Creación, extinción y régimen jurídico de las sociedades mercantiles estatales

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 04/01/2017

Las cuestiones relacionadas con la creación, extinción y régimen jurídico de las sociedades mercantiles estatales se encuentran reguladas en los Art. 113-115 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre, entre ellas las relativas al régimen de responsabilidad aplicable a los miembros de los consejos de administración designados por la AGE: aunque tal responsabilidad será asumida directamente por esta última, ello no impide que la Administración General del Estado pueda exigir de oficio al empleado público que designó como miembro, aquella en que hubiera incurrido por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos, en caso de concurrencia de dolo, culpa o negligencia graves.

A la hora de conocer cuáles son las cuestiones esenciales relacionadas con la creación, extinción y régimen jurídico de las sociedades mercantiles estatales se debe acudir a lo dispuesto en los Art. 113-115 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre. Así:

En cuanto al régimen jurídico aplicable

 El Art. 113 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre señala que “las sociedades mercantiles estatales se regirán por lo previsto en esta Ley, por lo previsto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, y por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que le sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de personal, de control económico-financiero y de contratación". Además, se añade, "en ningún caso podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública, sin perjuicio de que excepcionalmente la ley pueda atribuirle el ejercicio de potestades administrativas”.

En cuanto a su creación 

La creación de una sociedad mercantil estatal (o la adquisición de este carácter de forma sobrevenida), será autorizada, tal y como dispone el apdo. 1 del Art. 114 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre) mediante acuerdo del Consejo de Ministros que deberá ser acompañado de una propuesta de estatutos y de un plan de actuación que contendrá, al menos:

  •  Las razones que justifican la creación de la sociedad por no poder asumir esas funciones otra entidad ya existente, así como la inexistencia de duplicidades. A estos efectos, deberá dejarse constancia del análisis realizado sobre la existencia de órganos o entidades que desarrollan actividades análogas sobre el mismo territorio y población y las razones por las que la creación de la nueva sociedad no entraña duplicidad con entidades existentes.

  • Un análisis que justifique que la forma jurídica propuesta resulta más eficiente frente a la creación de un organismo público u otras alternativas de organización que se hayan descartado.

  • Los objetivos anuales y los indicadores para medirlos.

Al acuerdo de creación de la sociedad mercantil estatal se acompañará un informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o la Intervención General de la Administración del Estado, según se determine reglamentariamente, que valorará el cumplimiento de lo previsto.

Por su parte, el Programa de Actuación Plurianual que conforme a la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, deben elaborar las sociedades cada año incluirá un plan de actuación anual que servirá de base para el control de eficacia de la sociedad. La falta de aprobación del plan de actuación dentro del plazo anual fijado, por causa imputable a la sociedad y hasta tanto se subsane la omisión, llevará aparejada la paralización de las aportaciones que deban realizarse a favor de la sociedad con cargo a los presupuestos generales del Estado.

En cuanto a su liquidación

  • La liquidación de una sociedad mercantil estatal recaerá en un órgano de la Administración General del Estado o en una entidad integrante del sector público institucional estatal (párrafo 1 del apdo. 2 del Art. 114 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre).

  • La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro de la entidad u órgano liquidador será directamente asumida por la entidad o la Administración General del Estado que lo designó, quien podrá exigir de oficio al empleado público la responsabilidad que, en su caso, corresponda cuando concurra dolo, culpa o negligencia grave conforme a lo previsto en las leyes administrativas en materia de responsabilidad patrimonial (párrafo 2 del apdo. 2 del Art. 114 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre).

Por último, el Art. 115 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre dispone lo siguiente en relación al régimen de responsabilidad aplicable a los miembros de los consejos de administración de las sociedades mercantiles estatales designados por la Administración General del Estado: 

  • La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro del consejo de administración será directamente asumida por la Administración General del Estado que lo designó.

  • La Administración General del Estado podrá exigir de oficio al empleado público que designó como miembro del consejo de administración la responsabilidad en que hubiera incurrido por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves, conforme a lo previsto en las leyes administrativas en materia de responsabilidad patrimonial.

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