Características generales del proceso penal abreviado

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    Órden: Penal Fecha: 21/04/2015 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Martinez Arrieta, Andres Num. Sentencia: 228/2015 Num. Recurso: 2196/2014

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    El TS desestima el recurso de casación interpuesto por el recurrente, contra la sentencia que le condenó por delito contra la salud pública. Entiende la Sala que ha quedado acreditado por la propia declaración del recurrente como la de los otros dos acusados que los comprimidos pertenecían al ahora recurrente, que era el titular y quien conducía el vehículo donde fueron encontrados, habiéndose razonado por el Tribunal de instancia los elementos que ha tenido en cuenta para ...

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    Órden: Penal Fecha última revisión: 11/11/2014

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Penal

 

El procedimiento abreviado es un proceso usado en nuestro ordenamiento jurídico para la instrucción, enjuiciamiento y fallo de las causas por delitos castigados con pena privativa de libertad de hasta nueve años, o con penas de otra naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración según el Art. 757 ,LECrim. Instruye, por lo general, el juzgado de instrucción y falla el juzgado de lo penal, cuando la pena privativa de libertad no supere los cinco años o pena de multa cualquiera que sea su cuantía, o cualesquiera otras de distinta naturaleza, siempre que la duración de éstas no exceda de diez años; todo ello, sin perjuicio de la competencia del juez de instrucción según lo previsto en la Ley de Enjuiciamento Criminal. Cuando se sobrepasen esos límites, el enjuiciamiento corresponde a la Audiencia Provincial.

El procedimiento abreviado se caracteriza por la simplificación de actuaciones, es decir se incluye aquí sus rasgo esencial tanto para agilizar su desarrollo, como para simplificar, reducir o incluso eludir trámites, sin perjuicio de las necesarias garantías. De forma que nos podemos encontrar la formación de piezas separadas para el enjuiciamiento de delitos conexos. El tratamiento más ágil de las cuestiones relativas a la competencia. A diferencia del procedimiento ordinario, no hay auto de procesamiento, lo que no quiere decir que no haya imputación. Se refuerza además la negociación para conseguir la reformidad. Se refuerzan las garantías de la victima, es decir, cumple un papel importante las figuras del Ministerio Fiscal y de la policía judicial con su papel de información a la víctima de que puede incorporarse al proceso sin necesidad de querella, llegándole con un escrito de personalización, y también de su derecho a nombrar abogado o pedirlo de oficio. Se potencia la garantía al inculpado. Esto se hace en la primera comparecencia ante el Juez de Instrucción, donde el secretario le informa de sus derechos y el Juez le informa de los hechos que se le imputan. También se incrementan las funciones del Ministerio Fiscal (Art. 773 ,LECrim):

El Fiscal se constituirá en las actuaciones para el ejercicio de las acciones penal y civil conforme a la Ley. Velará por el respeto de las garantías procesales del imputado y por la protección de los derechos de la víctima y de los perjudicados por el delito.

En este procedimiento corresponde al Ministerio Fiscal, de manera especial, impulsar y simplificar su tramitación sin merma del derecho de defensa de las partes y del carácter contradictorio del mismo, dando a la Policía Judicial instrucciones generales o particulares para el más eficaz cumplimiento de sus funciones, interviniendo en las actuaciones, aportando los medios de prueba de que pueda disponer o solicitando del Juez de Instrucción la práctica de los mismos, así como instar de éste la adopción de medidas cautelares o su levantamiento y la conclusión de la investigación tan pronto como estime que se han practicado las actuaciones necesarias para resolver sobre el ejercicio de la acción penal.

El Fiscal General del Estado impartirá cuantas órdenes e instrucciones estime convenientes respecto a la actuación del Fiscal en este procedimiento, y en especial, respecto a la aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 del Art. 780 ,LECrim.

Tan pronto como el Juez ordene la incoación del procedimiento para las causas ante el Tribunal del Jurado, el Secretario judicial lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, quien comparecerá e intervendrá en cuantas actuaciones se lleven a cabo ante aquél.

Cuando el Ministerio Fiscal tenga noticia de un hecho aparentemente delictivo, bien directamente o por serle presentada una denuncia o atestado, practicará él mismo u ordenará a la Policía Judicial que practique las diligencias que estime pertinentes para la comprobación del hecho o de la responsabilidad de los partícipes en el mismo. El Fiscal decretará el archivo de las actuaciones cuando el hecho no revista los caracteres de delito, comunicándolo con expresión de esta circunstancia a quien hubiere alegado ser perjudicado u ofendido, a fin de que pueda reiterar su denuncia ante el Juez de Instrucción. En otro caso instará del Juez de Instrucción la incoación del procedimiento que corresponda con remisión de lo actuado, poniendo a su disposición al detenido, si lo hubiere, y los efectos del delito.

El Ministerio Fiscal podrá hacer comparecer ante sí a cualquier persona en los términos establecidos en la Ley para la citación judicial, a fin de recibirle declaración, en la cual se observarán las mismas garantías señaladas en esta Ley para la prestada ante el Juez o Tribunal.

Cesará el Fiscal en sus diligencias tan pronto como tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos.

Una de las actuaciones propias del procedimiento abreviado es que el Ministerio Fiscal recoge la investigación pre-procesal (previa al auto de incoación de las diligencias previas).

 

 

 

 

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