Comprobación de valores en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Fiscal
  • Fecha última revisión: 27/07/2021

En las autoliquidaciones presentadas por los contribuyentes del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, estos se encargarán de calcular y consignar los valores correspondientes a los bienes y derechos a liquidar. Es por ello que la legislación tributaria recoge de manera expresa el derecho de la Administración a comprobar dichos valores conforme a los medios que la normativa establece para ello.

La comprobación de los valores consignados en las autoliquidaciones por el ISD

El artículo 18 de la LISD hace mención de la potestad de la Administración de llevar a cabo las comprobaciones necesarias para ratificar los valores de los bienes y derechos consignados en las autoliquidaciones presentadas por los contribuyentes, con razón de la realización de alguno de los hechos imponibles que determinan el devengo del Impuesto.

En particular, los medios con los que cuenta la Administración para llevar a cabo dicha comprobación serán los recogidos en el artículo 57 de la LGT que pasamos a reproducir:

  • Capitalización o imputación de rendimientos al porcentaje que la ley de cada tributo señale.
  • Estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal.
  • Precios medios en el mercado.
  • Cotizaciones en mercados nacionales y extranjeros.
  • Dictamen de peritos de la Administración.
  • Valor asignado a los bienes en las pólizas de contratos de seguros.
  • Valor asignado para la tasación de las fincas hipotecadas en cumplimiento de lo previsto en la legislación hipotecaria.
  • Precio o valor declarado correspondiente a otras transmisiones del mismo bien, teniendo en cuenta las circunstancias de éstas, realizadas dentro del plazo que reglamentariamente se establezca.
  • Cualquier otro medio que se determine en la ley propia de cada tributo.
  • En el caso de los bienes inmuebles, la base imponible sea su valor de referencia o el valor declarado por ser superior, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de esta Ley.

A TENER EN CUENTA. Este precepto ha sido modificado por la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal para incluir las modificaciones introducidas respecto de la valoración de los bienes y derechos que integran la base imponible del ISD.

Los interesados deberán consignar en la declaración que están obligados a presentar, el valor que atribuyen a cada uno de los bienes y derechos incluidos en la misma. Este valor prevalecerá si fuese superior al comprobado por la Administración. En caso de que no se hubiese comunicado el valor de los bienes y derechos correspondientes, se le dará plazo al contribuyente de diez días para que subsane la omisión de los datos.

Si el valor comprobado fuese superior al que se resulte de la aplicación de la correspondiente regla del impuesto sobre el patrimonio, esta valoración surtirá efecto en relación con las liquidaciones a practicar a cargo del adquiriente por dicho Impuesto.

No serán aplicables las sanciones que correspondan al aumento de la cuota derivada del mayor valor de los bienes y derechos consignado por la Administración, siempre que éste se hubiese ajustado en su declaración a las reglas de valoración del Impuesto sobre el Patrimonio.

El desarrollo reglamentario del artículo 18 de la LISD se lleva a cabo en el artículo 40 del Reglamento del ISD en donde se establece que si no llevasen a cabo la consignación de los datos necesarios, aun habiendo dispuesto de los diez días para su subsanación, incurrirán en infracción simple que se sancionará con multa de 6,01 euros a 901,52 euros.

En el caso de que la transmisión de los bienes y derechos se diese en la modalidad de transmisiones lucrativas «inter vivos», el valor comprobado por la Administración será transmitido al donante y donatario para que procedan a su correcta impugnación.

El procedimiento general establecido en la LGT de comprobación de valores se encuentra recogido en los artículos 134 a 135, contando, como decíamos antes, con los medios de valoración recogidos en el artículo 57. Su desarrollo reglamentario se regula en los artículos 157 a 162 del RGAT.

RESOLUCIONES RELEVANTES

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, n.º 487/2019, de 9 de abril, ECLI:ES:TS:2019:1174

Asunto: solicitud de rectificación de la autoliquidación presentada por ISD una vez iniciado un procedimiento inspector respecto de la obligación.

"2.1 La solicitud de rectificación de una autoliquidación solicitada por el contribuyente una vez iniciado un procedimiento inspector (del que tiene cumplida noticia y cuya incoación le fue notificada) debe ser tenida en cuenta por la Administración, que deberá dar respuesta motivada a la procedencia o no de la misma antes de adoptar la decisión correspondiente en el seno de tal procedimiento de comprobación e inspección.

2.2 Tal petición no implica, sin embargo, que la Administración deba estar indefectiblemente a los datos "rectificados" por el contribuyente, ni que, por tanto, deba descartar los valores que se tuvieron en cuenta al presentar la correspondiente autoliquidación y sustituirlos por los derivados de la solicitud de rectificación,  pues la actividad exigible a la Administración en este caso es responder a la procedencia de la rectificación a tenor de las alegaciones formuladas por el interesado.

2.3 No resulta obligado, en el caso de que la rectificación se refiera al valor de los bienes afectados por el tributo, que la Administración inicie un específico procedimiento de comprobación de valores, aunque sí deberá analizar si era procedente o no, en cuanto al fondo, aquella rectificación, a cuyo efecto deberá razonar sobre la concurrencia o no de los presupuestos de la misma (esto es, sobre se ha constatado en el supuesto de hecho la existencia de un error de hecho o de derecho).

(...)

Consecuencia obligada de lo aquí expuesto es la estimación del recurso de casación deducido por la representación procesal del Principado de Asturias, pues la sentencia de la Sala de Asturias no se acomoda a la doctrina que acabamos de establecer.

