Los delitos contra el Derecho de gentes como modalidad de delitos contra la Comunidad Internacional

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  • Orden: Penal

Antes de abordar lo establecido en nuestra legislación sobre los "Delitos contra el Derecho de gentes", cabe destacar que la variedad de delitos derivados del ataque a un Jefe de un Estado extranjero tiene pocos precedentes históricos, al contrario que los ataques a representantes diplomáticos, que ya era recogido por antecedentes romanos en la Lex Julia de vi publica como delito contra el derecho de gentes. Esta redacción se mantiene idéntica desde la redacción de 1848. Destaca su carácter pluriofensivo ya que se tutelan tanto bienes jurídicos individuales como otros comunitarios (destinados a preservar las relaciones internacionales)
NOVEDAD: La ley Orgánica de 1/2015, de 30 de marzo, de entre los delitos contra la Comunidad Internacional, modifica dentro del Capítulo regulador de los delitos contra el Derecho de gentes, el Art. 605 ,Código Penal, ya que contempla expresamente la prisión permanente revisable para el magnicidio.

Así, en nuestro Código Penal, los delitos contra la vida, salud e integridad física de los Jefes de Estado extranjeros y demás personas protegidas se recogen en el Art. 605 ,Código penal estableciendo que el que matare al Jefe de un Estado extranjero, o a otra persona internacionalmente protegida por un Tratado, que se halle en España, será castigado con la pena de prisión de 20 a 25 años. Si concurrieran en el hecho dos o más circunstancias agravantes se impondrá la pena de prisión de 25 a 30 años. Será castigado con la pena de prisión de 15 a 20 años el que causare lesiones de las previstas en el Art. 149 ,Código penal a las personas antes mencionadas. Si se tratara de alguna de las lesiones previstas en el Art. 150 ,Código Penal se castigará con la pena de prisión de 8 a 15 años, y de 4 a 8 años si fuera cualquier otra lesión. Cualquier otro delito cometido contra las personas antes mencionadas, o contra los locales oficiales, la residencia particular o los medios de transporte de dichas personas, será castigado con las penas establecidas en este Código para los respectivos delitos, en su mitad superior.

El sujeto activo puede ser cualquier persona y ha de conocer la condición de Jefe de Estado o de persona internacionalmente protegida. Por lo que se refiere al sujeto pasivo ha de tratarse de un jefe de Estado o persona internacionalmente protegida. Este concepto no puede confundirse con el de Presidente del Gobierno o Primer Ministro, ya que el precepto penal se refiere únicamente a los que, además de ser Presidentes del Gobierno o Primer Ministro, sean Jefes de Estado, aunque también pueden protegerse sin que sean Jefes de Estado si entendemos que el concepto incluye estos cargos en la mención “persona internacionalmente protegida por Tratado”. Así, se entenderá por persona internacionalmente protegida, según la Convención de Nueva York de 1973:

  • Un Jefe de Estado y todos los miembros de un órgano colegiado cuando, de acuerdo con su Constitución, cumpla las funciones de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno o un Ministro de Relaciones Exteriores, siempre que éste y los miembros de su familia que lo acompañen se encuentren en un Estado extranjero.
  • Cualquier representante, funcionario o personalidad oficial de un Estado, o cualquier funcionario, personalidad oficial u otro agente de una organización intergubernamental que, en el momento y el lugar en que se comete un delito contra él, sus locales oficiales, su residencia particular o sus medios de transporte, tenga derecho, de conformidad con el Derecho internacional, a una protección especial contra todo atentado a su persona, libertad o dignidad, así como los miembros de su familia que formen parte de su casa.

Si la comisión de alguno de los hechos (homicidio, lesiones…) da lugar a la declaración de guerra contra España, se dará un concurso ideal con el delito contra la paz del Art. 590 ,Código penal.

En cuanto a la violación de la inmunidad personal, el 606.1 ,Código penal establece al respecto que será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años el que violare la inmunidad personal del Jefe de otro Estado o de otra persona internacionalmente protegida por un Tratado. Para poder entender este precepto es necesario precisar cuales son las inmunidades personales y que se entiende por “violar” esa inmunidad. Así, entenderemos por inmunidades personales:

- Prohibición de detención o arresto (limitada en los consulares).

- Inmunidad de jurisdicción de los actos realizados tanto en el ejercicio de sus funciones como las de carácter privado, renunciable por el Estado acreditante y que se extiende aparte de la penal, civil y administrativa (con excepciones).

- Se extienden a los miembros de la familia del diplomático o consular que formen parte de la casa y no sean nacionales del Estado receptor.

Por lo que se refiere a “violar”, sólo puede ejecutarse de forma exclusiva por funcionarios administrativos o autoridades judiciales, sujetos activos de dicha infracción.

Ahora bien, en el apartado 2 del citado artículo, se establece que cuando los delitos comprendidos en este artículo y en el anterior no tengan señalada una penalidad recíproca en las leyes del país a que correspondan las personas ofendidas, se impondrá al delincuente la pena que sería propia del delito, con arreglo a las disposiciones de este Código, si la persona ofendida no tuviese el carácter oficial mencionado en el apartado anterior.

Por tanto, es el principio de reciprocidad la clave que permita calificar como agravada la conducta cometida contra españoles en el Estado receptor si dicha conducta cometida contra los agentes de ese Estado tienen una agravación similar y viceversa. Ello se debe a la conveniencia internacional por la imagen que le podría generar a España no dar un trato paralelo para este tipo de delitos.  

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