos de arrendamiento, los valores y títulos representativos de acciones y participaciones en el capital de sociedades mercantiles o de obligaciones emitidas por estas, así como contratos de futuros y opciones cuyo activo subyacente esté constituido por acciones o participaciones en entidades mercantiles, los derechos de propiedad incorporal y los derechos de cualquier naturaleza que se deriven de la titularidad de los bienes y derechos patrimoniales. La Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas con el fin de no  convertir los bienes patrimoniales en una riqueza inerte, dice que su administración se hará conforme a los principios de eficiencia y economía en su gestión y eficacia y rentabilidad en la explotación y para evitar una gestión corrupta a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad en la adquisición, explotación y enajenación.

La Ley entorno al concepto de bienes patrimoniales hace una definición y análisis a lo largo de los Art. 3-8 ,LPAP en los que dice que el patrimonio de las Administraciones públicas está constituido por el conjunto de sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza y el título de su adquisición o aquel en virtud del cual les hayan sido atribuidos.

No se entenderán incluidos en el patrimonio de las Administraciones públicas el dinero, los valores, los créditos y los demás recursos financieros de su hacienda ni, en el caso de las entidades públicas empresariales y entidades análogas dependientes de las comunidades autónomas o corporaciones locales, los recursos que constituyen su tesorería.

Los bienes patrimoniales se pueden clasificar por razón del régimen jurídico al que están sujetos, los bienes y derechos que integran el patrimonio de las Administraciones públicas pueden ser de dominio público o demaniales y de dominio privado o patrimoniales.

Son bienes y derechos de dominio público los que, siendo de titularidad pública, se encuentren afectados al uso general o al servicio público, así como aquellos a los que una ley otorgue expresamente el carácter de demaniales.

Son bienes de dominio público estatal, en todo caso, los mencionados en el  132.2 ,Constitución española.

Los inmuebles de titularidad de la Administración General del Estado o de los organismos públicos vinculados a ella o dependientes de la misma en que se alojen servicios, oficinas o dependencias de sus órganos o de los órganos constitucionales del Estado se considerarán, en todo caso, bienes de dominio público.

Los bienes y derechos de dominio público se regirán por las leyes y disposiciones especiales que les sean de aplicación y, a falta de normas especiales, por esta Ley y las disposiciones que la desarrollen o complementen. Las normas generales del derecho administrativo y, en su defecto, las normas del derecho privado, se aplicarán como derecho supletorio.

En cuanto a los principios relativos a los bienes y derechos de dominio público, la gestión y administración de los bienes y derechos demaniales por las Administraciones públicas se ajustarán a los siguientes principios:

  • Inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad.
  • Adecuación y suficiencia de los bienes para servir al uso general o al servicio público a que estén destinados.
  • Aplicación efectiva al uso general o al servicio público, sin más excepciones que las derivadas de razones de interés público debidamente justificadas.
  • Dedicación preferente al uso común frente a su uso privativo.
  • Ejercicio diligente de las prerrogativas que la presente ley u otras especiales otorguen a las Administraciones públicas, garantizando su conservación e integridad.
  • Identificación y control a través de inventarios o registros adecuados.
  • Cooperación y colaboración entre las Administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias sobre el dominio público.
  • Son bienes y derechos de dominio privado o patrimoniales los que, siendo de titularidad de las Administraciones públicas, no tengan el carácter de demaniales.

En todo caso, tendrán la consideración de patrimoniales de la Administración General del Estado y sus organismos públicos los derechos de arrendamiento, los valores y títulos representativos de acciones y participaciones en el capital de sociedades mercantiles o de obligaciones emitidas por éstas, así como contratos de futuros y opciones cuyo activo subyacente esté constituido por acciones o participaciones en entidades mercantiles, los derechos de propiedad incorporal, y los derechos de cualquier naturaleza que se deriven de la titularidad de los bienes y derechos patrimoniales.

El régimen de adquisición, administración, defensa y enajenación de los bienes y derechos patrimoniales será el previsto en esta ley y en las disposiciones que la desarrollen o complementen. Supletoriamente, se aplicarán las normas del derecho administrativo, en todas las cuestiones relativas a la competencia para adoptar los correspondientes actos y al procedimiento que ha de seguirse para ello, y las normas del Derecho privado en lo que afecte a los restantes aspectos de su régimen jurídico.

En cuanto a los principios relativos a los bienes y derechos patrimoniales, la gestión y administración de los bienes y derechos patrimoniales por las Administraciones públicas se ajustarán a los siguientes principios:

  • Eficiencia y economía en su gestión.
  • Eficacia y rentabilidad en la explotación de estos bienes y derechos.
  • Publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad en la adquisición, explotación y enajenación de estos bienes.
  • Identificación y control a través de inventarios o registros adecuados.
  • Colaboración y coordinación entre las diferentes Administraciones públicas, con el fin de optimizar la utilización y el rendimiento de sus bienes.

En todo caso, la gestión de los bienes patrimoniales deberá coadyuvar al desarrollo y ejecución de las distintas políticas públicas en vigor y, en particular, al de la política de vivienda, en coordinación con las Administraciones competentes.

 

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Bienes patrimoniales
Patrimonio de las Administraciones Públicas
Bienes de dominio público
Uso público
Deudor tributario
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Derechos reales
Propiedad industrial e intelectual
Rentabilidad
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Administración de bienes
Imprescriptibilidad
Inalienabilidad
Inembargabilidad
Inventarios
Interés publico