Y es que, en efecto, la sentencia recurrida se aparta de la interpretación expuesta al ofrecer a la Administración –en el seno del procedimiento inspector– solo dos alternativas: o acoger la rectificación y entender que el valor de los bienes inmuebles es el resultado de la petición de rectificación (que sustituiría la valoración consignada en la autoliquidación) o iniciar un procedimiento de comprobación de aquellos valores antes de dictar la resolución que ponga fin al procedimiento de inspección.

De esa forma, siempre según la Sala a quo, la Inspección carecería de atribuciones para analizar si procede o no la rectificación en cuanto al fondo, de forma que el rechazo de la misma amparado en la inexistencia de cualquier error de hecho o de derecho en la valoración inicial determina la nulidad de la liquidación y la necesidad, por tanto, de estar a los valores "rectificados".

La interpretación que hemos llevado a cabo obliga, como se ha dicho, a casar dicha sentencia, pues –en contra de lo que ésta defiende– podía la Administración, sin necesidad de acudir a la comprobación de valores, analizar la procedencia de la rectificación en cuanto al fondo.

Y eso (tener en cuenta las alegaciones) es, cabalmente, lo que hizo el órgano competente en su liquidación: rechazó la modificación interesada por cuanto el cambio de voluntad de los herederos no integra un supuesto de error facti o de error iuris, máxime si se tiene en cuenta –como dijimos más arriba– que, en su autoliquidación, los herederos se atemperaron escrupulosamente a los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor de determinados bienes inmuebles urbanos, a efectos del impuesto sobre sucesiones, establecidos por la propia Administración autonómica para el año 2011 (Decreto 148/2010, de 15 de diciembre).

Esa declaración (de conformidad a derecho de las resoluciones recurridas) se extiende también a la sanción tributaria, no solo porque la infracción considerada en el expediente sancionador deriva de la inclusión en la base imponible de determinados elementos no declarados (no descansa en la improcedencia de la rectificación), sino fundamentalmente porque la parte aquí recurrida no cuestionó la procedencia de la sanción de manera autónoma a su pretensión relacionada con la petición de modificación de la autoliquidación.

Y es que, en efecto, en la demanda –v. apartado e) de los fundamentos de fondo de dicho escrito– solo se hace referencia al carácter desproporcionado y contrario a derecho de la sanción, pero no se justifica en modo alguno la razón de ser de aquella desproporción o de esa disconformidad a derecho, sin referirse si quiera a los presupuestos en los que se asentó la aplicación del tipo infractor (la adición de ciertos bienes y derechos  al caudal relicto), sea para discutirlos, sea para enervar su relevancia a efectos sancionadores".

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

Resolución no vinculante del Tribunal Económico-Administrativo de Asturias (n.º resolución: 33/00008/2019), de 4 de junio de 2020

Asunto: obligación que tiene la Administración tributaria de motivar con carácter previo que el valor declarado por el obligado tributario no se corresponde con el valor que consignaron los contribuyentes en su declaración por ISD.

"En el presente caso, la interesada declaró el inmueble por el valor resultante del método previsto en este art. 57.1.b) LGT,  aplicando sobre el valor catastral del inmueble (39.973,83 euros) un coeficiente del 1,33, correspondiente a transmisiones de viviendas situadas en localidad asturiana ... para el año 2017, según Resolución de la Consejería de Hacienda y Sector Público de fecha 19-12-2016 por la que se aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor de determinados bienes inmuebles urbanos a efectos del ITP y AJD e ISD.

Es cierto que reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo ha señalado que cuando la Administración tributaria acuda al método de comprobación de valores del art. 57.1.b) LGT debe motivar con carácter previo que el valor declarado por el obligado tributario no se corresponde con el valor, atendiendo a la naturaleza presuntiva y subsidiaria del referido método. Pero tal criterio resulta aplicable a los procedimientos en que la Administración ha decidido desvirtuar el valor declarado por el contribuyente, sin que quepa considerar, tal y como pretende aquí la oficina gestora, que esa obligación de especial motivación en la utilización del método sea exigible al supuesto del art.134 LGT. Tal precepto excluye claramente  la posibilidad de comprobación de valor cuando es el obligado tributario quien voluntariamente decide acogerse a esas tablas publicadas por la Administración, sin que en este caso sea preciso justificar tal elección, a diferencia de lo que ocurre con los actos administrativos de comprobación de valor que deben ser motivados de conformidad con la exigencia general prevista en el art. 103.3 LGT.

Por ello y al amparo de lo expresamente previsto en el artículo 134 LGT no resulta posible que la Administración practique comprobación del valor declarado por el inmueble controvertido, debiendo anularse la liquidación impugnada".

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Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Real Decreto 1065/2007 de 27 de Jul (Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas de los procedimientos de aplicación de los tributos) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 213 Fecha de Publicación: 05/09/2007 Fecha de entrada en vigor: 01/01/2008 Órgano Emisor: Ministerio De Economia Y Hacienda

Ley 11/2021 de 9 de Jul (Medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 164 Fecha de Publicación: 10/07/2021 Fecha de entrada en vigor: 11/07/2021 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Decreto 148/2010, de 15 de diciembre, por el que se establecen los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos, a efectos de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, durante el ejercicio 2011. DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Principado de Asturias Número: 294 Fecha de Publicación: 22/12/2010 Fecha de entrada en vigor: 01/01/2011 Órgano Emisor: Consejeria De Economia Y Hacienda

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