Fase previa a la vía judicial en el juicio ordinario laboral: conciliación previa y juicio

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La conciliación o mediación previas en materia laboral se regulan en los Art. 83-89 ,LJS.

En función de quien ostente la condición de empleador se verá modificado el procedimiento extraprocesal que deberá instar el trabajador; de esta manera, cuando esta condición la ostenta una persona física o jurídica -privada-, el acto preprocesal será la conciliación previa (Art. 63 ,LJS); si, por el contrario, quien ostenta la condición de empleador es una Administración Pública, la vía para intentar evitar el proceso judicial será la reclamación administrativa previa (Art. 64-69 ,LJS) y si, por último, el empleador es una cooperativa de trabajo asociado y el trabajador despedido un socio de ésta, la evitación del proceso se intentará con un recurso previo ante el propio consejo rector de la sociedad cooperativa.

NOVEDAD: Las modificaciones realizada por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, sobre la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, entrarán en vigor a partir del 02/10/2016, y afectaran, entre otros aspectos a las excepciones a la conciliación o mediación previas; el agotamiento de la vía administrativa previa a la vía judicial social; vinculación respecto a la reclamación administrativa previa en materia de prestaciones de Seguridad Social o vía administrativa previa: celebración del juicio o la presentación de la demanda por despido.

Esquema fase previa a la vía judicial en el juicio laboral ordinario

SIN RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA

(Art. 70 ,LJS, con efectos de 02/10/2016, modificado por por la D.F. 3.3, Ley 39/2015, de 1 de octubre)

 

 →

 

 

Actos preparatorios

(Art. 76-77 ,LJS)

 

 →

 

 

 

 

DEMANDA

SIN CONCILIACIÓN PREVIA

(Art. 64 ,LJS, con efectos de 02/10/2016, modificado por por la D.F. 3.1, Ley 39/2015, de 1 de octubre)

 

 

 →

 

 →

CON  RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA

(Art. 69 ,LJS,  con efectos de 02/10/2016, modificado por por la D.F. 3.3, Ley 39/2015, de 1 de octubre)

 

 

 

Contra la administración (cuando así proceda, de acuerdo con lo establecido en la normativa de procedimiento administrativo aplicable, Art. 69 ,LJS, ss.)

Contra la Seguridad Social (Art. 71 ,LJS ss.)

 

 

 

 →

Estimada

 →

FIN: Resolución administrativa: Ejecución administrativa

Desestimada expresamente

Hay resolución administrativa

DEMANDA

Desestimada tácitamente:

No hay resolución administrativa

CON CONCILIACIÓN PREVIA

(Art. 63 ,LJS, ss.)

 →

Con avenencia

 →

Acta

 →

FIN Título ejecutivo como judicial

Sin avenencia

 

 →

Medidas precautorias (Art. 78-79 ,LJS)

 

 →

DEMANDA

 →

Sin efecto

 →

Los Art. 83-89 ,LJS se ocupan de estos dos tipos de actos procesales.

El acto de conciliación se llevará a cabo por el Secretario Judicial, mientras que el acto del juicio será desarrollado ante el Juez determinado.

El Secretario Judicial realizará su labor mediadora e intentará la conciliación de las partes. Si éstas lograran llegar a un acuerdo, dictará un decreto aprobándolo y  acordando el archivo de las actuaciones.

Del mismo modo, si las partes llegasen a un acuerdo antes de los días señalados para la conciliación y juicio, el Secretario lo aprobará. La conciliación y la resolución aprobatoria, oral o escrita, se documentarán en la propia acta de comparecencia.

La conciliación judicial consistirá en un medio alternativo a la resolución del conflicto, y se acordará ante el propio Secretario.

Si considerara el Secretario que lo acordado constituye una lesión grave para las partes o para terceros, o fuese constitutivo de fraude de Ley, o abuso de derecho o contrario al interés público, no aprobará el acuerdo, y advertirá a las partes que deberán comparecer para la celebración del acto del juicio.

Si en la conciliación ante el Secretario, no se lograse llegar a un acuerdo y se procediera a la celebración del juicio, el acuerdo al que puedan llegar las partes en este momento, le corresponderá aprobarlo al juez o tribunal ante el que se hubiere obtenido mediante resolución oral o escrita documentada en el propio acuerdo.

