La prostitución como delito contra la libertad e indemnidad sexual

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Penal

La prostitución de adultos es clasificada dentro del Código Penal como un delito contra la libertad e indemnidad sexual. Su regulación se encuentra en el Capítulo V "De los delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y corrupción de menores" del Título VIII, del Libro II

Los delitos contra la libertad e indemnidad sexual pueden definirse como aquellos que atentan contra la libertad sexual de un individuo o que incitan al individuo a orientar su sexualidad en algún sentido cuando este es un incapaz o un menor con una edad inferior a la permitida por la ley para prestar su consentimiento.

 

NOVEDAD: La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que modifica el Código Penal, pasa a regular la prostitución de adultos en el Art. 187 ,Código Penal, y lo castiga con una pena de prisión de dos a cinco años- antes de la reforma se recogía en el art. 188, contemplándose una pena de 2 a 4 años-. 

La libertad sexual reconocida por el Código Penal tiene dos vertientes, una positiva y otra negativa. En lo que respecta a la vertiente positiva, esta puede identificarse con la libertad de querer o con la propia voluntad, es decir, son aquellas circunstancias en las que el individuo ostenta la posibilidad de orientar su voluntad en una determinada dirección, es decir, sin que se vea coaccionado ni obligado. Por otra parte, la libertad negativa se corresponde con la libertad que tiene el individuo para actuar, es decir, la posibilidad que ostenta de realizar u omitir aquel comportamiento que tiene la voluntad de llevar a cabo, sin que un tercero intervenga en dicha decisión.

Para determinar cuál es el bien jurídico protegido en este delito, debemos distinguir si el sujeto pasivo es un mayor de edad o, por el contrario se trata de un menor. En el supuesto de que nos encontremos ante una persona adulta, el bien jurídico protegido es la libertad sexual. Sin embargo, si se trata de un menor de edad, el bien jurídico protegido es la indemnidad sexual en todos los sentidos, es decir, tanto desde una perspectiva absoluta como relativa. La mencionada perspectiva absoluta abarca todas las situaciones en que pueda verse inmerso el menor, mientras que la relativa se refiere al mero hecho de llevar a cabo la conducta, es decir, aquellos supuestos en que el menor es consciente de que le están lesionando. No obstante, la Doctrina mayoritaria opta por la protección absoluta del menor en este tipo delictivo.

El Art. 187 ,Código Penal castiga al que empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona mayor de edad a ejercer o a mantenerse en la prostitución, será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses.

Si se promoviera la prostitución de una persona menor de edad o incapaz, se le impondrá la pena de prisión de dos a cinco años así como de multa de 12 a 24 meses.

El 187.1 ,Código Penal, establece el tipo básico, según el cual se impondrá la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses a quien se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma. En dicha conducta: la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad personal o económica, y además se le imponen para su ejercicio condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas.

Tomando como punto de partida la actuación del sujeto pasivo, el Código Penal, está castigando un doble comportamiento: determinar que la víctima comience a ejercer la prostitución así como hacer que la misma se mantenga en su ejercicio. No obstante, para que la pena establecida por el Código Penal pueda ser aplicable, será necesario que concurra violencia, intimidación o engaño, siendo suficiente con que se presente uno sólo de dichos elementos.

Existen dos tipos de violencia: la violencia propia y la impropia. La violencia propia se refiere a la utilización de la fuerza física, mientras que la impropia abarca el constreñimiento de la voluntad por otras vías distintas (hipnosis, drogas, etc.). Por otro lado, el Tribunal Supremo define la intimidación como el anuncio de un mal inmediato, grave, personal y posible que inspire en la persona del ofendido un sentimiento de miedo, angustia o desasosiego ante la contingencia de un daño real o imaginario. Finalmente, ha de entenderse por engaño toda aquella artimaña llevada a cabo con el fin de que la víctima se inicie o se mantenga en el ejercicio de la prostitución. Sin embargo, a estos tres elementos puede añadirse uno más, y es la situación de inferioridad, necesidad o vulnerabilidad en que se encuentra la víctima.

El 187.2 ,Código Penal, contiene un tipo agravado, disponiendo que se impondrán las penas previstas en los apartados anteriores en su mitad superior, en sus respectivos casos, cuando el culpable:

- se hubiera prevalido de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público. En este caso se aplicará, además, la pena de inhabilitación absoluta de seis a doce años.

- perteneciere a una organización o grupo criminal que se dedicare a la realización de tales actividades.

- se hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por imprudencia grave, la vida o salud de la víctima.

El 187.3 ,Código Penal determina que las penas señaladas se impondrán en sus respectivos casos, sin perjuicio de las que correspondan por las agresiones o abusos sexuales cometidos sobre la persona prostituida.

 

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