Regulación de los delitos contra la Constitución del Título XXI del Libro II del CP

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  • Orden: Penal

El Libro II, Título XXI del Código Penal, agrupa bajo la rúbrica de delitos contra la Constitución, un conjunto de tipos penales que tienen como finalidad la protección del orden constitucional (Art. 472 ,CP a Art. 543 ,CP). Se incluyen aquellos delitos que afectan preferentemente a las instituciones fundamentales del Estado. Parte de estos delitos tienen un componente político, no obstante, los delitos contra el Estado suelen denominarse delitos políticos, por lo menos aquellos que afectan a las instituciones fundamentales.
NOVEDAD: La reforma que hace la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, modifica los Art. 485 ,CP, se amplía de forma notoria la regulación del Art. 510 ,CP, se añade el Art. 510 bis ,Código PenalArt. 511 ,CPArt. 512 ,CPArt. 515 ,CP.

 

Siguiendo la sistemática del propio texto, éstos son los siguientes:

- Capítulo I: Rebelión (Art. 472 ,CP a Art. 484 ,CP).

- Capítulo II: Delitos contra la Corona (Art. 485 ,CP a Art. 491 ,CP).

- Capítulo III: De los delitos contra las Instituciones del Estado y la división de poderes:

- Sección 1ª: Delitos contra las Instituciones del Estado (Art. 492 ,CP a Art. 505 ,CP).

- Sección 2ª: De la usurpación de atribuciones (Art. 506 ,CP a Art. 509 ,CP).

- Capítulo IV: De los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas:

- Sección 1ª: De los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas garantizados por la Constitución (Art. 510 ,CP a Art. 521 ,CP).

- Sección 2ª: De los delitos contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos (Art. 522 ,CP a Art. 526 ,CP).

- Capítulo V: De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales:

- Sección 1ª: De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la libertad individual (Art. 529 ,CP a Art. 533 ,CP).

- Sección 2ª: De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la inviolabilidad domiciliaria y demás garantías de la intimidad (Art. 534 ,CP a Art. 536 ,CP).

- Sección 3ª: De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra otros derechos individuales (Art. 537 ,CP a Art. 542 ,CP).

- Capítulo VI: De los ultrajes a España (Art. 543 ,CP).

En el Art. 472 ,CP se define qué se entiende por rebelión a efectos penales. El primero de los requisitos típicos es la existencia de un “alzamiento violento y público”, lo que motiva dos interrogantes de indudable relevancia práctica: qué se entiende por “alzarse” y qué por “violencia”. En cuanto al sujeto activo, estamos ante un delito plurisubjetivo, esto es, un delito que sólo puede ser cometido por una pluralidad de personas, siendo indiferente su número, siempre que éste sea lo suficientemente relevante en orden a la consecución de los fines fijados en este artículo.

Por su parte el Art. 485 ,CP castiga el magnicidio, pero extendiendo el ámbito de los sujetos pasivos, tradicionalmente reservado sólo al Jefe del Estado, a cualquiera de sus ascendientes, descendientes, Reina consorte, consorte de la Reina, Regente, miembro de la Regencia y al Príncipe heredero de la Corona.

El Art. 486 ,CP castiga la causación de lesiones a alguno de los sujetos descritos en el artículo anterior.

En el Art. 490 ,CP se contemplan tres distintas figuras delictivas: el allanamiento de morada, las amenazas y las calumnias e injurias.

En cualquier caso, las conductas constitutivas de delito de injurias al Jefe del Estado han de significar, además de un ataque a su honor, una lesión de la dignidad de la función que ostenta, entendida como la pretensión de respeto indispensable para el normal funcionamiento de los poderes públicos.

La regulación de la materia de las injurias y calumnias a las personas relacionadas con la Corona, y el Capítulo dedicado a los delitos contra la misma, se cierra con lo dispuesto en el Art. 491 ,CP, que completa lo dispuesto en el anterior, amén de añadir el delito de utilización de modo dañoso para el prestigio de la Corona de la imagen de los sujetos protegidos en este Capítulo.

Tras el Capítulo dedicado a la Corona, la sección primera del siguiente Capítulo pretende proteger el prestigio y el normal funcionamiento de los órganos fundamentales de los otros poderes constitucionales del Estado.

A estos se añaden el Ejército y las Fuerzas de Seguridad y, curiosamente fuera del Capítulo destinado a su específica protección, la propia Corona respecto de las funciones de las Cortes Generales de previsión de la Regencia y de la tutoría del titular menor de edad.

Esto último es lo que se prevé en el Art. 492 ,CP, primero de esta sección, el cual, como se acaba de señalar, y a pesar de que, en última instancia lo que protege no es sino la Corona, curiosamente no se tipifica en el Capítulo dedicado a proteger a ésta.

