Conclusión de la ejecución de sentencias en el orden contencioso

Suspensión de la tramitación de recursos en la LJCA

Artículo 111 de la LJCA

«Cuando se hubiere acordado suspender la tramitación de uno o más recursos con arreglo a lo previsto en el artículo 37.2, una vez declarada la firmeza de la sentencia dictada en el pleito que se hubiere tramitado con carácter preferente, el Secretario judicial requerirá a los recurrentes afectados por la suspensión para que en el plazo de cinco días interesen la extensión de los efectos de la sentencia o la continuación del pleito suspendido, o bien manifiesten si desisten del recurso.

Si se solicitase la extensión de los efectos de aquella sentencia, el Juez o Tribunal la acordará, salvo que concurra la circunstancia prevista en el artículo 110.5.b) o alguna de las causas de inadmisibilidad del recurso contempladas en el artículo 69 de esta Ley».

A TENER EN CUENTA. Debemos partir de lo contemplado en el artículo 37, apartado 2, de la LJCA, que establece para los casos de pluralidad de recursos con idéntico objeto, no acumulados, el órgano jurisdiccional debe tramitar uno o varios con carácter preferente, previa audiencia de las partes por plazo común de cinco días, suspendiendo el curso de los demás hasta dictar sentencia resolutoria del preferente.

Al igual que sucede para lo contemplado en el artículo 110 de la LJCA, respecto a los autos dictados en los casos de suspensión de la tramitación de recursos, el artículo 80, apartado 2 de la LJCA, fija que cabe recurso de apelación, así como recurso de casación (previo recurso de reposición), según lo preceptuado en el artículo 87, apartado 1 e), de la LJCA.

Así mismo, respecto a la extensión a terceros, el artículo 111 de la LJCA contempla esta facultad, regulando y ampliando lo ya otorgado en el artículo 72, apartado 3, de la LJCA, contemplando como excepción a la extensión cuando la doctrina determinante del fallo cuya extensión se postule fuere contraria a la jurisprudencia del Tribunal Supremo [véase el artículo 110, apartado 5 b) de la LJCA].

No deben confundirse ambos procesos o artículos 110 y 111, ya que el artículo 110 de la LJCA tiene un límite de aplicación material muy específico que así lo regula en su propio cuerpo normativo (materia tributaria y de personal) mientras que el segundo es de aplicación «en masa»: 

Sentencia del Tribunal Supremo, rec. 6192/2007, de 14 de noviembre de 2011, ECLI:ES:TS:2011:7804

«La extensión de efectos del artículo 110 está prevista para sentencias firmes, en materia tributaria y de personal, cuando los interesados se encuentren en idéntica situación jurídica que los favorecidos por el fallo y se cumplan determinados requisitos procesales, entre ellos el de la observancia del plazo que establece dicho precepto.

La previsión del artículo 37.2, en relación con el artículo 111, constituye un mecanismo procesal, alternativo para atender a los "procesos masa", con idéntico objeto, que permite, en lugar de la acumulación de autos, la tramitación de uno o varios con carácter preferente, suspendiéndose el curso de los demás hasta que se dicte sentencia en los primeros. Y es esta sentencia la que puede ser objeto de extensión de efectos, en los términos del artículo 111 y con la observancia de requisitos propios».

Respecto a la interpretación jurisprudencia del concepto de «personas afectadas», a titulo ilustrativo, podemos citar:

Sentencia del Tribunal Supremo, rec. 5240/2008, de 15 de febrero de 2011, ECLI:ES:TS:2011:748

«"[...] A la vista del tenor de algunos de los pasajes de los escritos de interposición, debemos decir finalmente, aunque ello ya se desprenda con toda nitidez de lo que hasta aquí llevamos razonado, que el ámbito subjetivo de las 'personas afectadas' a las que se refieren aquellos artículos 104.2 y 109.1 de la LJ no se identifica con el de las 'otras' personas ni con el de los 'recurrentes afectados' a que se refieren, respectivamente, los artículos 110 y 111 de la LJ, pues el primero de estos dos últimos preceptos lo que está específica y singularmente contemplando es la posible extensión de efectos de una sentencia en el punto o extremo en que reconoce una situación jurídica individualizada; y el segundo de ellos lo que contempla es la posible extensión del pronunciamiento alcanzado en un recurso contencioso-administrativo que se tomó como 'testigo' o como 'modelo' a otros que por tener idéntico objeto y para facilitar la gestión de la oficina judicial vieron suspendida su tramitación a la espera de aquel pronunciamiento".

(...) Por tanto, respondiendo ya a lo que nos propusimos cuando iniciamos el fundamento de derecho décimo, hemos de entender por "personas afectadas" aquellas que puedan ver menoscabados o perjudicados sus derechos o sus intereses legítimos por efecto de la ejecución o de la inejecución de la sentencia.

La aplicación de la anterior doctrina nos lleva a concluir que los Ayuntamientos ahora recurrentes tenían la consideración de "afectados" en el procedimiento de ejecución provisional, en cuanto sus intereses podían resultar menoscabados o perjudicados por la ejecución de la sentencia que anula el proyecto de desdoblamiento de la carretera que discurría por sus términos municipales y retrotrae el procedimiento administrativo, manteniéndose la "afectación" en tanto se ejecutara el pronunciamiento de la sentencia recaída en el proceso. Eran, pues, titulares de derechos e intereses legítimos que resultaban alcanzados por la ejecución de la sentencia, por ello, la decisión de denegar su personación resulta contraria a derecho».

