La declaración de utilidad pública o interés social en el procedimiento expropiatorio

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La declaración de utilidad pública o interés social en el procedimiento expropiatorio se encuentra regulada en los Art. 9-13 ,LEF, y concordantes del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa. Constituye un elemento esencial en la medida en que la ausencia de declaración de utilidad pública o interés social (o la desaparición de la misma) determinarán la nulidad de todo lo actuado, pues lleva aparejada también la desaparición de la "Causa expropiandi".

La declaración de utilidad pública o interés social en el procedimiento expropiatorio se encuentra regulada en los los Art. 9-14 ,LEF, preceptos integrantes del Capítulo I del Título II de la norma, rotulado “De los requisitos previos a la expropiación forzosa”.

En concreto, el Art. 9 ,LEF señala que, para proceder a la expropiación forzosa será indispensable la previa declaración de utilidad pública o interés social del fin a que haya de afectarse el objeto expropiado. No es una afirmación menor la que aquí se hace, en la medida en que la declaración de utilidad pública o interés social se configura como requisito inexcusable para poder ejercitar la potestad expropiatoria; su ausencia determinaría la inexistencia de la "causa expropriandi" y, como consecuencia directa, la nulidad de pleno derecho de las actuaciones realizadas. Así se expresa la TS, Sala de lo Contencioso, nº S/S, de 27/06/2006, Rec. 3247/2003:

“ Para proceder a la expropiación forzosa será indispensable según determina el artículo 9 de la Ley de Expropiación Forzosa , la previa declaración de utilidad pública o interés social del fin a que haya de afectarse el objeto expropiado, declaración que no es un simple requisito para que pueda iniciarse el procedimiento expropiatorio, sino que es el presupuesto necesario -"indispensable" es el término utilizado por la Ley que legitima dicho procedimiento-. La declaración de utilidad pública o interés social forma parte del mismo instituto expropiatorio, de tal modo que su falta determina la inexistencia de la causa expropiandi y la consiguiente carencia de potestad en la Administración para realizar actos válidos con eficacia expropiatoria. Faltando la declaración de utilidad pública o interés social del fin a que haya de afectarse el objeto expropiado, los actos que con una pretendida finalidad expropiatoria verifique la Administración no tienen validez jurídica alguna, por lo que deben calificarse de nulos de pleno derecho”.

Siguiendo con lo mismo: si la declaración de utilidad pública o interés social desaparece, desaparece también la “causa expropriandi” y ello conlleva la invalidez de todo lo actuado; valga como ejemplo la TS, Sala de lo Contencioso, de 01/12/2011, Rec. 3023/2008, “es indudable que la anulación del Plan General de Ordenación Urbana de Colindres de 1999 -donde se encontraba la declaración de utilidad pública a efectos expropiatorios y, por consiguiente, la denominada causa expropiandi - supone la invalidez sobrevenida de todo lo actuado en el procedimiento expropiatorio. Contrariamente a lo que dice la sentencia impugnada, es jurisprudencia constante que la desaparición de la declaración de utilidad pública -cualesquiera que sean la causa que la determine y el momento en que se produzca- trae consigo la invalidez de todo lo actuado en el procedimiento expropiatorio, lo que incluye el justiprecio fijado por el acuerdo del Jurado. La razón es sencillamente que sin causa expropiandi no hay finalidad que justifique la privación de bienes o derechos por parte de la Administración. Véase, en este sentido, la detallada exposición de dicha doctrina jurisprudencial que se recoge en la reciente TS, Sala de lo Contencioso, de 22/06/2011, Rec. 4271/2007”.

Como fase´"previa" o "preliminar" del procedimiento expropiatorio, la declaración habrá de tener en cuenta, especialmente, lo establecido en los Art. 10-12 ,LEF; es decir:

  • La utilidad pública se entiende implícita, en relación con la expropiación de inmuebles, en todos los planes de obras y servicios del Estado, Provincia y Municipio.

  • En los demás casos en que por ley se haya declarado genéricamente la utilidad pública, su reconocimiento en cada caso concreto deberá hacerse por acuerdo del Consejo de Ministros, salvo que para categorías determinadas de obras, servicios o concesiones las leyes que las regulan hubieren dispuesto otra cosa.

  • En todos los casos no previstos anteriormente y relativos a bienes inmuebles, siempre que no se trate de los que con arreglo a esta Ley se regulan por disposición especial, la declaración de utilidad pública deberá hacerse mediante Ley aprobada en Cortes.

  • Respecto a los bienes muebles, la utilidad pública habrá de ser declarada expresa y singularmente mediante Ley en cada caso, a no ser que ésta u otra Ley hayan autorizado la expropiación para una categoría especial de bienes, en cuyo supuesto bastará el acuerdo del Consejo de Ministros.

No obstante, la generalidad de la doctrina señala, siguiendo en este punto a García de Enterría (uno de los primeros autores que pusieron de manifiesto el deterioro del sistema) una devaluación práctica de todo lo anteriormente expuesto en tanto las leyes sectoriales han terminado "por hacer materialemente invisible para losa fectados la declaración y ulterior concreción de la causa expropiandi, normalmente implícita o sobreentendida en planes y proyectos cuya aprobación pasa necesariamente desapercibida para el ciudadano medio".

 

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