Carga de prueba en el proceso laboral especial por infracción del derecho de indemnidad

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Laboral
  • Fecha última revisión: 31/03/2014

Carga de prueba ante infracción del derecho de indemnidad

En estos supuestos la regla de la distribución de la carga de la prueba adquiere gran importancia. Siguiendo doctrina jurisprudencial, cuando ante una decisión empresarial se invoque por el trabajador su carácter discriminatorio por vulneración de derechos fundamentales, de modo tal que aquella invocación genere una razonable sospecha o presunción en favor del alegato de discriminación, ha de trasladarse al empresario la prueba de la existencia de un motivo razonable de la actuación empresarial, constituyendo esta exigencia una auténtica carga probatoria y no un mero intento probatorio, debiendo llevar a la convicción del juzgador no la duda, sino la certeza de que su decisión fue absolutamente extraña a todo propósito discriminatorio (por todas, SSTC 114/1989, de 22 de junio ). Una vez acreditados esos indicios, lo que se impone al empresario no es la prueba de la no discriminación o la no lesión del derecho fundamental, sino que acredite la existencia de los hechos motivadores de la decisión adoptada, y que estos tengan una consistencia razonable. (1)

En definitiva es necesario acreditar una intencionalidad en la vulneración del derecho fundamental, esto es un dolo eventual o negligencia grave pues los derechos fundamentales no pueden vulnerarse por mera negligencia.

(1) Según reiterada doctrina, cuando se alegue que una determinada decisión encubre en realidad una conducta lesiva de derechos fundamentales del afectado, incumbe al autor de la medida probar que obedece a motivos razonables y ajenos a todo propósito atentatorio a un derecho fundamental. Pero para que opere este desplazamiento al demandado del onus probandi, no basta que el demandante tilde de discriminatoria la conducta empresarial, sino que ha de acreditar la existencia de indicios que generen una razonable sospecha, apariencia o presunción a favor de semejante alegato y, presentada esta prueba indiciaria, el demandado asume la carga de probar que los hechos motivadores de su decisión son legítimos o, aún sin justificar su licitud, se manifiestan razonablemente ajenos a todo móvil atentatorio de derechos fundamentales. No se impone, por tanto, al demandado la prueba diabólica de un hecho negativo sino la razonabilidad y proporcionalidad de la medida adoptada y su carácter absolutamente ajeno a todo propósito atentatorio de derechos fundamentales (SSTC 66/2002, de 21 de marzo (Tribunal Constitucional, nº 66/2002, de 21/03/2002, Rec. Recurso de amparo 2331/1998), 171/2003, de 29 de septiembre (Tribunal Constitucional, nº 171/2003, de 29/09/2003, Rec. Recurso de amparo 1275-2001), 188/2004, de 2 de noviembre (Tribunal Constitucional, nº 188/2004, de 02/11/2004, Rec. Recurso de amparo 896-2002), 38/2005, de 28 de febrero (Tribunal Constitucional, nº 38/2005, de 28/02/2005, Rec. 43/2001) y 171/2005, de 20 de junio (Tribunal Constitucional, nº 171/2005, de 20/06/2005, Rec. Recurso de amparo 4600-2003)). La aplicación de esta doctrina al presente supuesto implica el rechazo del motivo pues si bien se acreditan por la parte actora de los indicios que pudieran llevar a la existencia de la vulneración de aquel derecho, esto es la denuncia ante la inspección, la reclamación previa y demanda en petición de fijeza y diferencias salariales, dichos indicios quedan desvirtuados por dos elementos esenciales cuales son, de una parte, que el contrato temporal del actor ya tenía prevista la fecha de finalización y aquellos actos se llevan a cabo con proximidad a tal cese de modo que pueden considerarse de modo palmario como pre constitutivos de la nulidad posteriormente demandada, pero a mayores resulta que la demandada, aun conociendo dichos actos prorrogó el contrato temporal del actor a sabiendas de la demanda pendiente y pretensión deducida, por lo tanto se desvirtúa la intencionalidad represaliadora en el cese del demandante, por lo que se rechaza la nulidad postulada.

 

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Carga de la prueba
Vulneración de derechos fundamentales
Dolo eventual
Prueba de indicios
Proporcionalidad de la medida
Prueba imposible
Contrato de trabajo de duración determinada

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