Cuestiones generales sobre el RD Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Mercantil
  • Fecha última revisión: 07/06/2017

Regula los derechos básicos de los consumidores y usuarios, las asociaciones de consumidores y usuarios, la potestad sancionadora en materia de consumo, los procedimientos judiciales y extrajudiciales de protección de los consumidores y usuarios, los contratos celebrados por los consumidores y las empresas, las garantías y servicios posventa, la responsabilidad civil por bienes o servicios defectuosos y los viajes combinados.

El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, fue publicada en el BOE del 30/11/2017, resultando de aplicación a las relaciones entre consumidores o usuarios y empresarios.

De acuerdo con los principios reconocidos en la Constitución Española en los artículos 51.1 y 2 y 53.3, esta norma tiene por objeto establecer el régimen jurídico de protección de los consumidores y usuarios en el ámbito de las competencias del Estado.

Esta norma nos ofrece las siguientes definiciones:

Concepto de consumidor y usuario

Son consumidores o usuarios las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión.

Son también consumidores a efectos de esta norma las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial.”

Concepto de empresario

“Se considera empresario a toda persona física o jurídica, ya sea privada o pública, que actúe directamente o a través de otra persona en su nombre o siguiendo sus instrucciones, con un propósito relacionado con su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. “

Concepto de productor

“Se considera productor al fabricante del bien o al prestador del servicio o su intermediario, o al importador del bien o servicio en el territorio de la Unión Europea, así como a cualquier persona que se presente como tal al indicar en el bien, ya sea en el envase, el envoltorio o cualquier otro elemento de protección o presentación, o servicio su nombre, marca u otro signo distintivo.”

Concepto de producto

“Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 136, a los efectos de esta norma, es producto todo bien mueble conforme a lo previsto en el artículo 335 del Código Civil. “Concepto de proveedor

“A efectos de esta norma es proveedor el empresario que suministra o distribuye productos en el mercado, cualquiera que sea el título o contrato en virtud del cual realice dicha distribución.”

La norma se estructura en 4 de libros.

El primero de ellos, se ocupa de los derechos básicos de los consumidores y usuarios (regulados detalladamente en el Art. 8 ), como también de las asociaciones de consumidores y usuarios.

Son asociaciones de consumidores y usuarios, las organizaciones sin ánimo lucro que, constituidas conforme a lo previsto en la legislación sobre asociaciones y reuniendo los requisitos específicos exigidos en esta norma y sus normas de desarrollo y, en su caso, en la legislación autonómica que les resulte de aplicación, tengan como finalidad la defensa de los derechos e intereses legítimos de los consumidores, incluyendo su información, formación y educación, bien sea con carácter general, bien en relación con bienes o servicios determinados.

Se les reconoce, también este concepto, a las entidades constituidas por consumidores con arreglo a la legislación de cooperativas, que respeten los requisitos básicos exigidos en esta norma y entre cuyos fines figure, necesariamente, la educación y formación de sus socios, y estén obligadas a constituir un fondo con tal objeto, según su legislación específica.

El Libro I, finaliza con la expresión de la infracciones y sanciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios, los procedimientos judiciales y extrajudiciales de protección de los consumidores y usuarios y el denominado Sistema Arbitral de Consumo.

El Libro II, “Contratos y garantías”, se ocupa en primer lugar de los contratos con los consumidores y usuarios.

Este tipo de contratos son los realizados por un consumidor o usuario y un empresario. Si estos contratos incorporan condiciones generales de la contratación, les será también de aplicación, la Ley 7/1998 de 13 de Abr (Condiciones generales de la contratación).

Dentro de este tipo de contratos, es relevante la información previa al contrato. Antes de que el consumidor y usuario quede vinculado por un contrato u oferta correspondiente, el empresario deberá facilitarle de forma clara y comprensible, salvo que resulte manifiesta por el contexto, la información relevante, veraz y suficiente sobre las características principales del contrato, en particular sobre sus condiciones jurídicas y económicas. (Art. 60 )

En la contratación con consumidores y usuarios debe constar de forma inequívoca su voluntad de contratar o, en su caso, de poner fin al contrato.

Se prohíben, en los contratos con consumidores y usuarios, las cláusulas que impongan obstáculos onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los derechos reconocidos al consumidor en el contrato.

