Carga de prueba en el proceso laboral especial por infracción del derecho de indemnidad

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Laboral
  • Fecha última revisión: 28/01/2019

En virtud de la agarantía de indemnidad se otorga portección jurídica al trabajador/a frente a represarias por parte del empresario derivadas del ejercicio de sus derechos e intereses ante la jurisdicción.

Si el/la trabajador/a aporta indicios suficientes, la carga de la prueba se invierte hacia el empresario, quien deberá probar que su actuación obedecía a motivos razonables, suficientes y completamente y no a una posible vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

En estos supuestos la regla de la distribución de la carga de la prueba adquiere gran importancia. Siguiendo doctrina jurisprudencial, cuando ante una decisión empresarial se invoque por el trabajador su carácter discriminatorio por vulneración de derechos fundamentales, de modo tal que aquella invocación genere una razonable sospecha o presunción en favor del alegato de discriminación, ha de trasladarse al empresario la prueba de la existencia de un motivo razonable de la actuación empresarial, constituyendo esta exigencia una auténtica carga probatoria y no un mero intento probatorio, debiendo llevar a la convicción del juzgador no la duda, sino la certeza de que su decisión fue absolutamente extraña a todo propósito discriminatorio (por todas, SSTC 114/1989, de 22 de junio ). Una vez acreditados esos indicios, lo que se impone al empresario no es la prueba de la no discriminación o la no lesión del derecho fundamental, sino que acredite la existencia de los hechos motivadores de la decisión adoptada, y que estos tengan una consistencia razonable. (1)

Por su parte, en las SSTC 38/1981, de 23/noviembre; 138/2006, de 8/Mayo, FJ 5; y 342/2006, de 11/Diciembre, FJ 4. Y - a título de ejemplo- SSTS 20/01/09 -rcud. 1927/07-; 29/05/09 -rcud 152/08-; y 13/11/12 -rcud 3781/1 -, el intérprete máximo de la Constitución recuerda que «precisamente, la prevalencia de los derechos fundamentales del trabajador y las especiales dificultades probatorias de su vulneración en aquellos casos constituyen las premisas bajo las que la jurisprudencia constitucional ha venido aplicando la específica distribución de la carga de la prueba en las relaciones de trabajo', hoy recogida en los Arbs. 96.1 y 181.2 LRJS»

Desplazamiento de la carga de prueba al empresario

Sguiendo el marco normativo del derecho fundamental (art. 24.1 CE, Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, Convenio nº 158 de la OIT, arts. 4.2.g) y 17.1 Estatuto de los Trabajadores), es necesario acreditar una intencionalidad en la vulneración del derecho fundamental, esto es un dolo eventual o negligencia grave pues los derechos fundamentales no pueden vulnerarse por mera negligencia.

Para que opere el desplazamiento al empresario del «onus probandi» no basta simplemente con que el trabajador afirme su carácter discriminatorio, sino que ha de acreditar la existencia de indicio que «debe permitir deducir la posibilidad de que aquélla [la vulneración constitucional] se haya producido», que genere una razonable sospecha, apariencia o presunción en favor de semejante afirmación; es necesario que por parte del actor se aporte una «prueba verosímil» o «principio de prueba»' revelador de la existencia de un panorama discriminatorio general o de hechos de los que surja la sospecha vehemente de una discriminación, sin que sea suficiente la mera afirmación de la discriminación (aparte de muchas otras anteriores, SSTC 92/2008, de 21/Julio , FJ 3 ; 125/2008, de 20/Octubre ; y 2/2009, de 12/Enero , FJ 3. Y SSTS 14/04/11 -rco 164/2010-; 25/06/12 - rcud 2370/2011 -; y 13/11/12 -rcud 3781/2011-). Y presente la prueba indiciaria, «el demandado asume la carga de probar que los hechos motivadores de la decisión son legítimos o, aun sin justificar su licitud, se presentan razonablemente ajenos a todo móvil atentatorio de derechos fundamentales; no se le impone, por tanto, la prueba diabólica de un hecho negativo -la no discriminación-, sino la razonabilidad y proporcionalidad de la medida adoptada y su carácter absolutamente ajeno a todo propósito atentatorio de derechos fundamentales' (tras muchas anteriores, SSTC 183/2007, de 10/Septiembre , FJ 4 ; 257/2007, de 17/Diciembre , FJ 4 ; y 74/2008, de 23/Junio , FJ 2); «en lo que constituye ... una auténtica carga probatoria y no un mero intento de negar la vulneración de derechos fundamentales -lo que claramente dejaría inoperante la finalidad de la prueba indiciaria» (aparte de las que en ellas se citan, SSTC 326/2005, de 12/Diciembre , FJ 6 EPV ; 125/2008, de 20/Octubre ; y 92/2009, de 20/Abril , FJ 7)».

 

(1) Según reiterada doctrina, cuando se alegue que una determinada decisión encubre en realidad una conducta lesiva de derechos fundamentales del afectado, incumbe al autor de la medida probar que obedece a motivos razonables y ajenos a todo propósito atentatorio a un derecho fundamental. Pero para que opere este desplazamiento al demandado del onus probandi, no basta que el demandante tilde de discriminatoria la conducta empresarial, sino que ha de acreditar la existencia de indicios que generen una razonable sospecha, apariencia o presunción a favor de semejante alegato y, presentada esta prueba indiciaria, el demandado asume la carga de probar que los hechos motivadores de su decisión son legítimos o, aún sin justificar su licitud, se manifiestan razonablemente ajenos a todo móvil atentatorio de derechos fundamentales. No se impone, por tanto, al demandado la prueba diabólica de un hecho negativo sino la razonabilidad y proporcionalidad de la medida adoptada y su carácter absolutamente ajeno a todo propósito atentatorio de derechos fundamentales (SSTC 66/2002, de 21 de marzo, 171/2003, de 29 de septiembre, 188/2004, de 2 de noviembre, 38/2005, de 28 de febrero y 171/2005, de 20 de junio). La aplicación de esta doctrina al presente supuesto implica el rechazo del motivo pues si bien se acreditan por la parte actora de los indicios que pudieran llevar a la existencia de la vulneración de aquel derecho, esto es la denuncia ante la inspección, la reclamación previa y demanda en petición de fijeza y diferencias salariales, dichos indicios quedan desvirtuados por dos elementos esenciales cuales son, de una parte, que el contrato temporal del actor ya tenía prevista la fecha de finalización y aquellos actos se llevan a cabo con proximidad a tal cese de modo que pueden considerarse de modo palmario como pre constitutivos de la nulidad posteriormente demandada, pero a mayores resulta que la demandada, aun conociendo dichos actos prorrogó el contrato temporal del actor a sabiendas de la demanda pendiente y pretensión deducida, por lo tanto se desvirtúa la intencionalidad represaliadora en el cese del demandante, por lo que se rechaza la nulidad postulada.

 

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Carga de la prueba
Derechos fundamentales
Vulneración de derechos fundamentales
Derecho a la tutela judicial efectiva
Prueba de indicios
Relaciones de trabajo
Prueba imposible
Dolo eventual
Proporcionalidad de la medida
Contrato de trabajo de duración determinada

RDLeg. 2/2015 de 23 de Oct (Estatuto de los Trabajadores) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 255 Fecha de Publicación: 24/10/2015 Fecha de entrada en vigor: 13/11/2015 Órgano Emisor: Ministerio De Empleo Y Seguridad Social

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