La competencia territorial de los Juzgados y Tribunales del orden Contencioso-Administrativo

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 06/02/2017

La competencia territorial de los Juzgados y Tribunales del orden Contencioso-Administrativo vendrá determinada por las reglas establecidas en el Art. 14 ,Ley 29/1998, de 13 de julio. Como regla general, será competente el órgano jurisdiccional en cuya circunscripción tenga su sede el órgano que hubiere dictado la disposición o el acto originario impugnado, aunque esta regla tiene también las excepciones que figuran en los párrafos 2º y 3º del apartado 1 y, por otra parte, la del apartado 2 del Art. 14 ,Ley 29/1998, de 13 de julio.

Para determinar la competencia territorial de los Juzgados y Tribunales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa hay que acudir a las reglas establecidas en el Art. 14 ,Ley 29/1998, de 13 de julio:

Regla general de determinación de la competencia territorial:

Con carácter general, será competente el órgano jurisdiccional en cuya circunscripción tenga su sede el órgano que hubiere dictado la disposición o el acto originario impugnado (Párrafo 1º del apartado 1 del Art. 14 ,Ley 29/1998, de 13 de julio).

Excepciones a la regla general:

Regla electiva de determinación de la competencia territorial:

Cuando el recurso tenga por objeto actos de las Administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial, personal, propiedades especiales y sanciones será competente, a elección del demandante, el juzgado o el tribunal en cuya circunscripción tenga aquél su domicilio o se halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado.
Cuando el recurso tenga por objeto actos de las Administraciones de las Comunidades Autónomas o de las entidades de la Administración Local, la elección a que se refiere esta regla segunda se entenderá limitada a la circunscripción del Tribunal Superior de Justicia en que tenga su sede el órgano que hubiere dictado el acto originario impugnado (Párrafo 2º del apartado 1 del Art. 14 ,Ley 29/1998, de 13 de julio).

 Sobre el alcance de esta posibilidad se pronuncia la TS, Sala de lo Contencioso, de 26/09/2000, Rec. 62/2000:

“(…) la opción que el art. 14.1 regla 2ª reconoce al demandante en relación con los juzgados de lo Contencioso-Administrativo competentes, ex art. 8.2.a) de la L.J., únicamente puede tener lugar entre aquellos cuya competencia esté comprendida dentro del ámbito territorial de un mismo Tribunal Superior de Justicia, a cuya Sala de lo Contencioso-Administrativo corresponderá, por vía de los recursos procedentes, unificar la interpretación del derecho autonómico propio de la Comunidad Autónoma en cuyo ámbito territorial radique el correspondiente Tribunal Superior de Justicia. Esta interpretación satisface las exigencias del mandato constitucional contenido en el art. 152.1, párrafo 3º de la CE y al que responde la voluntad legislativa ( arts. 86.4, 89.2, 99 y 101 de la L.J., entre otros) de hacer de los Tribunales Superiores de Justicia verdaderos supremos Tribunales del derecho autonómico. En definitiva, queremos decir que se trata de una opción que sólo opera en el ámbito de cada Comunidad Autónoma, es decir trátase de un fuero electivo que tiene su aplicación dentro del ámbito territorial de competencia de un sólo Tribunal Superior de Justicia”.

Reglas especiales de determinación de la competencia territorial:

La competencia corresponderá al órgano jurisdiccional en cuya circunscripción radiquen los inmuebles afectados cuando se impugnen planes de ordenación urbana y actuaciones urbanísticas, expropiatorias y, en general, las que comporten intervención administrativa en la propiedad privada (Párrafo 3º del apartado 1 del Art. 14 ,ley 29/1998, de 13 de julio).
Cuando el acto originario impugnado afectase a una pluralidad de destinatarios y fueran diversos los Juzgados o Tribunales competentes según las reglas anteriores, la competencia vendrá atribuida al órgano jurisdiccional en cuya circunscripción tenga su sede el órgano que hubiere dictado el acto originario impugnado (Apartado 2 del Art. 14 ,Ley 29/1998, de 13 de julio).

 

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