El consumidor y usuario podrá ejercer su derecho a poner fin al contrato en la misma forma en que lo celebró, sin ningún tipo de sanción o de cargas onerosas o desproporcionadas, tales como la pérdida de las cantidades abonadas por adelantado, el abono de cantidades por servicios no prestados efectivamente, la ejecución unilateral de las cláusulas penales que se hubieran fijado contractualmente o la fijación de indemnizaciones que no se correspondan con los daños efectivamente causados.

Los contratos de prestación de servicios o suministro de productos de tracto sucesivo o continuado deberán contemplar expresamente el procedimiento a través del cual el consumidor y usuario puede ejercer su derecho a poner fin al contrato.

Es de destacar el nuevo apartado 3 del artículo 66 bis, introducido por el RD-Ley 9/2017 de 26 de May (Transposición de directivas de la U.E. en ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre desplazamiento de trabajadores), relativo a la entrega de los bienes comprados mediante un contrato de venta:

“1. Salvo que las partes acuerden otra cosa, el empresario entregará los bienes mediante la transmisión de su posesión material o control al consumidor y usuario, sin ninguna demora indebida y en un plazo máximo de 30 días naturales a partir de la celebración del contrato.

2. Si el empresario no cumple su obligación de entrega, el consumidor y usuario lo emplazará para que cumpla en un plazo adicional adecuado a las circunstancias. Si el empresario no hace entrega de los bienes en dicho plazo adicional, el consumidor y usuario tendrá derecho a resolver el contrato.

Lo dispuesto en este apartado no será aplicable cuando el empresario haya rechazado entregar los bienes o el plazo de entrega sea esencial a la vista de todas las circunstancias que concurran en su celebración o cuando el consumidor y usuario informe al empresario, antes de la celebración del contrato, de que es esencial la entrega antes de una fecha determinada o en una fecha determinada. En tales casos, si el empresario no cumple su obligación de entrega de los bienes en el plazo acordado con el consumidor y usuario, o en el plazo fijado en el apartado 1, el consumidor y usuario tendrá derecho a resolver el contrato de inmediato.

3. Cuando se haya resuelto el contrato, el empresario deberá proceder a reembolsar, sin ninguna demora indebida, todas las cantidades abonadas por el consumidor y usuario en virtud del mismo.

4. Corresponde al empresario la carga de la prueba sobre el cumplimiento de los plazos”

Dentro de este Libro II, se regula también el derecho de desistimiento (Art. 68 a Art. 79 ) , como la facultad del consumidor y usuario de dejar sin efecto el contrato celebrado, notificándoselo así a la otra parte contratante en el plazo establecido para el ejercicio de ese derecho, sin necesidad de justificar su decisión y sin penalización de ninguna clase.

Serán nulas de pleno de derecho las cláusulas que impongan al consumidor y usuario una penalización por el ejercicio de su derecho de desistimiento.

El plazo para el ejercicio del desistimiento, será de 14 días naturales. Siempre que el empresario cumpliera con su deber de información y documentación sobre este derecho, el plazo se computará desde la recepción del bien objeto del contrato o desde la celebración de éste si el objeto del contrato fuera la prestación de servicios.

En caso de que el empresario no cumpliera el deber, el plazo para el ejercicio del derecho de desistimiento finalizará 12 meses después de la fecha de expiración del periodo de desistimiento inicial, a contar desde que se entregó el bien contratado o se hubiera celebrado el contrato, si el objeto de éste fuera la prestación de servicios.

Si el deber de información y documentación se cumple durante el citado plazo de doce meses, el plazo legalmente previsto para el ejercicio del derecho de desistimiento empezará a contar desde ese momento.

Corresponderá al consumidor y usuario la prueba del ejercicio de este derecho.

El Título III de este Libro II, se ocupa de las condiciones generales y cláusulas abusivas.

Las cláusulas no negociadas individualmente, deberán cumplir con los requisitos previstos en el Art. 80 :

a) Concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa, sin reenvíos a textos o documentos que no se faciliten previa o simultáneamente a la conclusión del contrato, y a los que, en todo caso, deberá hacerse referencia expresa en el documento contractual.

b) Accesibilidad y legibilidad, de forma que permita al consumidor y usuario el conocimiento previo a la celebración del contrato sobre su existencia y contenido. En ningún caso se entenderá cumplido este requisito si el tamaño de la letra del contrato fuese inferior al milímetro y medio o el insuficiente contraste con el fondo hiciese dificultosa la lectura.

c) Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, lo que en todo caso excluye la utilización de cláusulas abusivas.

