Las declaraciones de los testigos durante el sumario

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Penal
  • Fecha última revisión: 11/06/2021

Todos los que residan en territorio español, nacionales o extranjeros, que no estén impedidos, tendrán obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar cuanto supieren sobre lo que les fuere preguntado si para ello se les cita con las formalidades prescritas en la Ley (artículo 410 LECRIM).

Intervención de los testigos en la fase de sumario

Se regula en el Capítulo V (“De las declaraciones de los testigos”) del Título V (“De la comprobación del delito y averiguación del delincuente”) del Libro II (“Del sumario”), en los artículos 410 a 450 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 14 de septiembre de 1882.

Todos los que residan en territorio español, nacionales o extranjeros, que no estén impedidos, tendrán obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar cuanto supieren sobre lo que les fuere preguntado si para ello se les cita con las formalidades prescritas en la Ley (artículo 410 LECrim). Según la doctrina (STS, n.º 249/2008, de 20 de mayo. ECLI:ES:APM:2008:6954STS, n.º 332/2006, de 14 de marzo. ECLIES:TS:2006:1558) se considera testigo a la persona física que, siendo ajena al proC.E.so, es llamada a declarar por su experiencia personal, acerca de la existencia y naturaleza de unos hechos. Ya sea por haberlos presenciado (testigo presencial) o por haber tenido noticias de ellos (testigo referencial). En cuanto a los testigos en el extranjero el precepto 410 que los exime de su obligación de comparecer no implica que sea imposible. Existen medios de citación basadas en la asistencia recíproca internacional en el ámbito penal. 

La ley procesal penal regula a continuación, dentro de la normativa correspondiente al sumario:

