Definición y función del Consorcio de transportes

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Los consorcios son todas las organizaciones dotadas de personalidad jurídica, creadas por la asociación de dos o más entes públicos (y, eventualmente, de entidades o personas privadas) para el desarrollo de una función pública de interés común a los entes asociados o a una actividad de interés general.

Los consorcios se han revelado como un instrumento útil para el desarrollo y gestión común de servicios.

También se han creado para la gestión de programas y proyectos de alcance territorial supranacional e incluso para la puesta en marcha de nuevos procesos de participación pública.

Los consorcios de transporte son personas jurídicas de Derecho público, independientes de las distintas Administraciones y entidades que los integran, que ejercen su competencia en el sector del transporte de viajeros, para solventar los problemas de movilidad y aglomeraciones urbanas tan usuales en nuestros días.

Lo que debemos destacar es que cada Comunidad Autónoma (y a su vez también podemos encontrarlos en provincias) posee su consorcio de transporte, como consecuencia de ello podemos encontrarnos con la legislación autonómica correspondiente a cada uno de ellos.

Los actos de los consorcios

La caracterización como personas jurídicas de Derecho público supone que cuando ejerzan potestades públicas sus actos hayan de ser considerados verdaderos actos administrativos, con todas las consecuencias inherentes a dicha calificación y, en concreto, la de que dichos actos gocen de la presunción de legalidad y produzcan efectos, es decir sean ejecutivos, desde la fecha en que se dicten (Art. 38,Art. 39 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre).

Lo que debemos tener claro es que es un acto que puede emanar de unas personas que no tienen la condición de funcionarios públicos, como suele ser el caso de los gerentes o directores generales de los consorcios, y a pesar de ello deben ser considerados como un acto administrativo.

Recursos contra los actos de los consorcios

Los actos y resoluciones de los consorcios, suelen agotar la vía administrativa, aunque si se trata de actos de la gerencia o de la dirección general acostumbra a preverse un recurso de alzada ante el órgano superior de gobierno y administración de la entidad.

Cuando los consorcios ejerzan por delegación alguna facultad o competencia de alguna de las Administraciones públicas consorciadas, como puede ser otorgar concesiones o realizar cualesquiera otros actos de gestión y ordenación de los servicios que les correspondan, no sólo deberán indicarlo así en los correspondientes actos y resoluciones administrativas que se adopten, sino que en este caso los recursos contra las mismas habrán de interponerse, tramitarse y resolverse por el órgano delegante de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 9 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre

Debemos señalar que el régimen jurídico de la revisión en vía administrativa de los actos y resoluciones de los consorcios se acomoda a lo dispuesto con carácter general en los Art. 106-126 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre , teniendo que interponerse los recursos en vía administrativa en el plazo de un mes a contar de la notificación del acto o de la resolución de que se trate, y en cuanto al recurso contencioso administrativo, rigiéndose por la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

La función esencial de los consorcios: La coordinación general de servicios.

Sirven para establecer una coordinación a un nivel mucho más general y en determinadas áreas o zonas del territorio, normalmente las que circundan o rodean las grandes poblaciones afectando a todos los servicios de transporte colectivo que se prestan en las mismas, así como a las infraestructuras que utilizan o por las que discurren. Se trata, en definitiva, de facilitar a los usuarios un sistema funcional y multimodal de transporte que garantice sus desplazamientos en condiciones de seguridad, rapidez y a un coste razonable por un área o zona determinada del territorio, mediante una actuación administrativa conjunta y combinaba que satisfaga aquella necesidad común que trasciende los ámbitos competenciales exclusivos de cada una de las Administraciones implicadas.

En cambio, para la coordinación individual o singularizada de servicios urbanos e interurbanos de transporte, prácticamente todas las Leyes autonómicas sobre el transporte terrestre de viajeros contemplan los oportunos mecanismos de coordinación mediante los cuales se trata de compaginar los derechos de los concesionarios preexistentes, especialmente los de los servicios interurbanos, con las necesidades derivadas de la implantación o modificación de los servicios urbanos de transporte; máxime teniendo en cuenta que a partir de la LOTT, los municipios han pasado de ostentar competencias en materia transportes únicamente sobre el casco urbano a detentarlas sobre todos los suelos calificados como de urbanos y urbanizables, tal como establecía la LOTT y establecen algunas Leyes autonómicas.

Las empresas privadas y los consorcios.

Según dispone el apdo. 1 del Art. 118 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre, los consorcios son entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia y diferenciada, creadas por varias Administraciones Públicas o entidades integrantes del sector público institucional, entre sí o con participación de entidades privadas, para el desarrollo de actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus competencias". Tal formulación legal supera la limitación que, hasta el momento de entrada en vigor de la norma, establecía que las entidades privadas participantes en un consorcio debían de ser entidades sin ánimo de lucro. 

 

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Persona jurídica
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Entes públicos
Transporte de viajeros
Agotamiento de la vía administrativa
Revisión en vía administrativa
Jurisdicción contencioso-administrativa
Actuación administrativa
Transporte terrestre de viajeros
Entidades sin animo de lucro