Cuando se ejerciten acciones individuales, en caso de duda sobre el sentido de una cláusula prevalecerá la interpretación más favorable al consumidor.

Serán consideras cláusulas abusivas, todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquéllas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato. ( Art. 82 )

El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una cláusula aislada se hayan negociado individualmente no excluirá la aplicación de las normas sobre cláusulas abusivas al resto del contrato.

El empresario que afirme que una determinada cláusula ha sido negociada individualmente, asumirá la carga de la prueba.

En todo caso son abusivas las cláusulas que, conforme a lo dispuesto en los Art. 85 a Art. 90, ambos inclusive.

a) vinculen el contrato a la voluntad del empresario,

b) limiten los derechos del consumidor y usuario,

c) determinen la falta de reciprocidad en el contrato,

d) impongan al consumidor y usuario garantías desproporcionadas o le impongan indebidamente la carga de la prueba,

e) resulten desproporcionadas en relación con el perfeccionamiento y ejecución del contrato, o

f) contravengan las reglas sobre competencia y derecho aplicable.

Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas. A estos efectos, el Juez, previa audiencia de las partes, declarará la nulidad de las cláusulas abusivas incluidas en el contrato, el cual, no obstante, seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, siempre que pueda subsistir sin dichas cláusulas.

A lo largo de los Art. 85 a Art. 90 se regulan una serie de cláusulas consideradas abusivas:

→  Artículo 85. Cláusulas abusivas por vincular el contrato a la voluntad del empresario.

→  Artículo 86. Cláusulas abusivas por limitar los derechos básicos del consumidor y usuario.

→  Artículo 87. Cláusulas abusivas por falta de reciprocidad.

→  Artículo 88. Cláusulas abusivas sobre garantías.

→  Artículo 89. Cláusulas abusivas que afectan al perfeccionamiento y ejecución del contrato.

→ Artículo 90. Cláusulas abusivas sobre competencia y derecho aplicable.

En el Título III de este Libro II, se regulan los contratos celebrados a distancia y fuera del establecimiento mercantil.

En este tipo de contratos, antes de que el consumidor y usuario quede vinculado, el empresario deberá facilitar de forma clara y comprensible la información prevista en el Art. 97

El Libro II finaliza con las garantías y servicios postventa, por las cuales el vendedor está obligado a entregar al consumidor y usuario productos que sean conformes con el contrato, respondiendo frente a él de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del producto.

El vendedor responde de las faltas de conformidad que se manifiesten en un plazo de 2 años desde la entrega. En los productos de segunda mano, el vendedor y el consumidor y usuario podrán pactar un plazo menor, que no podrá ser inferior a un año desde la entrega.

Salvo prueba en contrario, se presumirá que las faltas de conformidad que se manifiesten en los seis meses posteriores a la entrega del producto, sea éste nuevo o de segunda mano, ya existían cuando la cosa se entregó, excepto cuando esta presunción sea incompatible con la naturaleza del producto o la índole de la falta de conformidad. ( Art. 123 )

El Libro III se ocupa de la responsabilidad civil por bienes o servicios defectuosos.

Todo perjudicado tiene derecho a ser indemnizado por los daños o perjuicios causados por los bienes o servicios.

El régimen de responsabilidad previsto en este libro comprende los daños personales, incluida la muerte, y los daños materiales, siempre que éstos afecten a bienes o servicios objetivamente destinados al uso o consumo privados y en tal concepto hayan sido utilizados principalmente por el perjudicado.

Se regulan dos tipos de daños, los causados por productos defectuososArt. 135 a Art. 146) y los daños causados por otros bienes y serviciosArt. 147 a Art. 149)

Por último, el Libro IV se ocupa de los Viajes combinados. Será de aplicación a la oferta, contratación y ejecución de las vacaciones, los circuitos y los viajes combinados.

El contrato de viaje combinado tendrá que realizarse por escrito y contener entre sus cláusulas, como mínimo, los elementos establecidos en el Art. 154

En los Art. 159 y  Art. 160 , se regula la resolución des este contrato por causa imputable al organizador o cancelación del viaje, y por causa imputable al consumidor y usuario.

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