Cuestiones generales de la iniciación del procedimiento según la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 19/01/2017

Los Art. 54-57 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, integrantes de la Sección I del Capítulo II (“Iniciación del procedimiento”) del Título IV de la norma, rotulado “De las disposiciones del procedimiento administrativo común”, se ocupan de regular cuestiones generales como las clases de iniciación del procedimiento, la información y las actuaciones previas, las medidas provisionales y la acumulación de procedimientos.

Con la expresión "Cuestiones generales de la iniciación del procedimiento administrativo" nos referimos, a efectos eminentemente expositivos, a lo dispuesto en los Art. 54-57 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, integrantes de la Sección I ("Disposiciones generales") del Capítulo II (“Iniciación del procedimiento”) del Título IV de la norma. Tales cuestiones generales son las siguientes:

Formas de iniciación:

En primer término, el Art. 54 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre dispone que existen dos formas de iniciación del procedimiento administrativo:

Apertura del período de información y las actuaciones previas:

  • Con anterioridad al inicio del procedimiento, el órgano competente podrá abrir un período de información o actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento (Apartado 1 del Art. 55 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre).

  • En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora las actuaciones previas se orientarán a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros (Apartado 2 del Art. 55 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre).

Las actuaciones previas serán realizadas por los órganos que tengan atribuidas funciones de investigación, averiguación e inspección en la materia y, en defecto de éstos, por la persona u órgano administrativo que se determine por el órgano competente para la iniciación o resolución del procedimiento (Párrafo 2 del apartado 2 del Art. 55 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre).

Cabe apuntar, respecto de la apertura del trámite de información previa, que su duración no se computará a efectos de caducidad del procedimiento administrativo sancionador. Así lo indica la TSJ Galicia, Sala de lo Contencioso, nº 705/2016, de 30/11/2016, Rec. 4247/2016 en su FJ. 4º, in fine: "la demora de la Administración en esta fase no tendría consecuencias a los efectos de la caducidad de dicho procedimiento, tal y como se ha venido señalando reiteradamente por la jurisprudencia".

Medidas provisionales:

Medidas provisionales iniciado el procedimiento (Apartado 1 del Art. 56 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre): “Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad”.

Medidas provisionales antes de la iniciación del procedimiento (Apartado 2 del Art. 56 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre): “Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas. Las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas”.

Medidas que pueden adoptarse  (en los términos previstos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, según el apartado 3 del Art. 56 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre):

  • Suspensión temporal de actividades.

  • Prestación de fianzas.

  • Retirada o intervención de bienes productivos o suspensión temporal de servicios por razones de sanidad, higiene o seguridad, el cierre temporal del establecimiento por estas u otras causas previstas en la normativa reguladora aplicable.

  • Embargo preventivo de bienes, rentas y cosas fungibles computables en metálico por aplicación de precios ciertos.

  • El depósito, retención o inmovilización de cosa mueble.

  • La intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad que se considere ilícita y cuya prohibición o cesación se pretenda.

  • Consignación o constitución de depósito de las cantidades que se reclamen.

  • La retención de ingresos a cuenta que deban abonar las Administraciones Públicas.

  • Aquellas otras medidas que, para la protección de los derechos de los interesados, prevean expresamente las leyes, o que se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la resolución.

Límites a la adopción de medidas provisionales (Apartado 4 del Art. 56 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre): “No se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes”.

Extinción y modificación de las medidas (Apartado 5 del Art. 56 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre): “Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción. En todo caso, se extinguirán cuando surta efectos la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente”.

Acumulación de procedimientos:

El Art. 57 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre dispone, respecto de la acumulación, que “el órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento. Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno”.

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