Delito de creación de grave riesgo para la seguridad del tráfico

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NOVEDAD: Con motivo de la supresión de las faltas penales, los accidentes de tráfico dejan de estar tipificados en la vía penal, salvo que los hechos revistan carácter de delito de conducción con alcoholemia en el que se hayan producido lesiones o del que resulten lesiones por delitos leves por imprudencia. En los delitos leves por imprudencia, se exige que la imprudencia sea de gravedad, más allá de un mero despiste en la conducción, en los que se seguirán tramitando por la vía penal. Los accidentes de tráfico con resultado ?leve? se reclamarán por la vía civil.

Las imprudencias, como colisiones por alcance, podrán quedar fuera de la vía penal si así lo decide el juez de instrucción penal, valorando si concurre o no, una imprudencia calificable penalmente por parte de un conductor implicado.

 

Es uno de los últimos delitos contra la seguridad del tráfico definidos dentro del Código Penal, concretamente en el Art. 385 ,CP.

Artículo 385.

Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o a las de multa de doce a veinticuatro meses y trabajos en beneficio de la comunidad de diez a cuarenta días, el que originare un grave riesgo para la circulación de alguna de las siguientes formas:

1.ª Colocando en la vía obstáculos imprevisibles, derramando sustancias deslizantes o inflamables o mutando, sustrayendo o anulando la señalización o por cualquier otro medio.

2.ª No restableciendo la seguridad de la vía, cuando haya obligación de hacerlo.

 

 

Artículo CÓDIGO PENAL

DELITO

PENA

ATENUANTES

Art. 385 ,CP

- Colocación de obstáculos, derrame de sustancias deslizantes/inflamables o alteración de la señalización

- No restablecer la seguridad de la vía

Trabajos de 10 a 40 días

+

Prisión de 6 meses a 2 años

ó

Multa de 12 a 24 meses

El Juez o Tribunal, razonándolo en sentencia, podrá rebajar en un grado la pena de prisión en atención a la menor entidad del riesgo causado y a las demás circunstancias

 

Se trata de conductas dolosas, nunca imprudentes, en las que el bien jurídico protegido es la seguridad vial, la seguridad del tráfico.

Este riesgo para la circulación debe suponer un peligro para la vida o la integridad de las personas que estén implicadas en la circulación.

La colocación de obstáculos significa en colocar en la vía pública impedimentos físicos de cualquier especie que puedan sorprender a los usuarios de la misma, y que con ello el tráfico se vea alterado.

Es necesario hacer referencia que si se coloca un obstáculo insalvable, contra el cual un vehículo va a chocar, en este caso, se podrá condenar por un delito de homicidio o lesiones imprudentes si se produce ese accidente y se causa la muerte o lesión de alguna de las personas implicadas.

En la conducta del derramamiento de sustancias deslizantes o inflamables, el riesgo supondrá la posibilidad de un patinazo, o incendio, entre otros.

En cuanto a la modificación de la señalización, será considerado delito de este Art. 385 ,CP, cuando afecte a señales que avisan de un peligro o de prohibición, cuya inobservancia puede ser peligrosa.

El punto segundo de este citado artículo, se refiere al no reestablecimiento de la seguridad vial cuando existe obligación para ello, lo que conlleva a la previa existencia de una alteración de esa seguridad, es decir, por la realización de alguna de las conductas del número primero.

Esta obligación recaerá en aquella persona que por su oficio o cargo tenga que cumplir con ese deber.

El sujeto activo en este tipo de delito contra la seguridad del tráfico, será aquella persona que origine un grave riesgo para la circulación. Mientras que, el sujeto pasivo estará compuesto por la colectividad de personas que puedan verse afectados por circular por la vía, donde se haya creado el riesgo para la circulación.

En lo referente a la señalización, en la legislación sobre seguridad del tráfico en general, se señala la prohibición de modificar el contenido de las señales o colocar sobre ellas o en sus inmediaciones placas, carteles, marcas u otros objetos que puedan inducir a confusión, reducir su visibilidad o su eficacia, deslumbrar a los usuarios de la vía o distraer su atención.

Se considera infracción grave administrativa, es decir, cuando no sea constitutiva de delito, arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios o accidentes, o que obstaculicen la libre circulación, así viene reflejado en el 65.4 ,Ley de Tráfico apartado n) .

También este artículo, en el apartado 6, a y b, en relación con las señales de tráfico, señala como infracción muy grave:

a) Realizar en la vía obras sin la autorización correspondiente, así como la retirada, ocultación, alteración o deterioro de la señalización permanente u ocasional.

b) No instalar la señalización de obras o hacerlo incorrectamente, poniendo en grave riesgo la seguridad vial.

Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 200 euros, mientras que las muy graves serán sancionadas con multa de 500 euros.

La persona competente para imponer estas sanciones, según esta Ley de tráfico, será el Jefe de Tráfico de de la provincia en que se haya cometido el hecho. Si se trata de infracciones cometidas en el territorio de más de una provincia, la competencia para su sanción corresponderá, en su caso, al Jefe de Tráfico de la provincia en que la infracción hubiera sido primeramente denunciada.

Una vez se notifique la denuncia, el denunciado dispondrá de un plazo de quince días naturales para realizar el pago voluntario con reducción de la sanción de multa, o para formular las alegaciones y proponer o aportar las pruebas que estime oportunas.

El plazo de prescripción de las infracciones previstas en esta Ley será de tres meses para las infracciones leves y de seis meses para las infracciones graves y muy graves. El plazo comenzará a contar a partir del mismo día en que los hechos se hubieran cometido.

Por último, expresar que las sanciones graves y muy graves deberán ser comunicadas al Registro de Conductores e Infractores por la Autoridad que la hubiera impuesto en el plazo de los quince días naturales siguientes a su firmeza en vía administrativa.

Las anotaciones se cancelarán de oficio, a efectos de antecedentes, una vez transcurridos tres años desde su total cumplimiento o prescripción.

 

 

 

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