Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social como modalidad de delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Penal

En el Título XIV del Código penal se regulan los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, que contienen los artículos que van desde el Art. 305 ,CPArt. 310 bis ,CP. El bien jurídico protegido en estos delitos se desprende del articulado del Código. Dentro de la diversidad de funciones de la Hacienda Pública se encuentra la protección de los ingresos y de los gastos, regulados en el apartado 1 y 2 del Art. 31 ,Constitución Española y sirve de referencia a la protección penal del siguiente modo:

- De una parte el ansia de que el reparto de la carga tributaria sea lo más progresiva posible atendiendo al principio de capacidad económica manifestándose penalmente en la defraudación tributario o delito fiscal en el que el ataque a la Hacienda Pública se refleja en la lesión de la recaudación tributaria de cada uno de los impuestos que existen en el sistema. El obstruccionismo  fiscal que se manifiesta e la obstaculización al desarrollo normal de la función tributaria.

- De otra parte la Hacienda Pública en su faceta de gasto público se manifiesta en la asignación equitativa de los recursos públicos y su programación conforme a los principios de eficiencia y economía. De estas consideraciones se desprenden tres tipos delictivos en relación con las funciones de la Hacienda Pública.

NOVEDAD: La Ley 1/2015, de 30 de marzo, realiza un refuerzo punitivo de la corrupción en la administración pública. Se modifica el Art. 306 ,CP, el delito contra la Hacienda de la Unión Europea, ya que se añade a la redacción del apartado 1, en la parte de la pena, la pérdida de obtener subvenciones o ayudas públicas y beneficios o incentivos fiscales entre 3 y 6 años.

El Art. 308 bis ,CP es nuevo. Se añaden a las reglas generales de los artículos Art. 80 ,CP y siguientes del Código Penal, las siguientes reglas:

- Para suspender la pena será necesario haber devuelto la cantidad defraudada a la Hacienda Pública o Seguridad Social o el reintegro de las subvenciones o ayudas. Se entiende cumplido con un compromiso de la devolución de lo anterior, la responsabilidad civil, facilitar el decomiso y ?sea razonable esperar que el mismo sea cumplido?. No se concederá cuando conste que ha facilitado información inexacta o insuficiente sobre su patrimonio.
La resolución judicial será comunicada a la Administración perjudicada.
- Se revocará, además de si se da un supuesto del Art. 86 ,CP, cuando no dé cumplimiento al compromiso, siempre que tuviera capacidad, o haya facilitado información inexacta o insuficiente. Además, el Juez de Vigilancia puede denegar la libertad condicional.

El párrafo 2, del Art. 308 bis ,CP, dispone que en el supuesto del Art. 125 ,CP, se oirá previamente al representante de la Administración, para que aporte informe patrimonial de los responsables del delito sobre su capacidad real y se podrá incluir una propuesta de fraccionamiento de pagos.

En el 305.1 ,CP regula el fraude fiscal diciendo que el que,  por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de ciento veinte mil euros será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía, salvo que hubiere regularizado su situación tributaria en los términos del apartado 4 del presente artículo.

La mera presentación de declaraciones o autoliquidaciones no excluye la defraudación, cuando ésta se acredite por otros hechos.

Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años.

El tipo objetivo de este delito es la existencia de una relación jurídica tributaria por la que los sujetos activo y pasivo, el primero es el obligado tributario y el segundo son los titulares de la Hacienda Pública como el Estado, entes autonómicos, forales y locales. Se trata por tanto de un delito especial.

La acción consiste en defraudar incumpliendo las obligaciones tributarias que se deben realizar no pagando los tributos u obteniendo de forma indebida devoluciones o percibiendo beneficios fiscales.

En cuanto al resultado se exige la producción de un perjuicio que se consuma en el instante en que se elude el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta de retribuciones en especie o se obtienen indebidamente devoluciones o se disfruta de beneficios fiscales. El resultado se traduce en una condición objetiva de penalidad ya que nunca se puede castigar como delito de fraude cuando la cuantía no llega a una determinada cantidad. La cuantía se concreta según el 305.2 ,CP, a los efectos de determinar la cuantía mencionada en el 305.1 ,CP:

a) Si se trata de tributos, retenciones, ingresos a cuenta o devoluciones, periódicos o de declaración periódica, se estará a lo defraudado en cada período impositivo o de declaración, y si éstos son inferiores a doce meses, el importe de lo defraudado se referirá al año natural. No obstante lo anterior, en los casos en los que la defraudación se lleve a cabo en el seno de una organización o grupo criminal, o por personas o entidades que actúen bajo la apariencia de una actividad económica real sin desarrollarla de forma efectiva, el delito será perseguible desde el mismo momento en que se alcance la cantidad fijada en el apartado 1.

b) En los demás supuestos, la cuantía se entenderá referida a cada uno de los distintos conceptos por los que un hecho imponible sea susceptible de liquidación.

Por tributos hay que entender las tasas, contribuciones especiales e impuestos a que hace referencia la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria. Por beneficios fiscales se entienden las deducciones, bonificaciones, exenciones y desgravaciones tributarias.

En cuanto al tipo subjetivo, son punibles la acción u omisión dolosa no siendo penada la comisión imprudente.

