Competencia de los órganos encargados en materia de contratación administrativa

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Los órganos administrativos que gozan de potestad para poder contratar en nombre de la Administración Pública reciben el nombre de órganos de contratación, los cuales son regulados en el Título I, del Libro V del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Art. 316-325 ,Ley de Contratos del Sector Público), que lleva por rúbrica “Órganos competentes en materia de contratación”.

En este sentido, el Art. 316 ,Ley de Contratos del Sector Público, establece que los Ministros y los Secretarios de Estado son los órganos de contratación de la Administración General del Estado y están facultados para celebrar los contratos, en el ámbito de su competencia.

Además, los representantes legales de los organismos autónomos y demás entidades públicas estatales y los Directores generales de las distintas entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, son los órganos de contratación de unos y otros, siendo el Director General del Patrimonio del Estado, el órgano de contratación del sistema estatal de contratación centralizada regulado en los Art. 206-207 ,Ley de Contratos del Sector Público.

En los departamentos ministeriales y en los organismos autónomos, Agencias Estatales, entidades públicas empresariales y demás entidades de derecho público estatales, así como en las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, podrán constituirse Juntas de Contratación, que actuarán como órganos de contratación, quienes actuarán con los límites cuantitativos o referentes a las características de los contratos que determine el titular del departamento, en los que a continuación se señalan:

  1. Contratos de obras comprendidas en los párrafos b y c del apartado 1 del Art. 122 ,Ley de Contratos del Sector Público, a no ser que aquellas hubieran sido declaradas de contratación centralizada.
  2. Contratos de suministro que se refieran a bienes consumibles o de fácil deterioro por el uso, salvo los relativos a bienes declarados de adquisición centralizada.
  3. Contratos de servicios no declarados de contratación centralizada.
  4. Contratos de suministro y de servicios, distintos de los atribuidos a la competencia de la Junta con arreglo a las dos letras anteriores que afecten a más de un órgano de contratación, exceptuando los que tengan por objeto bienes o servicios de contratación centralizada.

El lo que respecta a la composición de las denominadas Juntas de Contratación, la misma será fijada reglamentariamente, debiendo figurar entre sus vocales, por un lado, un funcionario que tenga atribuido, legal o reglamentariamente, el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y, por otro, un interventor. No obstante, con carácter excepcional, cuando el contrato resulte de interés para varios departamentos ministeriales y, por razones de economía y eficacia la tramitación del expediente deba efectuarse por un único órgano de contratación, los demás departamentos interesados podrán contribuir a su financiación, en las condiciones que se establezcan reglamentariamente y con respeto a la normativa presupuestaria, en la forma determinada en convenios o protocolos de actuación.

Por su parte, la capacidad para contratar de los representantes legales de las sociedades y fundaciones del sector público estatal deberá determinarse de conformidad con lo dispuesto en los estatutos de estas entidades y por las normas de derecho privado que en cada caso resulten de aplicación.

El Art. 317 ,Ley de Contratos del Sector Público establece la necesidad de que concurra una autorización para contratar. En este sentido, dice el precepto que los órganos de contratación de los departamentos ministeriales, organismos autónomos, Agencias Estatales y entidades de derecho público estatales, así como los de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, necesitarán la autorización del Consejo de Ministros para celebrar contratos en los supuestos que a continuación se relacionan:

  • Cuando el valor estimado del contrato, calculado conforme a lo señalado en el Art. 88 ,Ley de Contratos del Sector Público, sea igual o superior a doce millones de euros.
  • En los contratos de carácter plurianual cuando se modifiquen los porcentajes o el número de anualidades legalmente previstos a los que se refiere el Art. 47 ,Ley General Presupuestaria.
  • Cuando el pago de los contratos se concierte mediante el sistema de arrendamiento financiero o mediante el sistema de arrendamiento con opción de compra y el número de anualidades supere los cuatro años.

No obstante, la autorización del Consejo de Ministros a que se refiere el apartado anterior deberá obtenerse antes de la aprobación del expediente, la cual, junto con la aprobación del gasto, corresponderán al órgano de contratación. Sin embargo, el Consejo de Ministros podrá reclamar discrecionalmente el conocimiento y autorización de cualquier otro contrato y, del mismo modo, el órgano de contratación por medio del Ministro correspondiente, podrá elevar un contrato no comprendido entre los anteriormente relacionados a la consideración del Consejo de Ministros.

Los contratos autorizados podrán ser objeto de modificación, la cual también deberá ser autorizada cuando sea causa de resolución o, en aquellos supuestos en que se produzca la resolución como tal.

Por otra parte, los titulares de los departamentos ministeriales a que se hallen adscritos los organismos autónomos, entidades públicas y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social podrán fijar la cuantía a partir de la cual será necesaria su autorización para la celebración de los contratos

De conformidad con el Art. 319 ,Ley de Contratos del Sector Público, las competencias en materia de contratación podrán ser desconcentradas a través de Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, en cualesquiera órganos, sean o no dependientes del órgano de contratación. Sin embargo, en el supuesto de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social, las competencias en materia de contratación de sus Directores únicamente podrán desconcentrarse, siempre y cuando se atengan a la forma y con los requisitos establecidos en el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Finalmente, en lo que se refiere a los órganos intervinientes en la contratación del Sector Público, cabe señalar que las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones Públicas que intervengan en los procedimientos de contratación no podrán intervenir en el proceso de contratación, por consiguiente, dice el Art. 319 ,Ley de Contratos del Sector Público que deberán abstenerse, pues en caso contrario podrán ser recusados en los casos y en la forma previstos en los Art. 28-29 ,LRJAP-PAC (La referencia debe entenderse hecha a los Art. 23-24 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre).

