Las competencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 06/02/2017

Las competencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia se encuentran establecidas en el Art. 10 ,Ley 29/1998, de 13 de julio, englobando principalmente fr juzgar en primera instancia los recursos más importantes «a priori» (según la terminología empleada en el Preámbulo de la norma) y toda la variedad de los que se incluyen en la cláusula residual. Con respecto a las mismas, y dada la reforma sufrida por el recurso de casación en el orden contencioso-administrativo operada por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, es preciso indicar que la referencia a sus competencias en relación a los recursos de casación para la unificación de doctrina y en interés de la ley no tienen ya sentido, por haber desaprecido estas figuras, debiendo añadirse, a este respecto, la señalada en el apdo. 3 del Art. 86 ,Ley 29/1998, de 13 de julio.

El cuadro de competencias que les corresponden a las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia se encuentra establecido en el Art. 101 ,Ley 29/1998, de 13 de julio

  • Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con:

    • Los actos de las Entidades locales y de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, cuyo conocimiento no esté atribuido a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

    • Las disposiciones generales emanadas de las Comunidades Autónomas y de las Entidades locales.

    • Los actos y disposiciones de los órganos de gobierno de las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, en materia de personal, administración y gestión patrimonial.

    • Los actos y resoluciones dictados por los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y Locales que pongan fin a la vía económico-administrativa.

    • Las resoluciones dictadas por el Tribunal Económico-Administrativo Central en materia de tributos cedidos.

    • Los actos y disposiciones de las Juntas Electorales Provinciales y de Comunidades Autónomas, así como los recursos contencioso-electorales contra acuerdos de las Juntas Electorales sobre proclamación de electos y elección y proclamación de Presidentes de Corporaciones locales, en los términos de la legislación electoral.

    • Los convenios entre Administraciones públicas cuyas competencias se ejerzan en el ámbito territorial de la correspondiente Comunidad Autónoma.

    • La prohibición o la propuesta de modificación de reuniones previstas en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, Reguladora del Derecho de Reunión.

    • Los actos y resoluciones dictados por órganos de la Administración General del Estado cuya competencia se extienda a todo el territorio nacional y cuyo nivel orgánico sea inferior al de Ministro o Secretario de Estado en materias de personal, propiedades especiales y expropiación forzosa.

    • Los actos y resoluciones de los órganos de las Comunidades Autónomas competentes para la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia.

    • Las resoluciones dictadas por el órgano competente para la resolución de recursos en materia de contratación previsto en el Art. 311 ,Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en relación con los contratos incluidos en el ámbito competencial de las Comunidades Autónomas o de las Corporaciones locales. (La referencia debe entenderse hecha al, hoy vigente, Art. 41 ,Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre)

    • Las resoluciones dictadas por los Tribunales Administrativos Territoriales de Recursos Contractuales.

    • Cualesquiera otras actuaciones administrativas no atribuidas expresamente a la competencia de otros órganos de este orden jurisdiccional.

  • Conocerán, en segunda instancia, de las apelaciones promovidas contra sentencias y autos dictados por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, y de los correspondientes recursos de queja.

  • También les corresponde, con arreglo a lo establecido en esta Ley, el conocimiento de los recursos de revisión contra las sentencias firmes de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo.

  • Conocerán de las cuestiones de competencia entre los Juzgados de lo Contencioso-administrativo con sede en la Comunidad Autónoma.

  • Conocerán del recurso de casación para la unificación de doctrina previsto en el Art. 99 ,Ley 29/1998, de 13 de julio (Nótese que el mismo ha desaparecido en virtud de la reforma del recurso de casación en el orden contencioso-administrativo operada por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio).

  • Conocerán del recurso de casación en interés de la ley previsto en el Art. 101 ,Ley 29/1998, de 13 de julio (Nótese que el mismo ha desaparecido en virtud de la reforma del recurso de casación en el orden contencioso-administrativo operada por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio).

A raíz de la reforma de la Ley 29/1998, de 13 de julio por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio (ya apuntada) debe entenderse que a los Tribunales Superiores de Justicia les corresponde conocer del recurso de casación en el supuesto del apdo. 3 del Art. 86 ,Ley 29/1998, de 13 de julio.

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