El contrato de gestión de cartera de valores

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Mercantil
  • Fecha última revisión: 13/11/2015

La gestión de carteras de inversión es un contrato por el que el gestor, en el ámbito de una empresa de servicios de inversión o una entidad parecida, tiene un campo de actuación limitado a la gestión discrecional e individualizada de carteras de inversión con arreglo a los mandatos conferidos a los inversores, pudiendo realizar también, como actividades complementarias, el asesoramiento a empresas sobre  la estructura de su capital y sobre la inversión en instrumentos financieros.

 

Dadas las funciones que realizan las sociedades gestoras de carteras, las órdenes que reciben de sus clientes, dentro de las distintas modalidades de contrato de gestión de carteras, son más genéricas y han de adaptarse a las funciones que realizan estas sociedades

Se obligan por tanto a administrar una cartera o conjunto determinado de valores negociables e instrumentos financieros pertenecientes a un tercero (el inversor o cliente), a cambio de una contraprestación que remunera sus servicios.

Su naturaleza jurídica es la de un mandato o comisión. Se rige por los pactos establecidos entre las partes y por las disposiciones de nuestros Códigos al respecto, aunque no debe olvidarse la aplicación de la norma reguladora del Mercado de Valores desarrollada, en este punto, por la Orden de 7 de Octubre de 1999. Se trata de un contrato consensual, por lo que no precisa, en principio de forma especial alguna para su validez y eficacia. No obstante, en protección del inversor, la Orden citada impone al gestor la norma de actuación de formalizar las relaciones con el cliente mediante un contrato-tipo de gestión, que fije los criterios a que ha de sujetarse la gestión de la cartera, y que ha de haberse sometido a la previa aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

La obligación fundamental del gestor es administrar el capital confiado de acuerdo con las instrucciones recibidas. En todo caso, la gestión debe poder considerarse, de acuerdo con el 140 ,Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre letra d), discrecional e individualizada, sujeta por un lado, salvo supuestos justificados, a los criterios generales de inversión pactados por escrito con el cliente, pero con la posibilidad para el gestor, por otro lado de poder tomar decisiones, dentro de este ámbito general dejando de lado los supuestos también excepcionales de necesaria autorización previa según su mejor juicio profesional. El gestor, insistimos, no es, en este sentido, un simple ejecutor de decisiones ya tomadas, ni tampoco un mero asesor financiero, sino un especialista que presta sus conocimientos y medios para una mejor orientación y administración propiamente dicha de la cartera.

La principal obligación del gestor es una obligación de actividad o medios. El gestor no queda obligado a conseguir un determinado resultado, sino a desplegar la diligencia exigible a quien específica y profesionalmente asume la gestión de unos concretos y determinados intereses ajenos, esto es, la diligencia de un ordenado empresario. También el gestor debe desempeñar su labor de manera leal, defendiendo y anteponiendo, en todo momento, los intereses del cliente a los suyos propios.

El gestor está también obligado a rendir cuentas de su gestión, manteniendo informado al cliente de la marcha de la gestión, y realizando las oportunas liquidaciones de las operaciones que vaya realizando, sin perjuicio de la rendición general de cuentas que se realice al término del contrato. Finalizado éste, deberán poner el patrimonio a disposición del cliente en la forma pactada, pudiendo retener las cantidades que le sean debidas. La obligación principal del cliente es remunerar al gestor conforme a lo pactado. Con independencia de que la remuneración tenga que ajustarse a las tarifas de comisiones previamente establecidas por el gestor. En la práctica se siguen fundamentalmente dos sistemas, según que la comisión se fije en función de la cuantía del capital gestionado, o lo haga en función de los resultados conseguidos. Naturalmente, el cliente está obligado a mantener indemne al gestor de los gastos y desembolsos que se haya efectuado por su cuenta.

En punto a la extinción del contrato, puede mencionarse que el contrato suele pactarse por tiempo indefinido, y que en tal caso cada una de las partes podrá resolverlo unilateralmente mediante preaviso. De forma que basándose en la revocabilidad ad nutum del mandato, se establece que el cliente conservará en todo momento la facultad de desistir unilateralmente el contrato, incluso si se ha pactado por tiempo determinado, sin perjuicio del derecho del gestor a percibir las comisiones y gastos pendientes de liquidación y reembolso.

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