Las costas procesales en el orden Contencioso-Administrativo

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Las costas procesales en el orden Contencioso-Administrativo, se encuentran reguladas en el Art. 139 ,Ley 29/1998, de 13 de julio, sin perjuicio de la remisión a la LEC que realiza el apartado 7  del mismo. 

La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, lleva a cabo la regulación de las costas procesales en el orden Contencioso-Administrativo en el Art. 139 ,Ley 29/1998, de 13 de julio. A este respecto, cabe decir que el tratamiento de las costas ha sufrido una importante modificación tras la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal que, tal y como indica en su propio Preámbulo, establece para los procesos de única o primera instancia el criterio del vencimiento pero con la posibilidad de que el tribunal pueda exonerar de las mismas cuando concurran circunstancias que justifiquen su no imposición, regulándose asimismo los supuestos de estimación o desestimación parcial.

Sentado lo anterior, el Art. 139 ,Ley 29/1998, de 13 de julio expresa lo siguiente:

  • En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En los supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, las imponga a una de ellas por haber sostenido su acción o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad.

  • En los recursos se impondrán las costas al recurrente si se desestima totalmente el recurso, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposición.

  • En el recurso de casación se impondrán las costas de conformidad con lo previsto en el apartado 4 del Art. 93 ,Ley 29/1998, de 13 de julio.

  • La imposición de las costas podrá ser a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima.

  • Para la exacción de las costas impuestas a particulares, la Administración acreedora utilizará el procedimiento de apremio, en defecto de pago voluntario.

  • En ningún caso se impondrán las costas al Ministerio Fiscal.

  • Las costas causadas en los autos serán reguladas y tasadas según lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil. A este respecto, el Art. 241 ,LEC, relativo al pago de las costas y gastos del proceso, dispone que:

    • Salvo lo dispuesto en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, cada parte pagará los gastos y costas del proceso causados a su instancia a medida que se vayan produciendo. Se considerarán gastos del proceso aquellos desembolsos que tengan su origen directo e inmediato en la existencia de dicho proceso, y costas la parte de aquéllos que se refieran al pago de los siguientes conceptos:

      • Honorarios de la defensa y de la representación técnica cuando sean preceptivas.
      • Inserción de anuncios o edictos que de forma obligada deban publicarse en el curso del proceso.
      • Depósitos necesarios para la presentación de recursos.
      • Derechos de peritos y demás abonos que tengan que realizarse a personas que hayan intervenido en el proceso.
      • Copias, certificaciones, notas, testimonios y documentos análogos que hayan de solicitarse conforme a la Ley, salvo los que se reclamen por el tribunal a registros y protocolos públicos, que serán gratuitos.
      • Derechos arancelarios que deban abonarse como consecuencia de actuaciones necesarias para el desarrollo del proceso.
      • La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, cuando sea preceptiva. No se incluirá en las costas del proceso el importe de la tasa abonada en los procesos de ejecución de las hipotecas constituidas para la adquisición de vivienda habitual. Tampoco se incluirá en los demás procesos de ejecución derivados de dichos préstamos o créditos hipotecarios cuando se dirijan contra el propio ejecutado o contra los avalistas.

    • Los titulares de créditos derivados de actuaciones procesales podrán reclamarlos de la parte o partes que deban satisfacerlos sin esperar a que el proceso finalice y con independencia del eventual pronunciamiento sobre costas que en éste recaiga.

    • Por lo que se refiere a la tasación de las costas habrá que estar a lo que se establece en el Art. 242 ,LEC y ss.

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