La condición de los apátridas, indocumentados y refugiados

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 29/08/2019

Su regulación la encontramos en el Real Decreto 865/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de reconocimiento del estatuto de apátrida, el artículo 34 de la Ley de Extranjería, la Convención sobre el Estatuto de Apátridas, hecha en Nueva York el 28 de septiembre de 1954. Se reconocerá el estatuto de apátrida, según el artículo 1 del citado Reak Decreto, a toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación, y manifieste carecer de nacionalidad.

Tal y como expone el artículo 34 de la Ley de Extranjería, la condición de apatridia se concede por parte del Ministro del Interior a los extranjeros que, manifestando que carecen de nacionalidad, reúnen los requisitos previstos en la Convención sobre el Estatuto de Apátridas, hecha en Nueva York el 28 de septiembre de 1954, y les expedirá la documentación recogida en el artículo 27 de la Convención.

Si un extranjero se presenta ante el Ministerio del Interior acreditando que no puede ser documentado por las autoridades de ningún país y desea ser documentado en España, podrá obtener un documento identificativo que acredite su inscripción en las dependencias del Ministerio del Interior. Para ello deberá verificarse primero la pertinente información y concurrir razones excepcionales de índole humanitaria, interés público o cumplimiento de compromisos adquiridos por España. La documentación solicitada será denegada siempre que el solicitante esté incurso en alguno de los supuestos del artículo 26, o se haya dictado contra él una orden de expulsión.

En el momento en que exista resolución favorable sobre la petición de asilo se reconocerá al extranjero la condición de refugiado, el cual tendrá derecho a residir en España y a desarrollar actividades laborales, profesionales y mercantiles, atendiendo a lo dispuesto en la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. 

En la Sentencia Administrativo Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 255/2013 de 30 de Octubre de 2014, se muestra el caso de un nacido en un campo de refugiados en Tinduf, Argelia. Está recurriendo la desestimación de la solicitud presentada para ser reconocido como apátrida por silencio administrativo. El recurrente dispone de tarjeta de identidad saharaui y aporta, además de ésta, el certificado de nacimiento, expedido por la República Árabe Saharaui, además de un certificado de antecedentes penales en el que se recogen, entre otros datos, el domicilio del recurrente en los campamentos de refugiados saharauis y fotocopia del Libro de Familia. La valoración conjunta de los documentos aportados por el recurrente llevan a deducir que no está en posesión ni de la nacionalidad marroquí, ni de la argelina.

En cuanto a la condición de refugiado, nos sirve como ejemplo la Sentencia Administrativo, Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso, Sección 4, Rec 818/2018 de 10 de Julio de 2019, en la que el extranjero interpone recurso contencioso administrativo contra la resolución del Subsecretario de Interior, por delegación del Ministro, de 7 de junio de 2018, en la que se deniega el derecho de asilo y la protección subsidiaria.

El nacional camerunés declaró que vivía en Far North en Camerún junto a su padre, trabajando de ganadero. El asesinato de su padre por parte de Boko Haram provocó su salida del país en junio de 2015, iniciando su viaje hacia España. Afirma que teme ser asesinado por Boko Haram ya que muchos amigos lo han sido, sin aportar ningún tipo de documentación acompañando a la solicitud de asilo.

Posteriormente, después de que la resolución impugnada exponga que el relato es insuficiente respecto a las circunstancias de la muerte de su padre y sobre el motivo por el que dicho grupo hubiera atentado contra él o sufrir persecución por parte del mismo, el recurrente alude a la situación en Camerún y aporta varios informes de Amnistía Internacional para los años de 2015 a 2018 en los que se pone de manifiesto los ataques reiterados del grupo armado Boko Haram en el norte de Camerún. Considera que los largos y continuados ataques sufridos por él, miembros de su familia y amigos se integran en el contenido del artículo 7 de la Ley de Asilo, entendiendo más que fundado el temor a que el grupo terrorista atente contra su vida.

Entiende la Sala de la Audiencia que, al no indicarse las razones por las que su padre fue asesinado, no se puede determinar el motivo concreto que llevaría al recurrente a temer que le ocurriera lo mismo. Por otro lado, el derecho a la protección subsidiaria que solicita el recurrente se concede a personas que no tienen derecho a asilo o a ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen en el caso de los nacionales o, al de su anterior residencia habitual en el caso de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en el artículo 10 de la Ley 12/2009 de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. Para valorar la concesión de protección subsidiaria entiende la Sala que sería necesario que el solicitante hubiera acreditado su identidad, cosa que no ha sucedido, como tampoco acreditó su condición de ciudadano camerunés.

Por tanto, no existen para la Sala elementos suficientes para concederle la protección subsidiaria, desestimando sus dos pretensiones (el reconocimiento de refugiado y la obtención de protección subsidiaria).

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Apátrida
Refugiados
Protección subsidiaria
Derecho de asilo
Condición de refugiado
Petición de asilo
Apatridia
Interés publico
Orden de expulsión
Actividad laboral
Silencio administrativo
Documentos aportados
Antecedentes penales
Asesinato
Bandas armadas
Amnistía
Organización terrorista
Daño grave
Residencia habitual

Ley Orgánica 4/2000 de 11 de Ene (Derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 10 Fecha de Publicación: 12/01/2000 Fecha de entrada en vigor: 01/02/2000 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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