El Capítulo II del Título I del Libro V del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Art. 320-323 ,Ley de Contratos del Sector Público), se encarga de regular los denominados órganos consultivos, dentro de los cuales se encuentran las Mesas de contratación, la Mesa especial del diálogo competitivo, la Mesa de contratación del sistema estatal de concentración centralizada y los Jurados de concursos.

Mesas de contratación

Las funciones de la Mesa de contratación se encuentran determinadas en el Art. 320 ,Ley de Contratos del Sector Público, que establece que sin perjuicio de que la competencia para contratar corresponda a una Junta de Contratación, en los procedimientos abiertos y restringidos y en los procedimientos negociados con publicidad a que se refiere el 177.1 ,Ley de Contratos del Sector Público, los órganos de contratación de las Administraciones Públicas estarán asistidos por una Mesa de contratación, que será el órgano competente para la valoración de las ofertas, cuya constitución será potestativa para el órgano de contratación en el supuesto de que no sea necesario publicar anuncios de licitación.

En cuanto a su composición, la Mesa estará formada por un Presidente, los vocales que se determinen reglamentariamente, y un Secretario, quienes serán nombrados por el propio órgano de contratación. No obstante, respecto del Secretario y los vocales concurren una serie de especialidades:

  • Secretario.- Deberá ser designado entre funcionarios.
  • Vocales.- Entre ellos deberá figurar necesariamente un funcionario y un interventor. El primero de ellos deberá a su vez tener atribuido, ya sea por ley o por medio de reglamento, el asesoramiento jurídico del órgano de contratación. A falta de estos, deberá figurar una persona al servicio del órgano de contratación que tenga atribuidas las funciones correspondientes a su asesoramiento jurídico, y otra que tenga atribuidas las relativas a su control económico-presupuestario.

Mesa especial del diálogo competitivo

Del Art. 321 ,Ley de Contratos del Sector Público se desprende que, para asistir al órgano de contratación en los procedimientos de diálogo competitivo que se sigan por las Administraciones Públicas estatales, se constituirá una Mesa especial a la que se incorporarán personas especialmente cualificadas en la materia sobre la que verse el diálogo, las cuales deberán ser designadas por el órgano de contratación.

Asimismo, corresponderá también a esta Mesa, la elaboración del documento de evaluación previa a que se refiere el Art. 134 ,Ley de Contratos del Sector Público cuando se trate de expedientes tramitados para la celebración de contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado.

 

Jurados de concursos

En los concursos de proyectos, la Mesa de contratación deberá constituirse en su Jurado, teniendo que incorporar a su composición hasta cinco personalidades de notoria competencia que puedan contribuir de forma especial a evaluar las propuestas presentadas, y que participarán en las deliberaciones con voz y voto, las cuales, deberán ser designadas por el órgano de contratación.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 323 ,Ley de Contratos del Sector Público, los miembros del Jurado deben ser personas físicas independientes de los participantes en el concurso y además, cuando a los candidatos se les exija poseer una determinada cualificación o experiencia, al menos una tercera parte de los miembros del Jurado, deberán estar en posesión de la misma u otra equivalente.

Finalmente, entre los órganos competentes en materia de contratación, se encuentran los denominados órganos consultivos, los cuales son regulados en el Capítulo III, del Libro V del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Art. 324-325 ,Ley de Contratos del Sector Público). Dentro de estos órganos, se encuentra la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, que puede definirse como el órgano consultivo específico de la Administración General del Estado, de sus organismos autónomos, Agencias y demás entidades públicas estatales, en materia de contratación administrativa.

Entre las funciones de la Junta, se encuentra la promoción de la adopción de las normas o medidas de carácter general que considere procedentes para la mejora del sistema de contratación en sus aspectos administrativos, técnicos y económicos. Además, la junta podrá exponer de forma directa a los órganos de contratación o formular con carácter general las recomendaciones pertinentes, si de los estudios sobre contratación administrativa o de un contrato particular se dedujeran conclusiones de interés para la Administración (Art. 324 ,Ley de Contratos del Sector Público).

Finalmente, dentro de este tipo de órganos, se encuentran los órganos consultivos en materia de contratación de las Comunidades Autónomas, regulados en el Art. 325 ,Ley de Contratos del Sector Público, los cuales ejercerán su competencia en su respectivo ámbito territorial, en relación con la contratación de las Administraciones autonómicas, de los organismos y entidades dependientes o vinculados a las mismas y, de establecerse así en sus normas reguladoras, de las entidades locales incluidas en el mismo, sin perjuicio de las competencias de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado.

 

 

 

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