  • Las personas que están exentas del deber de declarar (art. 411 LECrim); en este caso se  exceptúan: el Rey, la Reina, sus respectivos consortes, el Príncipe heredero y los Regentes del Reino.                                                                                                                                                                                                  
  • Las personas que están exentas de concurrir al llamamiento del Juez, pero no de declarar, pudiendo hacerlo por escrito (art. 412 LECrim):en suma a lo anterior también quedan exentos:                                                                                                                                                                                                    
  1. El Presidente y los demás miembros del Gobierno.
  2. Los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado.
  3. El Presidente del Tribunal Constitucional.
  4. El Presidente del Consejo General del Poder Judicial.
  5. El Fiscal General del Estado.
  6. Los Presidentes de las Comunidades Autónomas.
  7. Los Diputados y Senadores.
  8. Los Magistrados del Tribunal Constitucional y los Vocales del Consejo General del Poder Judicial.
  9. Los Fiscales de Sala del Tribunal Supremo.
  10. El Defensor del Pueblo.
  11. Las Autoridades Judiciales de cualquier orden jurisdiccional de categoría superior a la del que recibiere la declaración.
  12. Los Presidentes de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
  13. El Presidente y los Consejeros Permanentes del Consejo de Estado.
  14. El Presidente y los Consejeros del Tribunal de Cuentas.
  15. Los miembros de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas.
  16. Los Secretarios de Estado, los Subsecretarios y asimilados, los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y en Ceuta y Melilla, los Gobernadores civiles y los Delegados de Hacienda
  • El desplazamiento del Juez al domicilio o despacho de la persona concernida (art. 413 LECrim): Para recibir la declaración de las personas mencionadas en el artículo 412 de la LECRim, el Juez pasará al domicilio o despacho oficial de la persona concernida, previo aviso, señalándole día y hora.                                                                              
  • La eventual resistencia de algunas personas indicadas en el artículo 412 a declarar y sus consecuencias (art. 414 LECrim): en el caso de que las personas mencionadas se negasen a recibir en su domicilio al Juez se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal.                                                                                               
  • La declaración por escrito de algunas personas indicadas en el mismo artículo 412 (art. 415 LECrim): serán invitadas a prestar su declaración por escrito las personas mencionadas en el párrafo segundo del artículo 411 y en el apartado 7 del artículo 412, remitiéndose al efecto al Ministerio de Justicia, con atenta comunicación para el de Asuntos Exteriores, un interrogatorio que comprenda todos los extremos a que deban contestar, a fin de que puedan hacerlo por vía diplomática.                      
  • Las personas dispensadas de declarar (art. 416 LECrim):                                                                                               
    • Los parientes del procesado en líneas directa ascendente y descendente, su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, sus hermanos consanguíneos o uterinos y los colaterales consanguíneos hasta el segundo grado civil. Es el secreto de familia, tiene su fundamento en los vínculos de solidaridad entre los que integran un mismo círculo familiar reseñado en el artículo 39 de la Constitución, que aboga por por el derecho de proteger la intimidad en el ámbito familiar (STS, n.º 292/2009, de 26 de marzo. ECLI:ES:TS:2009:1547). Se trata de un derecho a que los familiares no sean compelidos a declarar (vid STC, n.º 94/2010, de 15 de noviembre). No obstante, el artículo 416, apartado 1, de la LECrim relaciona una seria de supuestos donde volverá a regir la obligación de declarar: cuando el testigo tenga atribuida la representación legal o guarda de hecho de la víctima menor de edad o con discapacidad necesitada de especial protección; cuando se trate de un delito grave, el testigo sea mayor de edad y la víctima sea una persona menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección; cuando por razón de su edad o discapacidad el testigo no pueda comprender el sentido de la dispensa. A tal efecto, el Juez oirá previamente a la persona afectada, pudiendo recabar el auxilio de peritos para resolver; cuando el testigo esté o haya estado personado en el procedimiento como acusación particular; cuando el testigo haya aceptado declarar durante el procedimiento después de haber sido debidamente informado de su derecho a no hacerlo.  
    • El Abogado del procesado respecto a los hechos que éste le hubiese confiado en su calidad de defensor. Es una manifestación específica del derecho- deber de secreto que incumbe al profesional que asume la defensa de cualquier imputado (art. 24.2 párrafo 2 C.E.) (STS, n.º 1394/2009, de 25 de enero de 2010. ECLI:ES:TS:2010:301). El fundamento de esta dispensa está relacionado con la necesidad de asegurar un eficaz ejercicio de defensa (STS 1394/2009, de 25 de enero de 2010). Sobre el abogado se proyecta un deber legar de secreto, lo que implica que no es libre a la  hora de decidir si se acoge o no a la exigencia. De aquí deriva la idea plasmada en el art. 32 del Estatuto General de la Abogacía:  "los Abogados deberán guardar secreto de todos los hechos o noticias que conozcan por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, no pudiendo ser obligados a declarar sobre los mismos"— en fecha 1/07/2021 entra en vigor el Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española-.
    • Los traductores e intérpretes de las conversaciones y comunicaciones entre el imputado, procesado o acusado y las personas a que se refiere el apartado anterior, con relación a los hechos a que estuviera referida su traducción o interpretación.

A TENER EN CUENTA. El artículo 416, en concreto su apartado 1 (que refiere a los parientes del procesado), de la LECrim, fue objeto de modificación y la redacción que presenta es la ordenada por la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, con efectos de 25/06/2021.

  • Las personas que no podrán ser obligadas a declarar (art. 417 y 418 LECrim): 

    1.º Los eclesiásticos y ministros de los cultos disidentes, sobre los hechos que les fueren revelados en el ejercicio de las funciones de su ministerio.

    2.º Los funcionarios públicos, tanto civiles como militares, de cualquiera clase que sean, cuando no pudieren declarar sin violar el secreto que por razón de sus cargos estuviesen obligados a guardar, o cuando, procediendo en virtud de obediencia debida, no fueren autorizados por su superior jerárquico para prestar la declaración que se les pida.

    3.º Los incapacitados física o moralmente. El precepto no acoge una excepción, sino una incapacidad. Así todo testigo, con uso de razón, que esté totalmente incapacitado física o moralmente, tiene que declarar en el proceso penal. Cuando una persona menor de edad o enfermo mental comparece como testigo en un procedimiento de esta clase, las limitaciones que pueda tener en sus facultades psíquicas han de ser valoradas por el juez o tribunal correspondiente a tenor de lo que ve y oye y de las alegaciones de las partes (STS. n.º 869/2015, de 28 de diciembre. ES:TS:2015:5756).

