Creación y Estatutos de los Consorcios

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    Se estima el recurso contencioso administrativo interpuesto contra el acuerdo del Ayuntamiento de Marbella relativo a licencia de obras. Por una parte la licencia de obras se ha otorgado sin someterla a ningún planeamiento vigente, vulnerando el ordenamiento jurídico directa e inmediatamente aplicable y por otra parte, no ha existido un control de la legalidad urbanística respecto de la petición realizada, puesto que la Administración entre dos planes ineficaces opta por el qu...

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    PRIMERO.- El recurso de apelación que ahora se analiza se sustenta, fundamentalmente, en la necesaria aplicación del artículo 2 del Real Decreto 213/2003, de 21 de febrero , según el cual "no obstante, si durante este período (el de prácticas) se desempeñara un puesto de trabajo como funcionario en prácticas, el abono de las retribuciones corresponderá al Departamento ministerial u organismo público al que esté adscrito el citado puesto de trabajo". Considera entonces el Ayuntamiento ...

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    Órden: Administrativo Fecha: 30/04/2007 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Calvo Rojas, Eduardo Num. Recurso: 22/2005

    Se desestima el recurso de casación en interés de la ley interpuesto por el Ayuntamiento de La Coruña contra la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, sobre abono de retribuciones como funcionario en prácticas. Se determina que la sentencia de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Galicia no hace una formulación de carácter general que haga recaer sobre las corporaciones locales el cos...

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  • Orden: Administrativo
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Los Art. 123-124 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre se ocupan de regular, respectivamente, las normas básicas de creación de Consorcios y el contenido mínimo de sus Estatutos. Siendo su forma de creación el convenio, cuando en el mismo participe la AGE se requiere que la creación esté prevista por ley y que se cuente con autorización previa del Consejo de Ministros.

Antes de nada cabe recordar que la Ley 40/2015, de 1 de octubre, reguladora del Régimen Jurídico del Sector Público, con la idea de que la regulación del régimen jurídico de los Consorcios se realice a través de un único texto básico, ha procedido a derogar las previsiones al respecto contenidas en la legislación local (Ley 7/1985, de 2 de abril, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales) de ahí que, en consecuencia, sea el único texto a tener en cuenta a la hora de conocer sus principios.

Así, descendiendo a la regulación legal, y en cuanto a la creación de Consorcios, el Art. 123 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre dispone que estos se crearán mediante convenio suscrito por las Administraciones, organismos públicos o entidades participantes. Además, establece una serie de reglas especiales cuando en la misma interviene la Administración General del Estado. Así pues, en los consorcios en los que participe la Administración General del Estado o sus organismos públicos y entidades vinculados o dependientes se requerirá:

  • Que su creación se autorice por ley.

  • El convenio de creación precisará de autorización previa del Consejo de Ministros. La competencia para la suscripción del convenio no podrá ser objeto de delegación, y corresponderá al titular del departamento ministerial participante, y en el ámbito de los organismos autónomos, al titular del máximo órgano de dirección del organismo, previo informe del Ministerio del que dependa o al que esté vinculado.

  • Del convenio formarán parte los estatutos, un plan de actuación, de conformidad con lo previsto en el Art. 92 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre, y una proyección presupuestaria trienal, además del informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El convenio suscrito junto con los estatutos, así como sus modificaciones, serán objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Respecto del contenido de los Estatutos, el Art. 124 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre dispone que los estatutos de cada consorcio determinarán la Administración Pública a la que estará adscrito, así como su régimen orgánico, funcional y financiero de acuerdo con lo previsto en esta Ley y, al menos, los siguientes aspectos (Art. 124 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre):

  • Sede, objeto, fines y funciones.

  • Identificación de participantes en el consorcio así como las aportaciones de sus miembros. A estos efectos, en aplicación del principio de responsabilidad previsto en el Art. 8 ,Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, los estatutos incluirán cláusulas que limiten las actividades del consorcio si las entidades consorciadas incumplieran los compromisos de financiación o de cualquier otro tipo, así como fórmulas tendentes al aseguramiento de las cantidades comprometidas por las entidades consorciadas con carácter previo a la realización de las actividades presupuestadas.

  • Órganos de gobiernos y administración, así como su composición y funcionamiento, con indicación expresa del régimen de adopción de acuerdos. Podrán incluirse cláusulas que contemplen la suspensión temporal del derecho de voto o a la participación en la formación de los acuerdos cuando las Administraciones o entidades consorciadas incumplan manifiestamente sus obligaciones para con el consorcio, especialmente en lo que se refiere a los compromisos de financiación de las actividades del mismo.

  • Causas de disolución.

 

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