Y se expresa en este Art. 84 ,LJS, respecto al Secretario, “sólo cabrá nueva intervención del secretario judicial aprobando un acuerdo entre las partes si el acto del juicio se llegase a suspender por cualquier causa.”

Todo acto de conciliación se documentará en la correspondiente acta.

La conciliación y los acuerdos entre las partes aprobados por el secretario judicial o, en su caso, por el juez o tribunal se llevarán a efecto por los trámites de la ejecución de sentencias.

La conciliación podrá ser impugnada por medio de una acción, que se ejercitará ante el mismo juzgado o tribunal al que le hubiera correspondido conocer la demanda. Esta acción caducará en el plazo de treinta días desde la fecha de su celebración.

En caso de que fuesen los terceros perjudicados los que quisiesen ejercer esta acción, el plazo contará desde que pudieran haber conocido el acuerdo. Su impugnación podrá ser fundamentada en la ilegalidad o lesividad.

Las partes podrán ejercer, también,  la acción de nulidad, por las causas que invalidan los contratos.

El Art. 83 ,LJS, regula el supuesto de suspensión del acto de conciliación y juicio. Sólo podrá ser suspendido, a petición de ambas partes o por motivos justificados. El Secretario podrá acordar esa suspensión de una sola vez, señalándose nuevamente otro plazo, dentro de los diez días siguientes a la fecha de la suspensión.  

Excepcionalmente y por circunstancias trascendentes adecuadamente probadas, podrá acordarse una segunda suspensión.

Si el demandante, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del juicio, el secretario judicial en el primer caso y el juez o tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda.

Sin embargo, la incomparecencia injustificada del demandado, no impedirá la celebración de los mismos, y por esta incomparecencia será declarado rebelde.

Si no existiese conciliación entre las partes, se procederá a la celebración del juicio. En el Art. 85 ,LJS se expresa lo siguiente:

“Con carácter previo se resolverá, motivadamente, en forma oral y oídas las partes, sobre las cuestiones previas que se puedan formular en ese acto, así como sobre los recursos u otras incidencias pendientes de resolución, sin perjuicio de la ulterior sucinta fundamentación en la sentencia, cuando proceda. Igualmente serán oídas las partes y, en su caso, se resolverá, motivadamente y en forma oral, lo procedente sobre las cuestiones que el juez o tribunal pueda plantear en ese momento sobre su competencia, los presupuestos de la demanda o el alcance y límites de la pretensión formulada, respetando las garantías procesales de las partes y sin prejuzgar el fondo del asunto.

A continuación, el demandante ratificará o ampliará su demanda, aunque en ningún caso podrá hacer en ella variación sustancial.”

El demandado contestará afirmando o negando los hechos en que se fundamenta la demanda, y podrá alegar cuantas excepciones estime procedentes. Únicamente podrá formular reconvención cuando la hubiese anunciado en la conciliación previa al proceso o en la contestación a la reclamación previa en materia de prestaciones de Seguridad Social o resolución que agote la vía administrativa, y hubiese expresado en esencia los hechos en que se funda y la petición en que se concreta. No se admitirá la reconvención, si el órgano judicial no es competente, si la acción que se ejercita ha de ventilarse en modalidad procesal distinta y la acción no fuera acumulable, y cuando no exista conexión entre sus pretensiones y las que sean objeto de la demanda principal. (NOVEDAD: Modificación del Art. 85 ,LJS, con efectos de 2 de octubre de 2016, por la disposición final 3.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre)

No será necesaria reconvención para alegar compensación de deudas, siempre que sean vencidas y exigibles y no se formule pretensión de condena reconvencional, y en general cuando el demandado esgrima una pretensión que tienda exclusivamente a ser absuelto de la pretensión o pretensiones objeto de la demanda principal, siendo suficiente que se alegue en la contestación a la demanda. Si la obligación precisa de determinación judicial por no ser líquida con antelación al juicio, será necesario expresar concretamente los hechos que fundamenten la excepción y la forma de liquidación de la deuda, así como haber anunciado la misma en la conciliación o mediación previas, o en la reclamación en materia de prestaciones de Seguridad Social o resolución que agoten la vía administrativa. Formulada la reconvención, se dará traslado a las demás partes para su contestación en los términos establecidos para la demanda. El mismo trámite de traslado se acordará para dar respuesta a las excepciones procesales, caso de ser alegadas. (NOVEDAD: Modificación del Art. 85 ,LJS, con efectos de 2 de octubre de 2016, por la disposición final 3.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre)