Por último mencionar que el testigo no está obligado a responder a preguntas que perjudiquen de manera directa e importante a la persona o fortuna de alguno de sus parientes, aunque no sean inculpados (STS, n.º 385/2007, de 10 de mayo.  ECLI:ES:TS:2007:2751 ).

  • La declaración domiciliaria por impedimento físico del testigo (art. 419 LECrim):Si el testigo estuviere físicamente impedido de acudir al llamamiento judicial, el Juez instructor que hubiere de recibirle la declaración se constituirá en su domicilio, siempre que el interrogatorio no haya de poner en peligro la vida del enfermo.             
  • Las consecuencias de la no concurrencia al llamamiento judicial (art. 420 LECrim): La Ley configura como obligación legal (arts. 118 C.E. y 410 LECrim) el deber de comparecencia a los llamamientos judiciales. Su incumplimiento impide el ejercicio de la actividad jurisdiccional por lo que es objeto de sanción -caso de la multa a la que se refiere el art. 420 LECrim.- o de ilícito penal -art. 463 CP-. Igualmente habilita en la detención y conducción ante el órgano judicial que requiere la
    presencia del testigo. En el caso de que el testigo decline una primera citación, sin justa causa, será sancionado con una multa. Será nuevamente citado, con la notificación de la multa y advertencia de detención. Si no compareciese a la 2ª citación "será conducido a la presencia del juez (STS, n.º 760/2006, de 10 de julio. ECLI: ES:TS:2006:4443).                 
  • Las especialidades de la citación por razón del lugar en que se encuentra el testigo o la dependencia de otra jurisdicción (art. 421 a 423 LECrim ): 

    El Juez de instrucción o municipal en su caso, hará concurrir a su presencia y examinará a los testigos citados en la denuncia o en la querella y a todos los demás que supieren o poseyeren datos convenientes para la comprobación o averiguación del delito y del delincuente.

    Si el testigo reside fuera del partido o término municipal del Juez que instruyese el sumario, éste se abstendrá de mandarle comparecer a su presencia, a no ser que lo considere absolutamente necesario. También deberá evitar la comparecencia de los empleados de vigilancia pública que tengan su residencia en punto distinto de la capital del Juzgado, de los jefes de estación, maquinistas, fogoneros, conductores, telegrafistas, factores, recaudadores, guarda-agujas u otros agentes que desempeñen funciones análogas, a los cuales citará por conducto de sus jefes inmediatos cuando sea absolutamente indispensable su comparecencia.

    En el caso de que existiese una  urgencia de  declaración que no permitiera la dilación consiguiente a la citación del testigo por conducto de sus jefes inmediatos, y el empleado de que se trate no pudiera abandonar el servicio que presta sin grave peligro o extorsión para el público, el Juez instructor de la causa comisionará para recibir la declaración al que lo fuera del término municipal o del partido en que se hallare el testigo.

  • La práctica de la prueba testifical (art. 433 a 450 LECrim):

Al presentarse a declarar, los testigos entregarán al secretario la copia de la cédula de citación (art. 433 LECrim).  Los testigos mayores de edad penal prestarán (El juramento se prestará en nombre de Dios, siempre atendiendo a la religión del testigo). Los testigos declararán de viva voz (art. 437.I LECrim), sin que les sea permitido leer declaración ni respuesta alguna que lleven escrita. juramento o promesa de decir todo lo que supieren respecto a lo que les fuere preguntado. Queda prohibido, a tenor del art. 439, hacerle a los testigos preguntas capciosas (engañosas) o sugestivas [capciosa (SSTS. 470/2003 de 2 de abril 28079120012003102688, 77/2007 de 7 de febrero. ECLI:ES:TS:2007:793 673/2007 de 19 de julio. ECLI:ES:TS:2007:5051 ): cuando la forma en la que se plantea la cuestión resulte engañosa y tienda a provocar una respuesta en el destinatario sobre sus razones íntimas para actuar como actuó; es sugestiva: solo cabe una respuesta afirmativa como única conclusión racional , elimina la opción de una contestación diferente a la que se desea obtener (STS 877/2014, de 22 de diciembre. ECLI:ES:TS:2014:5392 )]  , tampoco se aplicará la coacción ni el engaño. 

