El concepto del derecho penal objetivo

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El derecho penal es un instrumento jurídico por medio del cual los que tienen atribuida la representación de la sociedad, bien en un plano legislativo, bien en un plano judicial, van a aplicar a aquellos ciudadanos que realicen actos contrarios a las reglas que se contengan en el mismo.

El concepto de derecho penal desde un punto de vista objetivo, se define como el conjunto normativo relativo a una sociedad determinada cuyas normas definen, como infracciones penales, determinadas conductas a las cuales se les aplican ciertas consecuencias jurídicas que se van a denominar como penas o medidas de seguridad.

Por otro lado, también podemos acercarnos al concepto de derecho penal desde un punto de vista subjetivo, que determina que se entiende por derecho penal subjetivo o también conocido con el nombre de ius puniendi o potestad punitiva al conjunto de facultades que corresponden a un determinado sujeto, en nuestra sociedad, dicho sujeto será el Estado, para poder llevar a cabo la imposición de sanciones (bien penas, bien medidas de seguridad según el caso concreto) cuando un individuo cometa algún tipo de delito.

 

 

Para poder definir lo que sería el derecho penal, en un primer momento, tenemos que tener en cuenta el hecho de que el derecho penal puede ser definido desde múltiples puntos de vista. Tal es así, que el derecho penal puede ser entendido enfocándolo desde un punto de vista objetivo, desde un punto de vista subjetivo y como ciencia del derecho. Pero además, puede ser definido desde un punto de vista formal o desde un punto de vista material.

Es importante, puesto que en la sociedad rige el valor simbólico de las amenazas punitivas, que acaba concretándose en la no realización de determinadas conductas por parte de los ciudadanos por temor a las sanciones que les pueden ser impuestas.

El derecho penal objetivo está formado por las distintas normas jurídico-penales que tiene un ordenamiento jurídico concreto, normas que van a estructurarse en dos partes: el hecho (que recoge el comportamiento ordenado o bien prohibido) y la consecuencia jurídica (que recoge la sanción que se va a imponer en caso de que un individuo no realice la conducta obligada, o bien lleve a cabo un comportamiento que está prohibido, por considerar dichas conductas como infracciones delictivas o como estados peligrosos).

Por tanto, observamos que la norma penal recoge un determinado pronunciamiento, para que los individuos de una sociedad determinada se comporten de una manera determinada, surgiendo de esto una concepción objetiva de lo que es la antijuridicidad. Se considera como antijuridicidad la lesión de las normas de derecho penal que se produce cuando el individuo lleva a cabo una conducta considerada intolerable según nuestro ordenamiento jurídico, ya que se pone en peligro o directamente se daña determinados intereses que están protegidos por nuestro derecho.

Además, dentro del derecho penal objetivo tenemos que destacar que la principal normativa con la que nos encontramos estaría formada por: el Código Penal (Ley Órgánica 10/1995 de 23 de Noviembre), la Ley de Enjuiciamiento Criminal (RD de 14 de Septiembre 1882), la Ley del Tribunal del Jurado (Ley Orgánica 5/1995 de 22 Mayo), la Ley de Responsabilidad Penal del Menor (Ley Orgánica 5/2000 de 12 Enero), la Ley Orgánica 6/1984 de 24 de Mayo, Reguladora del Procedimiento de Habeas Corpus y el Código Penal Militar (Ley Orgánica 13/1985, de 9 de Diciembre).

Así pues, es la ley la que legitima al Estado para imponer sanciones a los individuos que realicen un comportamiento considerado intolerable según nuestro ordenamiento jurídico.

De este modo, es importante entender el derecho desde el punto de vista subjetivo, ya que gracias al mismo se pretende llevar a cabo la protección de los bienes jurídicos más preciados frente a las lesiones que podrían causar los individuos si realizan determinados comportamientos, que por tal se considerarán delictivos.

Como en nuestra sociedad es el Estado el que tiene la facultad para imponer sanciones, se puede considerar al derecho subjetivo como la expresión de un acuerdo democrático tomado en uso de las facultades conferidas por la ciudadanía y que está dirigido a todos bajo amenaza de sanción.

Sin embargo, es importante decir también que el derecho penal subjetivo además de facultar al estado para imponer sanciones, también supondrá el límite del poder punitivo del mismo, respecto a la creación de las normas jurídico-penales como en lo que a la aplicación de las mismas se refiere, cuando hacemos referencia a un individuo en concreto que infringió lo recogido en ellas. Por ello, para limitar la acción del Estado el derecho penal subjetivo tiene límites destacables, que se basan en determinados principios y garantías que el Estado tiene el deber de respetar, como es el caso del principio de legalidad, de intervención mínima, el principio de culpabilidad, entre otros.

Esta diferenciación que se le da al derecho penal según el punto de vista que utilicemos es importante, ya que el derecho penal objetivo puede ser considerado como necesario para que tenga sentido lo que recoge el derecho penal subjetivo, ya que en nuestra sociedad, el Estado, que es el que está facultado para penar comportamientos delictivos, necesita de las normas jurídico-penales que regulen dichos comportamientos (hechos) y las sanciones en caso de que un individuo realice conductas basadas en lesionar bienes jurídicos protegidos (consecuencia jurídica).

Hay que destacar sin embargo, que el derecho penal subjetivo no va a ser un reflejo del derecho penal objetivo, sino que el derecho penal objetivo se tiene que entender como el fruto del ejercicio del derecho penal subjetivo o ius puniendi. De este modo, podemos saber cómo se llevó a cabo el derecho, cuáles fueron las valoraciones que realizó el legislador, en qué se basa para imponer las distintas sanciones…

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