Incumplimiento de plazos y ejecución forzosa de la sentencia en la LJCA

Concluye la regulación de ejecución de sentencias en el contencioso-administrativo, con los artículos 112 y 113 de la LJCA en los que, ante el incumplimiento de plazos contempla la exigencia de responsabilidad penal o la imposición de multas de hasta 150 a 1.500 euros, así como la posibilidad de instar la ejecución forzosa por las partes en el proceso.

De manera literal, el artículo 112 de la LJCA contempla:

«Transcurridos los plazos señalados para el total cumplimiento del fallo, el juez o tribunal adoptará, previa audiencia de las partes, las medidas necesarias para lograr la efectividad de lo mandado.

Singularmente, acreditada su responsabilidad, previo apercibimiento del Secretario judicial notificado personalmente para formulación de alegaciones, el Juez o la Sala podrán:

a) Imponer multas coercitivas de ciento cincuenta a mil quinientos euros a las autoridades, funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos del Juzgado o de la Sala, así como reiterar estas multas hasta la completa ejecución del fallo judicial, sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales a que hubiere lugar. A la imposición de estas multas les será aplicable lo previsto en el artículo 48.

b) Deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder».

A TENER EN CUENTA. Este precepto nos remite al artículo 48 de la LJCA en cuanto a la imposición de multas. A grandes rasgos cabe saber que dicho precepto, dispone que la multa será reiterada cada veinte días hasta el cumplimiento de lo requerido y en caso de imposibilidad de determinación individualizada de la autoridad o empleado responsable será la AP quien haga frente a la multa, pudiendo esta última repetir la acción contra el concreto responsable. Cabe recurso de reposición contra los autos que acuerden imposición de multas y su insatisfacción conllevará a que la multa firme se haga efectiva por vía judicial de apremio. 

RESOLUCIONES RELEVANTES

Sentencia del Tribunal Supremo n.º 1257/2020, de 5 de octubre, ECLI:ES:TS:2020:3180

«Es decir, frente al incumplimiento de la Administración las partes y personas afectadas pueden reaccionar acudiendo al juzgado o tribunal para que obliguen a aquella a dar cumplimiento al fallo de la sentencia. Y a partir de ese momento será responsabilidad del órgano jurisdiccional la adopción, en tiempo y forma, de las decisiones que procedan para lograr la efectividad de lo mandado (artículo 112LJCA), pudiendo llegar el Juez o la Sala, incluso, a imponer multas coercitivas y a deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder por el incumplimiento».

Auto del Tribunal Supremo, rec. 214/2010, de 13 de marzo de 2015, ECLI:ES:TS:2015:1876A

«PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, a la vista de la actuación desplegada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para el debido cumplimiento del fallo de la sentencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 14 de enero de 2013, que estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ y la Asociación ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DEL PAÍS VALENCIÀ contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de octubre de 2009, por el que se declara de utilidad pública y se aprueba a Red Eléctrica de España, S.A. el proyecto de ejecución de la línea eléctrica aérea —subterránea a 220 kV, doble circuito, de entrada y salida en la subestación de Montebello desde la línea a 220 kV Jijona—. El Cantalar, en la provincia de Alicante, y contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de febrero de 2010, que declaramos nulos, ordenando la retroacción del procedimiento a los efectos de que se proceda a reformular y completar la evaluación de impacto ambiental, respecto del trazado de la línea eléctrica que transcurre por la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Cabeçó d'Or y la Grana, no procede, por el momento, la imposición de multas coercitivas, al haberse seguido los trámites para la aprobación de la reformulación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de ejecución de la mencionada línea eléctrica, aunque se establece un plazo máximo de cuatro meses para concluir el expediente».

Por su parte, el artículo 113 de la LJCA, dispone:

«1. Transcurrido el plazo de ejecución que se hubiere fijado en el acuerdo a que se refiere el artículo 77.3, cualquiera de las partes podrá instar su ejecución forzosa.

2. Si no se hubiere fijado plazo para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del acuerdo, la parte perjudicada podrá requerir a la otra su cumplimiento y transcurridos dos meses podrá proceder a instar su ejecución forzosa».

Con ello se completa lo regulado en el artículo 77 de la LJCA que prevé la finalización de procedimientos a través de acuerdo, dictando en ese caso, por el juez o tribunal, auto declarando el fin del procedimiento, siempre que no sea contrario al orden público o cause daños al interés público o a terceros.

A TENER EN CUENTA. Es importante consultar el artículo 77 de la LJCA, en su totalidad, así como otros concordantes que puedan ser de aplicación, en cuanto a materias susceptibles de acuerdos y otros requisitos necesarios para su celebración.

Para mejor comprensión, entre otras, destacamos la siguiente sentencia:

Sentencia del Tribunal Supremo, rec. 2114/2006, de 24 de septiembre de 2008,  ECLI:ES:TS:2008:5313

«Si bien es cierto que no puede afirmarse con carácter absoluto que las sentencias meramente declarativas o constitutivas no puedan ser objeto de ejecución forzosa, sí lo es que su ejecución reviste ciertas peculiaridades que no es posible ignorar. La ejecución es posible en aquellos casos en que, simultáneamente con la declaración de nulidad o anulabilidad del acto, se produce el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y sea preciso adoptar las medidas legales necesarias para que ese reconocimiento resulte efectivo, o las indemnizaciones sustitutorias pertinentes en el caso de que no fuese material o legalmente posible efectivizar el reconocimiento; y a esa misma conclusión hemos de llegar (sentencia de esta Sala de 29 de octubre de 2.001) cuando la efectivización del fallo requiera una actividad ejecutiva de cualquier clase que sea».