Sin embargo, la declaración deberá consignarse en el proC.E.so en el idioma empleado por el testigo y traducido a continuación al español. (arts. 440 y 441 LECrim), en cuyo caso el órgano judicial debe posibilitarles un intérprete a quien se le tomará juramento o promesa (art. 231.5 LOPJ). La intervención de intérprete es la mejor manera de preservar la objetividad del juzgador y garantizar el derecho de defensa de las partes involucradas en el proC.E.so. Por ello, como sostiene el Tribunal Constitucional, quebraría aquél derecho si fuera uno de los miembros del tribunal quien realizara funciones de intérprete. 

El nombramiento del intérprete y la forma de realización del interrogatorio viene regulado en los art. 440, 441 y 442. La calificación de los traductores no es una condición sine qua non para asegurar la constitucionalidad del acto del interrogatorio.  En este sentido STS, n.º 490/2014 del 17 de junio. ECLI:ES:TS:2014:2459  , que tras destacar que la titulación oficial no es requisito de validez de la prueba (art. 441 LECrim). El precepto 442 hace referencia a aquellos testigos que fuesen sordos en relación al nombramiento de un intérprete en lengua de signos.

Los testigos declararán de forma separada y de forma secreta a presencia del Juez.  El  Juez Instructor notificará  al testigo la obligación de comparecer para declarar de nuevo ante el Tribunal competente cuando se le cite para ello. Solamente en los casos en que el testigo manifieste la imposibilidad de concurrir por haber de ausentarse del territorio nacional y también en el caso de que hubiese motivo racionalmente bastante para temer su muerte o incapacidad física o intelectual antes de la apertura del juicio oral, el Juez Instructor hará saber al imputado que nombre Abogado, o se le nombrará de oficio, para que le aconseje en el acto de recibir la declaración del testigo (STS, n.º 288/2012, de 19 de abril. ECLI:ES:TS:2012:3401 STS, n.º 1536/2004, de 20 de diciembre. ECLI: ECLI:ES:TS:2004:8281 ). En todo momento el Tribunal deberá tener en cuenta las particularidades de cada caso para valorar la prueba testifical. En este sentido la STS 153/2005 de 10 de febrero dice «que el tema de la comunicación de los testigos, que exige el art. 704 LECrim es una norma llena de sentido común en la medida que lo que con ello se quiere conseguir es que no puedan enterarse los unos de lo declarado por los que les precedieron para así evitar previos conciertos, pero la bondad de la medida no puede olvidar la naturaleza cautelar de la misma y, por tanto, situada extramuros de la validez del testimonio»

A tenor del apartado primero del art. 436 LECrim "el testigo manifestará primeramente su nombre, apellidos paterno y materno, edad, estado y profesión". El referido precepto ha sido considerado por GÓMEZ ORBANEJA como una forma de fijar el grado de credibilidad del testigo al no existir las tachas en el proC.E.so penal. No obstante, la interpretación ofrecida del precepto encajaría mejor respecto del segundo inciso del apartado y artículo citado (" ...si conoce. o no al procesado y a las  demás partes, y si tiene con ellos parentesco, amistad o relaciones de cualquier otra clase, si ha estado procesado y la pena que se le impuso").  En la fase del juicio oral, el artículo 708 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se remite al artículo 436 de la misma ley procesal. 

Durante la práctica de la prueba el Juez podrá mandar que se conduzca al testigo al lugar en que hayan ocurrido los hechos, y allí examinarle o poner a su disposición objetos sobre los que versa la declaración. El artículo 438 LECrim faculta al Instructor a exponer los objetos solos o mezclados, por lo tanto este precepto no se infringe en el primer caso (STS, n.º 207/2006, de 7 de febrero. ECLI:ES:APSE:2006:1387).

Una vez terminada la declaración, el Letrado de la Administración de Justicia hará saber al testigo la obligación de comparecer para declarar de nuevo ante el Tribunal competente cuando se le cite para ello. El propio testigo a su vez, será informado de la multa en la que podría incurrir de no poner en conocimiento a la Oficina judicial los cambios de domicilio (art. 446 LECrim). En relación con este precepto están los artículos 448, apartado 1, y 449 de la LECRIm, en el cual si el testigo manifieste la imposibilidad de concurrir por justa causa o se encuentra en peligro de muerte, el juez instructor mandará practicar inmediatamente la declaración. 

