Las competencias de los Juzgados centrales de lo contencioso-administrativo

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Siguiendo el sistema de lista tasada común a todo tipo de Juzgados, el Art. 9 ,Ley 29/1998, de 13 de julio se ocupa de establecer las competencias de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.  

 


La Ley 29/1998, de 13 de julio, define la competencia de los Juzgados mediante un sistema de lista tasada. Tal y como se indicaba en su Preámbulo, “se regulan (...) las competencias de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo, con jurisdicción en toda España, para contribuir a paliar la sobrecarga de trabajo de órganos jurisdiccionales actualmente muy saturados”.

Así, el Art. 9 ,Ley 29/1998, de 13 de julio establecen las competencias que le corresponden a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, al disponer que:

  • Conocerán de los recursos que se deduzcan frente a los actos administrativos que tengan por objeto:

    • En primera o única instancia en las materias de personal cuando se trate de actos dictados por Ministros y Secretarios de Estado, salvo que confirmen en vía de recurso, fiscalización o tutela, actos dictados por órganos inferiores, o se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera, o a las materias recogidas en la letra a) del apartado 1 del Art. 11 ,Ley 29/1998, de 13 de julio sobre personal militar.

    • En única o primera instancia contra los actos de los órganos centrales de la Administración General del Estado en los supuestos previstos en la letra b) del apartado 2 del Art. 8 ,Ley 29/1998, de 13 de julio.

    • En primera o única instancia de los recursos contencioso-administrativos que se interpongan contra las disposiciones generales y contra los actos emanados de los organismos públicos con personalidad jurídica propia y entidades pertenecientes al sector público estatal con competencia en todo el territorio nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo i) del apartado 1 del Art. 10 ,Ley 29/1998, de 13 de julio.

    • En primera o única instancia, de los recursos contra las resoluciones dictadas por los Ministros y Secretarios de Estado en materia de responsabilidad patrimonial cuando lo reclamado no exceda de 30.050 euros.

    • En primera instancia, de las resoluciones que acuerden la inadmisión de las peticiones de asilo político.

    • En única o primera instancia, de las resoluciones que, en vía de fiscalización, sean dictadas por el Comité Español de Disciplina Deportiva en materia de disciplina deportiva.

  • Corresponderá a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, la autorización a que se refiere el apartado 2 del Art. 8 ,Ley 34/2002, de 11 de julio, así como autorizar la ejecución de los actos adoptados por la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual para que se interrumpa la prestación de servicios de la sociedad de la información o para que se retiren contenidos que vulneren la propiedad intelectual, en aplicación de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la información y de Comercio Electrónico.

  • Igualmente conocerán los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo del procedimiento previsto en el Art. 12 bis ,Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos.

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