Si no se suscitasen cuestiones procesales o si, suscitadas, se hubieran contestado, las partes o sus defensores con el tribunal fijarán los hechos sobre los que exista conformidad o disconformidad de los litigantes, consignándose en caso necesario en el acta o, en su caso, por diligencia, sucinta referencia a aquellos extremos esenciales conformes, a efectos de ulterior recurso. Igualmente podrán facilitar las partes unas notas breves de cálculo o resumen de datos numéricos.

En el Art. 86 ,LJS se determina que en ningún caso se suspenderá el procedimiento por seguirse causa criminal sobre los hechos debatidos.

“En el supuesto de que fuese alegada por una de las partes la falsedad de un documento que pueda ser de notoria influencia en el pleito, porque no pueda prescindirse de la resolución de la causa criminal para la debida decisión o condicione directamente el contenido de ésta, continuará el acto de juicio hasta el final, y en el caso de que el juez o tribunal considere que el documento pudiera ser decisivo para resolver sobre el fondo del asunto, acordará la suspensión de las actuaciones posteriores y concederá un plazo de ocho días al interesado para que aporte el documento que acredite haber presentado la querella. La suspensión durará hasta que se dicte sentencia o auto de sobreseimiento en la causa criminal, hecho que deberá ser puesto en conocimiento del juez o tribunal por cualquiera de las partes.”

La tramitación de otro procedimiento ante el orden social, no dará lugar a la suspensión del proceso, salvo en los casos previstos en la Ley. No obstante, a solicitud de ambas partes, podrá suspenderse el procedimiento hasta que recaiga resolución firme en otro procedimiento distinto, cuando en éste deba resolverse la que constituya objeto principal del primer proceso.

Por lo que respecta a la prueba que pueda practicarse en el acto del juicio, se practicarán aquellas sobre los hechos en que no exista conformidad. Podrán admitirse también aquellas que requieran la traslación del juez o tribunal fuera del local de la audiencia, si se estimasen imprescindibles. En este caso, se suspenderá el juicio por el tiempo estrictamente necesario.

El juez o tribunal resolverá sobre la pertinencia de las pruebas propuestas y determinará la naturaleza y clase de medio de prueba de cada una de ellas según lo previsto en el Art. 299 ,LECiv

Es importante señalar que, una vez comenzada la práctica de una prueba admitida, si renunciase a ella la parte que la propuso, podrá el órgano judicial, sin ulterior recurso, acordar que continúe.

El apartado tercero de este Art. 87 ,LJS, expresa respecto a las preguntas necesarias para el esclarecimiento de los hechos, lo siguiente:

"El órgano judicial podrá hacer, tanto a las partes como a los peritos y testigos, las preguntas que estime necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Los litigantes y los defensores podrán ejercitar el mismo derecho.

El juez o tribunal, sin apartarse de las pretensiones y causa de pedir que expresen las partes en la demanda y contestación, podrá someter a las partes para alegaciones durante el juicio cuantas cuestiones deban ser resueltas de oficio o resulten de la fundamentación jurídica aplicable, aun cuando hubiera sido alegada de modo incompleto o incorrecto. Igualmente podrá solicitar alegaciones sobre los posibles pronunciamientos derivados que por mandato legal, o por conexión o consecuencia, resulten necesariamente de las pretensiones formuladas por las partes. Si el acto de juicio hubiere quedado concluso, la audiencia a este respecto se sustanciará por el plazo común de tres días, mediante alegaciones escritas y preferiblemente por medio informático o telemático, siguiéndose el trámite del apartado 6 de este mismo artículo."

 Practicada la prueba, las partes o sus defensores o representantes, en su caso, formularán oralmente sus conclusiones de un modo concreto y preciso, determinando en virtud del resultado de la prueba, as cantidades que, por cualquier concepto, sean objeto de petición de condena principal o subsidiaria; o bien, en su caso, formularán la solicitud concreta y precisa de las medidas con que puede ser satisfecha la pretensión ejercitada.

