Las competencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 09/11/2017

Nótese que el 9  de marzo de 2018 entrará en vigor el grueso de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, lo que determina que tanto alguno de los contenidos del presente tema como alguna de las referencias normativas puedan dejar de ser correctas.

Las competencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia se encuentran establecidas en el Art. 10 ,Ley 29/1998, de 13 de julio, englobando principalmente fr juzgar en primera instancia los recursos más importantes «a priori» (según la terminología empleada en el Preámbulo de la norma) y toda la variedad de los que se incluyen en la cláusula residual. Con respecto a las mismas, y dada la reforma sufrida por el recurso de casación en el orden contencioso-administrativo operada por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, es preciso indicar que la referencia a sus competencias en relación a los recursos de casación para la unificación de doctrina y en interés de la ley no tienen ya sentido, por haber desaprecido estas figuras, debiendo añadirse, a este respecto, la señalada en el apdo. 3 del 86 ,Ley 29/1998, de 13 de julio.

El cuadro de competencias que les corresponden a las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia se encuentra establecido en el 101 ,Ley 29/1998, de 13 de julio

  • Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con:

    • Los actos de las Entidades locales y de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, cuyo conocimiento no esté atribuido a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

    • Las disposiciones generales emanadas de las Comunidades Autónomas y de las Entidades locales.

    • Los actos y disposiciones de los órganos de gobierno de las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, en materia de personal, administración y gestión patrimonial.

    • Los actos y resoluciones dictados por los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y Locales que pongan fin a la vía económico-administrativa.

    • Las resoluciones dictadas por el Tribunal Económico-Administrativo Central en materia de tributos cedidos.

    • Los actos y disposiciones de las Juntas Electorales Provinciales y de Comunidades Autónomas, así como los recursos contencioso-electorales contra acuerdos de las Juntas Electorales sobre proclamación de electos y elección y proclamación de Presidentes de Corporaciones locales, en los términos de la legislación electoral.

    • Los convenios entre Administraciones públicas cuyas competencias se ejerzan en el ámbito territorial de la correspondiente Comunidad Autónoma.

    • La prohibición o la propuesta de modificación de reuniones previstas en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, Reguladora del Derecho de Reunión.

    • Los actos y resoluciones dictados por órganos de la Administración General del Estado cuya competencia se extienda a todo el territorio nacional y cuyo nivel orgánico sea inferior al de Ministro o Secretario de Estado en materias de personal, propiedades especiales y expropiación forzosa.

    • Los actos y resoluciones de los órganos de las Comunidades Autónomas competentes para la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia.

    • Las resoluciones dictadas por el órgano competente para la resolución de recursos en materia de contratación previsto en el 311 ,Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en relación con los contratos incluidos en el ámbito competencial de las Comunidades Autónomas o de las Corporaciones locales. (La referencia debe entenderse hecha al, hoy vigente, 41 ,Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre)

    • Las resoluciones dictadas por los Tribunales Administrativos Territoriales de Recursos Contractuales.

    • Cualesquiera otras actuaciones administrativas no atribuidas expresamente a la competencia de otros órganos de este orden jurisdiccional.

  • Conocerán, en segunda instancia, de las apelaciones promovidas contra sentencias y autos dictados por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, y de los correspondientes recursos de queja.

  • También les corresponde, con arreglo a lo establecido en esta Ley, el conocimiento de los recursos de revisión contra las sentencias firmes de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo.

  • Conocerán de las cuestiones de competencia entre los Juzgados de lo Contencioso-administrativo con sede en la Comunidad Autónoma.

  • Conocerán del recurso de casación para la unificación de doctrina previsto en el 99 ,Ley 29/1998, de 13 de julio (Nótese que el mismo ha desaparecido en virtud de la reforma del recurso de casación en el orden contencioso-administrativo operada por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio).

  • Conocerán del recurso de casación en interés de la ley previsto en el 101 ,Ley 29/1998, de 13 de julio (Nótese que el mismo ha desaparecido en virtud de la reforma del recurso de casación en el orden contencioso-administrativo operada por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio).

A raíz de la reforma de la Ley 29/1998, de 13 de julio por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio (ya apuntada) debe entenderse que a los Tribunales Superiores de Justicia les corresponde conocer del recurso de casación en el supuesto del apdo. 3 del 86 ,Ley 29/1998, de 13 de julio.

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