Las competencias de los Juzgados centrales de lo contencioso-administrativo

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 18/01/2021

Siguiendo el sistema de lista tasada común a todo tipo de Juzgados, el artículo 9 LJCA se ocupa de establecer las competencias de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.  

 

Competencia del Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo 

Las competencias del Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo vienen reguladas en el artículo 9 LJCA, y son las siguientes: 

  • Conocerán de los recursos que se planteen en primera o única instancia contra: 
    • Materias de personal de actos dictados por Ministros y Secretarios de Estado, salvo que confirmen en vía de recurso, fiscalización o tutela, actos dictados por órganos inferiores, o se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera, o a las materias recogidas en el artículo 11.1.a) sobre personal militar: "a) (...) Asimismo conocerá de los recursos contra los actos de cualesquiera órganos centrales del Ministerio de Defensa referidos a ascensos, orden y antigüedad en el escalafonamiento y destinos".
    • Actos de los órganos centrales de la Administración General del Estado en los supuestos previstos en el artículo 8.2.b) LJCA: "b)  Las sanciones administrativas que consistan en multas no superiores a 60.000 euros y en ceses de actividades o privación de ejercicio de derechos que no excedan de seis meses".
    • Disposiciones generales y actos emanados de los organismos públicos con personalidad jurídica propia y entidades pertenecientes al sector público estatal con competencia en todo el territorio nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10.1.i): "los actos y resoluciones dictados por órganos de la Administración General del Estado cuya competencia se extienda a todo el territorio nacional y cuyo nivel orgánico sea inferior al de Ministro o Secretario de Estado en materias de personal, propiedades especiales y expropiación forzosa".
    •  Resoluciones dictadas por los Ministros y Secretarios de Estado en materia de responsabilidad patrimonial cuando lo reclamado no exceda de 30.050 euros.
    • Resoluciones que acuerden la inadmisión de las peticiones de asilo político.
    • Resoluciones, en vía de fiscalización, dictadas por el Tribunal Administrativo del Deporte en materia de disciplina deportiva.
    • La autorización a que se refiere el artículo 8.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, (autorización para identificar al responsable del servicio de la sociedad de la información que esté realizando una conducta presuntamente vulneradora), así como autorizar la ejecución de los actos adoptados por la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual para que se interrumpa la prestación de servicios de la sociedad de la información o para que se retiren contenidos que vulneren la propiedad intelectual, en aplicación de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la información y de Comercio Electrónico.
  • Conocerán del procedimiento de declaración judicial de extinción de un partido político, previsto en el artículo 12 bis de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos.

CUESTIÓN

Se interpone recurso contra una sanción administrativa. ¿A quién corresponde la competencia de resolverlo si la sanción asciende a 45.000€ y ha sido impuesta por la Secretaría de Estado de Hacienda?  

Pues atendiendo al artículo 9 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, y teniendo en cuenta que las Secretarías de Estado pertenecen a la organización central de la Administración General del Estado, en base al artículo 55 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la competencia para resolver del recurso contra una sanción inferior a 60.000 €, corresponde al Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo. En este sentido, se manifiesta la Sentencia del Tribunal Supremo, Rec. 22/2011, de 3 de noviembre. ECLI: ECLI:ES:TS:2011:7934"la resolución impugnada se atribuye a un órgano central de la Administración del Estado, con la categoría de Secretario de Estado y en materia de personal, por lo que es plenamente aplicable la previsión del art. 9.a) de la LJCA que atribuye la competencia para el conocimiento de los presentes autos a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo" .

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Órganos centrales
Sanciones administrativas
Tutela
Funcionarios públicos
Propiedad intelectual
Personalidad jurídica
Organismos públicos
Partido político
Propiedades especiales
Expropiación forzosa
Responsabilidad patrimonial
Deporte
Prestación de servicios
Comercio electrónico
Jurisdicción contencioso-administrativa

Ley 34/2002 de 11 de Jul (Servicios de la sociedad de la informacion y de comercio electronico) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 166 Fecha de Publicación: 12/07/2002 Fecha de entrada en vigor: 12/10/2002 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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