En el párrafo sexto, se posibilita a las partes para formulen sus conclusiones por escrito, si  las pruebas documentales o periciales practicadas resultasen de extraordinario volumen o complejidad.

Finalizado el juicio, entro del plazo para dictar sentencia, el juez o tribunal podrá acordar la práctica de cuantas pruebas estime necesarias, como diligencias finales, con intervención de las partes y en la forma establecida.

El plazo para practicar estas pruebas no excederá de veinte días. Si transcurre este plazo y no se realizan, el órgano judicial dictará un nuevo proveído, fijando nuevo plazo no superior a diez días para la ejecución del acuerdo y librando las comunicaciones oportunas. Si dentro de éste tampoco se hubiera podido practicar la prueba, el juez o tribunal, previa audiencia de las partes, acordará que los autos queden definitivamente conclusos para sentencia.

Las sesiones del juicio oral se registrarán en un soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen. Sin embargo, cuando no se cuente con estos medios, el Secretario Judicial extenderá acta de cada sesión, en la que se hará constar los datos enumerados en el párrafo cuarto del Art. 89 ,LJS

Éstos son:

1.-  Lugar, fecha, juez o tribunal que preside el acto, partes comparecientes, representantes y defensores que les asisten.

2.- Breve resumen de las alegaciones de las partes, medios de prueba propuestos por ellas, declaración expresa de su pertinencia o impertinencia, razones de la negación y protesta, en su caso.

3.- En cuanto a las pruebas admitidas y practicadas:

  • a) Resumen suficiente de las de interrogatorio de parte y de testigos.
  • b) Relación circunstanciada de los documentos presentados, o datos suficientes que permitan identificarlos, en el caso de que su excesivo número haga desaconsejable la citada relación.
  • c) Relación de las incidencias planteadas en el juicio respecto a la prueba documental.
  • d) Resumen suficiente de los informes periciales, así como también de la resolución del juez o tribunal en torno a las recusaciones propuestas de los peritos.
  • e) Resumen de las declaraciones de los asesores, en el caso de que el dictamen de éstos no haya sido elaborado por escrito e incorporado a los autos.

4. Conclusiones y peticiones concretas formuladas por las partes; en caso de que fueran de condena a cantidad, deberán expresarse en el acta las cantidades que fueran objeto de ella.

5. Declaración hecha por el juez o tribunal de conclusión de los autos, mandando traerlos a la vista para sentencia.

Del acta del juicio deberá entregarse copia a quienes hayan sido partes en el proceso, si lo solicitaren.

 

Ver sentencias: Tribunal Constitucional, nº 172/2007, de 23/07/2007, Rec. Recurso de amparo 133-2004; Tribunal Constitucional, nº 119/2007, de 21/05/2007, Rec. Recurso de amparo 2518-2004; Tribunal Constitucional, nº 265/2006, de 11/09/2006, Rec. Recurso de amparo 5455-2004; Tribunal Constitucional, nº 77/2003, de 28/04/2003, Rec. Recurso de amparo 3418/99; Tribunal Constitucional, nº 354/1993, de 29/11/1993, Rec. Recurso de amparo 341/1991.; TS, Sala de lo Social, nº S/S, de 16/11/2004, Rec. 6485/2003; TS, Sala de lo Social, nº S/S, de 21/06/2006, Rec. 1087/2005

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Reclamación administrativa previa
Acto de conciliación
Vía administrativa previa
Reconvención
Persona física
Actos previos al proceso
Cooperativa de trabajo asociado
Sociedad cooperativa
Agotamiento de la vía administrativa
Consejo rector
Acto preparatorio
Título ejecutivo
Fondo del asunto
Archivo de actuaciones
Fraude de ley
Interés publico
Abuso de derecho
Voluntad de las partes
Ejecución de sentencia
Lesividad
Acción de nulidad
Cuestiones previas
Falta de competencia
Compensación de deudas
Excepciones procesales
Cuestiones procesales
Medios de prueba
Prueba documental
Querella
Mandato
Causa petendi
Diligencias finales
Grabación
Informes periciales