A TENER EN CUENTA. El texto íntegro del artículo 448 de la LECrim fue modificado, suprimiendo su apartado 3, con fecha de efectos de 25/06/2021, por la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

Así mismo, mediante la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (con fecha de entrada en vigor el 25/06/2021), se introdujeron los artículos 449 bis y ter en la LECRim que vienen a disponer sobre la declaración de testigos que:

  • Cuando la autoridad judicial acuerde la práctica de la declaración del testigo como prueba preconstituida, esta debe desarrollarse siguiendo los siguientes requisitos:
    • Debe garantizarse por la autoridad judicial el principio de contradicción en la práctica de la prueba preconstituida.
    • Debe estar presente la defensa letrada.
    • Si no compareciere de manera justificada el defensor, se designará el abogado de oficio.
    • Es obligación de la autoridad judicial: asegurar la documentación de la declaración en soporte apto para la grabación de sonido e imagen, debiendo comprobarse la calidad de tales grabaciones por el LAJ y se acompañará acta sucinta autorizada por el LAJ que reflejará la identificación y firma de las personas intervinientes en la prueba preconstituida. 
    • La valoración de la prueba preconstituida ser realizará conforme al artículo 730, apartado 2, de la LECRim, es decir, previa instancia de parte para la reproducción de la grabación audiovisual de la declaración de la víctima o testigo. 
  • Para los casos en que el delito tenga la consideración de leve, cuando una persona menor de catorce años o una persona con discapacidad necesitada de especial protección deba intervenir en condición de testigo en un procedimiento judicial que tenga por objeto la instrucción de un delito de homicidio, lesiones, contra la libertad, contra la integridad moral, trata de seres humanos, contra la libertad e indemnidad sexuales, contra la intimidad, contra las relaciones familiares, relativos al ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas, de organizaciones y grupos criminales y terroristas y de terrorismo, la autoridad judicial:
    • Acordará, en todo caso, practicar la audiencia del menor como prueba preconstituida, con todas las garantías de la práctica de prueba en el juicio oral y de conformidad con lo establecido en el artículo 449 bis de la LECrim, cumplimiento con todas las garantías de accesibilidad y apoyos necesarios.  
    • Puede acordar que la audiencia del menor de 14 años se practique a través de equipos psicosociales que apoyarán al Tribunal de manera interdisciplinar e interinstitucional, recogiendo el trabajo de los profesionales que hayan intervenido anteriormente y estudiando las circunstancias personales, familiares y sociales de la persona menor o con discapacidad, para mejorar el tratamiento de los mismos y el rendimiento de la prueba: las partes trasladarán a la autoridad judicial las preguntas que estimen oportunas quien, previo control de su pertinencia y utilidad, se las facilitará a las personas expertas. Una vez realizada la audiencia del menor, las partes podrán interesar, en los mismos términos, aclaraciones al testigo. La declaración siempre será grabada y el Juez, previa audiencia de las partes, podrá recabar del perito un informe dando cuenta del desarrollo y resultado de la audiencia del menor.
    • Si la persona investigada estuviera presente en la audiencia del menor se evitará la confrontación visual con el testigo utilizando cualquier medio técnico para ello

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Declaración por escrito
Consanguinidad
Discapacidad
Menor de edad
Persona física
Testigo presencial
Tribunal de Cuentas
Persona incapaz
Incapacidad
Práctica de la prueba
Ámbito familiar
Representación legal
Víctima menor de edad
Guarda de hecho
Violencia
Presencia judicial
Delito grave
Auxilio
Acusación particular
Prueba de testigos
Prueba preconstituída
Funcionarios públicos
Obediencia debida
Declaración del testigo
Querella
Audiencia del menor
Residencia
Extorsión
Valoración de la prueba
Grabación
Pregunta capciosa
Coacciones
Derecho de defensa
Constitucionalidad
Apertura del juicio oral
Menor de catorce años
Parentesco
Letrados de la administración
Principio de contradicción
Abogado de oficio

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