Dicho precepto se refiere a los casos constitucionalmente previstos en que las Cortes Generales han de nombrar la Regencia o el tutor del titular menor de edad.

Es decir, viene referido, en primer lugar a lo dispuesto en el 59.3 ,Constitución Española, según el que, cuando no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, ésta será nombrada por las Cortes Generales.

Por lo que se refiere al tutor, y de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 60 ,Constitución Española, será tutor del Rey menor de edad la persona que en su testamento hubiere nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento; en su defecto, el padre o la madre, mientras permanezcan viudos y sólo en defecto de éstos también, será nombrado por las Cortes Generales, único supuesto, pues, en el que podría entrar en juego este Art. 492 ,CP.

El ámbito de aplicación de este precepto es sumamente reducido y excepcional, consistiendo la conducta en él castigado en impedir a las Cortes Generales reunirse, impedir, pues, su constitución.

El Art. 493 ,CP preceptúa un tipo subsidiario respecto del de rebelión, difiriendo de ésta en la falta de alzamiento público y de la finalidad de alterar el orden constitucional.

Este precepto se complementa con lo dispuesto en los dos siguientes, que castigan la alteración del normal funcionamiento de las Cortes o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma cuando se halle reunida, a causa de la celebración de manifestaciones o reuniones ante sus sedes (Art. 494 ,CP) y el intento de entrada en las mismas con armas u otros objetos peligrosos en orden a presentar en persona o colectivamente peticiones a dichas instituciones.

Mayor importancia tiene el Art. 496 ,CP, el cual castiga las injurias graves a las Cortes Generales o a una Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma.

Frente a la regulación del Código penal anterior, que incluía estas conductas en el Capítulo dedicado a “los delitos de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos”, el vigente Código penal incluye la usurpación de atribuciones en el apartado dedicado a los delitos contra la Constitución. Ello constituye, sin duda, un acierto, por cuanto ofrece una mayor proximidad y coherencia con el bien jurídico objeto de protección en las infracciones aquí estudiadas.

Todos los delitos relacionados en esta sección son de exclusiva comisión dolosa, exigiéndose en todos los supuestos la conciencia de la extralimitación en el ejercicio de las funciones.

En relación con los delitos contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos, el legislador en el Art. 510 ,CP- precepto que se ve profundamente modificado con la Ley 1/2015, de 30 de marzo-, castiga conductas de provocación y las injurias discriminatorias, pero no la efectiva discriminación, que se castiga en los preceptos subsiguientes. Se trata, de expresiones que se castigan aunque no se produzca efectivamente discriminación alguna.

El primer problema que plantean estos delitos es el de indagar acerca de cuál es el bien jurídico que se protege en esta sección 2ª del Capítulo IV. Muñoz Conde señala que el factor aglutinante de todos estos delitos es la protección del “sentimiento religioso, por más que sea un concepto difuso y difícil de precisar”.

Existe una pluralidad de bienes jurídicos protegidos en esta sección. De este modo, puede decirse que en los Art. 522,Art. 523 ,CP se tutela la libertad religiosa y de cultos, en el Art. 524 ,CP el sentimiento religioso, en el Art. 525 ,CP el sentimiento y las creencias religiosas y en el Art. 526 ,CP el respeto a los difuntos.

Se refiere por último este Título XXI a aquellos delitos que lesionan las garantías que la Constitución otorga al ciudadano cometidos por funcionarios públicos.

La esencia de estos delitos consiste en la lesión de estos derechos de la persona por parte de las autoridades y funcionarios cuando actúan en representación del poder estatal, excediéndose de las facultades que le han sido concedidas. En estos delitos se tipifica, pues, más que la lesión de los derechos particulares, el abuso de dichas facultades, por lo que es preciso que el sujeto actúe en el ejercicio de su función, pues de lo contrario incurrirá no en este delito sino en uno común.

Los delitos comprendidos en este Capítulo son, evidentemente, todos ellos delitos especiales y no presentan dificultad exegética alguna, puesto que, en la mayoría de supuestos se trata de tipos sencillos, aunque de farragosa redacción.

En general, se trata de delitos de bastante dudosa aplicación práctica, pero que sirven, aunque sólo sea formalmente, a una más adecuada protección del ciudadano frente al Estado, que es, a la postre, la función básica del Derecho penal.

Por último en lo que respecta a este Título XXI, “Delitos contra la Constitución”, se incluye un Capítulo VI bajo la rúbrica “de los ultrajes a España”, con un único artículo, el Art. 543 ,CP, donde se castigan las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus Comunidades Autónomas, sus símbolos o emblemas, siempre que se efectúen con publicidad.

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