La causa de la potestad expropiatoria o "Causa expropriandi"

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La "Causa expropriandi", según el Diccionario del español jurídico de la RAE y el CGPJ, es "uno de los elementos esenciales para que la expropiación sea legal. Radica en la concurrencia de razones de utilidad pública o interés social". Al efecto, cabe estar a lo dispuesto en el apartado 3 del Art. 33 ,Constitución Española, los Art. 9-14 ,LEF y los Art. 10-14 ,Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, cuerpos normativos, estos últimos, que se ocupan indirectamente de la misma bajo el rótulo de "De los requisitos previos a la expropiación forzosa".



El apdo. 3 del Art. 33 ,Constitución Española, que recoge de algún modo la potestad expropiatoria de la Administración, establece que dicha potestad ha de realizarse atendiendo a “causa justificada de utilidad pública o interés social”. En consonancia con lo anterior, la Art. 9 ,LEF establece que “para proceder a la expropiación forzosa será indispensable la previa declaración de utilidad pública o interés social del fin a que haya de afectarse el objeto expropiado”.

El español jurídico de la RAE y el CGPJ se refiere a la utilidad pública como “fundamento o causa de la expropiación forzosa, reconocido como tal desde la primera legislación al efecto establecida en la Ley de Expropiación Forzosa de 17 de julio de 1836. Esta causa de expropiación se mantiene en la legislación vigente”. Aporta además este Diccionario a modo ilustrativo, el alegato que formula el diputado Fleix, miembro de la Comisión de Procuradores, en el debate sobre la primera Ley de Expropiación Forzosa, del siguiente modo: “Todas las naciones cultas de Europa han considerado como principio fundamental el respetar la propiedad particular, pero como el bien general o común es superior al individual, han atribuido los gobiernos la facultad de poder obligar a su dueño a que ceda o enajene por causa de utilidad pública procediendo justa indemnización: sin esta sería atacar uno de los derechos del hombre. Apenas encontrará Constitución política ni Código Civil en que no se halle consignada semejante verdad”.

Aun cuando la ley, que prescinde de toda definición, no ofrece una diferenciación neta entre una y otra, pueden detectarse ciertas diferencias entre interés social y utilidad pública, aunque al final ambas "figuras" dan lugar a una misma consecuencia: la expropiación. Así, por ejemplo, García Enterría entiende que "parece claro que por utilidad pública se entienden las exigencias del funcionamiento de la Administración (obras públicas, servicios públicos) o de sus concesionarios (argumento: apdo. 2 Art. 2 ,LEF), en tanto que por interés social habrá que entender cualquier forma de interés prevalente al individual del propietario distinto del supuesto anterior". 

La determinación de la concurrencia de la causa expropiandi, esto es, de la utilidad pública y el interés social, debe realizarse por ley; con otras palabras: es la ley la que debe determinar qué tipo de operaciones son de utilidad pública o de interés social. La regla general a este respecto se encuentra en el apdo. 1 del Art. 12 ,Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, que establece que el interés social como causa legitimadora de la expropiación deberá ser declarado expresa y singularmente mediante Ley en cada caso, a excepción de lo dispuesto en los apdos. 2 y 3 del Art. 12 ,Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa.

  • No obstante, cuando en virtud de Ley, se hubiere declarado genéricamente el interés social de categorías o clases determinadas de obras, servicios o concesiones, a los fines específicos del artículo 31 del Fuero de los Españoles (entiéndase referencia hecha al Art. 33 ,Constitución Española), aquella declaración llevará implícita la facultad expropiatoria y bastará, el Decreto acordado en Consejo de Ministros para su aplicación en cada caso concreto.

  • Asimismo, se entenderá que existe causa de interés social a los efectos expropiatorios y, por tanto, no será necesario el requisito de su previa declaración formal en los supuestos previstos en los Art. 71-72 ,LEF.

Finalmente, cabe anticipar aquí que la ausencia de la causa expropiandi, en tanto elemento de observancia inexcusable para ejercer la potestad expropiatoria, determinará la nulidad de pleno derecho de las actuaciones realizadas en su caso.  Así se expresa la TS, Sala de lo Contencioso, nº S/S, de 27/06/2006, Rec. 3247/2003:

“ Para proceder a la expropiación forzosa será indispensable según determina el artículo 9 de la Ley de Expropiación Forzosa , la previa declaración de utilidad pública o interés social del fin a que haya de afectarse el objeto expropiado, declaración que no es un simple requisito para que pueda iniciarse el procedimiento expropiatorio, sino que es el presupuesto necesario -"indispensable" es el término utilizado por la Ley que legitima dicho procedimiento-. La declaración de utilidad pública o interés social forma parte del mismo instituto expropiatorio, de tal modo que su falta determina la inexistencia de la causa expropiandi y la consiguiente carencia de potestad en la Administración para realizar actos válidos con eficacia expropiatoria. Faltando la declaración de utilidad pública o interés social del fin a que haya de afectarse el objeto expropiado, los actos que con una pretendida finalidad expropiatoria verifique la Administración no tienen validez jurídica alguna, por lo que deben calificarse de nulos de pleno derecho”.

(Ver: Las potestades administrativas, Control de la discrecionalidad administrativa, Concepto de potestades administrativas y clases)

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