Concepto de extranjería

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  • Fecha última revisión: 29/12/2015

De esta forma, por lo que se refiere al caso español, son extranjeros los que carezcan de la nacionalidad española. En España el régimen de extranjería se encuentra regulado básicamente en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. En cuanto a los derechos individuales de los extranjeros se considera que los derechos que les amparan tienen su base en la condición humana y deben ser iguales que los de los nacionales.

Los Estados, como parte del ejercicio de su soberanía, están capacitados para decidir quienes son  sus nacionales y a quienes considera extranjeros. El Estado ejerce sus competencias sobre un determinado territorio y sobre las personas que en él se encuentren (nacionales, extranjeros). Respecto de los extranjeros, el Estado se ve limitado por el Derecho Internacional de manera general (respetar el Standard minimun internacional) o de manera convencional (los Estados procuran conseguir que los tratados que celebran con otros Estados en cuyo territorio se encuentren nacionales de los primeros reconozcan derechos en beneficio de estos). Para determinar a quienes considera extranjeros un Estado se utilizan dos criterios:

  • - Criterio de exclusión: En principio se considera extranjero a todos los no nacionales. Es un criterio válido, aunque con él también se incluye en estos a los apátridas, que tampoco son nacionales.
  • - Criterio general: Se considera extranjeros a las personas físicas o jurídicas que no son consideradas como nacionales por el país en que están domiciliadas o en el que son transeúntes o en cuyo territorio operan. Sin embargo, tampoco son considerados como nacionales suyos por un tercer Estado o por varios, en el caso de nacionalidad múltiple.

De esta forma, por lo que se refiere al caso español, son extranjeros los que carezcan de la nacionalidad española. En España el régimen de extranjería se encuentra regulado básicamente en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. En cuanto a los derechos individuales de los extranjeros se considera que los derechos que les amparan tienen su base en la condición humana y deben ser iguales que los de los nacionales.

La Constitución española reconoce a los extranjeros en el Art. 13 ,Constitución española las libertades públicas que se garantizan en el Título I de la misma. Más concretamente, se reconoce a los extranjeros el derecho a circular libremente, el derecho a elegir residencia, el derecho de reunión, de asociación, de educación y de afiliación sindical, de asistencia sanitaria, entre otros, todo ello de acuerdo con las leyes que regulan el ejercicio de estos derechos. También es importante tener en cuenta que la legislación de extranjería no se aplica a los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y aquellos a quienes les sea de aplicación el régimen comunitario. Por tanto, aunque la definición del estatuto de los extranjeros es esencialmente una competencia estatal, en los Estados miembros de la Unión Europea dicha competencia se encuentra condicionada por la aparición de un incipiente derecho de extranjería de la Unión.

Por tanto, se considera extranjero (a efectos de la aplicación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social) a aquél que carezca de la nacionalidad española, sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales y en los Tratados Internacionales en los que España sea parte. Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y aquellos a quienes sea de aplicación el régimen comunitario se regirán por las normas que lo regulan, siéndoles de aplicación la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero en aquellos aspectos que pudieran ser más favorables.

Las situaciones en las que pueden encontrarse los extranjeros en España son las de estancia (que no puede superar los noventa días, salvo prórroga), y la de residencia (que será temporal con autorización hasta 5 años y permanente a partir de 5 años). Si el extranjero quiere ejercer en España actividades laborales o profesionales por cuenta propia o ajena, debe tener además del permiso de residencia, el de trabajo. No obstante, existen excepciones a ello cuando se trate de técnicos, científicos, profesores invitados o contratados por el Gobierno, funcionarios extranjeros, corresponsales, artistas, ministros religiosos, etc.

Los extranjeros y los apátridas están en principio sometidos al derecho interno del Estado en cuyo territorio se encuentran ocasional o temporalmente, y muy especialmente a las normas de aplicación territorial, de seguridad pública y a todas aquellas cubiertas por el concepto de orden público interno o internacional. También les obligan las normas internas sobre el régimen de los extranjeros (obligación de estar provisto de pasaporte, proveerse de autorizaciones especiales de trabajo, etc.).

El incumplimiento de los requisitos y exigencias que determinan las situaciones de los extranjeros puede dar lugar a sanciones, como la expulsión de España, que se aplicará tanto a los que no obtengan prórroga de estancia, permiso de residencia, o contrato de trabajo, como a los que estén implicados en actividades contrarias al orden público o a la seguridad, así como a los que hayan sido condenados por delitos sancionados con pena privativa de libertad, o a los que carecen de medios lícitos de vida, etc

Aplicación el régimen comunitario

Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y aquellos a quienes sea de aplicación el régimen comunitario se regirán por las normas que lo regulan, siéndoles de aplicación laLey Orgánica 4/2000, de 11 de enero, en aquellos aspectos que pudieran ser más favorables. Régimen privilegiado de los ciudadanos de la Unión Europea

 

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