Las competencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 18/01/2021

Las competencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia se encuentran establecidas en el artículo 10 LJCA.

Competencia de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia

El artículo 10 LJCA regula las competencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, que conocerán:

  • En única instancia de los recursos contra: 
    • Actos de las Entidades locales y de las Administraciones de las Comunidades Autónomas no atribuidos a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
    • Disposiciones generales emanadas de las Comunidades Autónomas y de las Entidades locales.
    • Actos y disposiciones de los órganos de gobierno de las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, en materia de personal, administración y gestión patrimonial.
    • Actos y resoluciones dictados por los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y Locales que pongan fin a la vía económico-administrativa.
    • Resoluciones dictadas por el Tribunal Económico-Administrativo Central en materia de tributos cedidos.
    • Actos y disposiciones de las Juntas Electorales Provinciales y de Comunidades Autónomas, así como los recursos contencioso-electorales contra acuerdos de las Juntas Electorales sobre proclamación de electos y elección y proclamación de Presidentes de Corporaciones locales, en los términos de la legislación electoral.
    • Convenios entre Administraciones públicas cuyas competencias se ejerzan en el ámbito territorial de la correspondiente Comunidad Autónoma.
    • La prohibición o la propuesta de modificación de reuniones previstas en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, Reguladora del Derecho de Reunión.
    • Actos y resoluciones dictados por órganos de la Administración General del Estado cuya competencia se extienda a todo el territorio nacional y cuyo nivel orgánico sea inferior al de Ministro o Secretario de Estado en materias de personal, propiedades especiales y expropiación forzosa.
    • Actos y resoluciones de los órganos de las Comunidades Autónomas competentes para la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia.
    • Resoluciones dictadas por el órgano competente para la resolución de recursos en materia de contratación previsto en el artículo 46 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en relación con los contratos incluidos en el ámbito competencial de las Comunidades Autónomas o de las Corporaciones locales.
    • Resoluciones dictadas por los Tribunales Administrativos Territoriales de Recursos Contractuales.
  • En segunda instancia, de las apelaciones promovidas contra sentencias y autos dictados por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, y de los correspondientes recursos de queja.

  • De los recursos de revisión contra las sentencias firmes de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo.

  • De las cuestiones de competencia entre los Juzgados de lo Contencioso-administrativo con sede en la Comunidad Autónoma.

  • De la solicitud de autorización al amparo del artículo 122 ter, cuando sea formulada por la autoridad de protección de datos de la Comunidad Autónoma respectiva.

  • De la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias de ámbito distinto al estatal consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción de derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente. (*)

(*) Añadido a raíz de la crisis de la COVID-19 y se introduce por Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. En vigor desde el 20/09/2020.

CUESTIÓN

Dado que la legislación de expropiación forzosa no dice nada al respecto, ¿qué juzgado o tribunal es competente para conocer de un recurso contra el acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación forzosa fijando el justiprecio?

Atendiendo al artículo 10.1.i) LJCA y la regla 3ª del apartado 1 de su artículo 14, la competencia será del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma en que radiquen los inmuebles afectados por la expropiación.

Art. 10.1.i) LJCA

Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con (...) "los actos y resoluciones dictados por órganos de la Administración General del Estado cuya competencia se extienda a todo el territorio nacional y cuyo nivel orgánico sea inferior al de Ministro o Secretario de Estado en materias de personal, propiedades especiales y expropiación forzosa.

Regla 3ª del apartado 1 del artículo 14 LJCA

La competencia territorial de los Juzgados y de los Tribunales Superiores de Justicia se determinará conforme a las siguientes reglas:(...) La competencia corresponderá al órgano jurisdiccional en cuya circunscripción radiquen los inmuebles afectados cuando se impugnen planes de ordenación urbana y actuaciones urbanísticas, expropiatorias y, en general, las que comporten intervención administrativa en la propiedad privada.

 

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Cuestiones de competencia
Cuestión de competencia
Protección de datos
Derechos fundamentales
Competencia territorial
Plan general de ordenación urbana
Acción urbanística
Propiedad privada
Intervención administrativa

Ley 9/2017 de 8 de Nov (Contratos del Sector Público) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 272 Fecha de Publicación: 09/11/2017 Fecha de entrada en vigor: 09/03/2018 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 3/2020 de 18 de Sep (Medidas por COVID-19 en la Administración de Justicia) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 250 Fecha de Publicación: 19/09/2020 Fecha de entrada en vigor: 20/09/2020 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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