Las mismas penas se impondrán cuando las conductas descritas anteriormente se cometan contra la Hacienda de la Unión Europea, siempre que la cuantía defraudada excediera de cincuenta mil euros en el plazo de un año natural. No obstante lo anterior, en los casos en los que la defraudación se lleve a cabo en el seno de una organización o grupo criminal, o por personas o entidades que actúen bajo la apariencia de una actividad económica real sin desarrollarla de forma efectiva, el delito será perseguible desde el mismo momento en que se alcance la cantidad fijada en este apartado.

Si la cuantía defraudada no superase los cincuenta mil euros, pero excediere de cuatro mil, se impondrá una pena de prisión de tres meses a un año o multa del tanto al triplo de la citada cuantía y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de seis meses a dos años.

La situación tributaria se considerará regularizada, cuando se haya procedido por el obligado tributario al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de la regularización o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias. Asimismo, los efectos de la regularización prevista en el párrafo anterior resultarán aplicables cuando se satisfagan deudas tributarias una vez prescrito el derecho de la Administración a su determinación en vía administrativa.

La regularización por el obligado tributario de su situación tributaria impedirá que se le persiga por las posibles irregularidades contables u otras falsedades instrumentales que, exclusivamente en relación a la deuda tributaria objeto de regularización, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a la regularización de su situación tributaria.

Cuando la Administración Tributaria apreciare indicios de haberse cometido un delito contra la Hacienda Pública, podrá liquidar de forma separada, por una parte los conceptos y cuantías que no se encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda Pública, y por otra, los que se encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda Pública. Esta liquidación seguirá la tramitación ordinaria y se sujetará al régimen de recursos propios de toda liquidación tributaria. Si la liquidación deriva de aquellos conceptos y cuantías que se encuentran vinculados con el posible delito contra la Hacienda Pública seguirá la tramitación que al efecto establezca la normativa tributaria, sin perjuicio de que finalmente se ajuste a lo que se decida en el proceso penal.

La existencia del procedimiento penal por delito contra la Hacienda Pública no paralizará la acción de cobro de la deuda tributaria. Por parte de la Administración Tributaria podrán iniciarse las actuaciones dirigidas al cobro, salvo que el Juez, de oficio o a instancia de parte, hubiere acordado la suspensión de las actuaciones de ejecución, previa prestación de garantía. Si no se pudiese prestar garantía en todo o en parte, excepcionalmente el Juez podrá acordar la suspensión con dispensa total o parcial de garantías si apreciare que la ejecución pudiese ocasionar daños irreparables o de muy difícil reparación.

Los Jueces y Tribunales podrán imponer al obligado tributario o al autor del delito la pena inferior en uno o dos grados, siempre que, antes de que transcurran dos meses desde la citación judicial como imputado satisfaga la deuda tributaria y reconozca judicialmente los hechos. Lo anterior será igualmente aplicable respecto de otros partícipes en el delito distintos del obligado tributario o del autor del delito, cuando colaboren activamente para la obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables, para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos o para la averiguación del patrimonio del obligado tributario o de otros responsables del delito.

En los procedimientos por el delito contemplado en este artículo, para la ejecución de la pena de multa y la responsabilidad civil, que comprenderá el importe de la deuda tributaria que la Administración Tributaria no haya liquidado por prescripción u otra causa legal en los términos previstos en la Ley 58/2003, General Tributaria, de 17 de diciembre, incluidos sus intereses de demora, los Jueces y Tribunales recabarán el auxilio de los servicios de la Administración Tributaria que las exigirá por el procedimiento administrativo de apremio en los términos establecidos en la citada Ley.

El Art. 305 bis ,CP, establece un subtipo agravado en el que se tipifican las conductas más graves o de mayor complejidad, respecto de las que  se produce una elevación de la pena, que va de los dos años hasta los seis años de prisión. Las conductas que se consideran más graves son tres: las defraudaciones superiores a los seiscientos mil euros de cuota tributaria; cuando la defraudación se comete en el seno de una organización o grupo criminal; y, por último, en los casos en que para la defraudación se utilizan personas, negocios, instrumentos o territorios que dificulten la determinación de la identidad o patrimonio verdadero del obligado tributario o la cuantía defraudada.

 El Art. 306 ,CP contempla el delito contra la Hacienda de la Unión Europea, y dispone que el defraude a los presupuestos generales de la Unión Europea u otros administrados por ésta, en cuantía superior a cincuenta mil euros, eludiendo, fuera de los casos contemplados en el apartado 3 del Art. 305 ,CP, el pago de cantidades que se deban ingresar, dando a los fondos obtenidos una aplicación distinta de aquella a que estuvieren destinados u obteniendo indebidamente fondos falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubieran impedido, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años.

Si la cuantía defraudada o aplicada indebidamente no superase los cincuenta mil euros, pero excediere de cuatro mil, se impondrá una pena de prisión de tres meses a un año o multa del tanto al triplo de la citada cuantía y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de seis meses a dos años.

En cuanto a los delitos contra la Seguridad Social en el Art. 307 ,CP castiga la defraudación a la Seguridad Social cuando la cuantía de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas exceda de cincuenta mil euros será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía salvo que hubiere regularizado su situación ante la Seguridad Social en los términos del 307.3 ,CP. Además, el responsable perderá la posibilidad de obtener subvenciones y beneficios fiscales durante el periodo de tres a seis años. El apartado 5 del Art. 307 ,CP, permite que se imponga la pena inferior en grado en caso, antes de que transcurran dos meses desde la citación judicial como imputado, satisfaga la deuda con la Seguridad Social reconociendo judicialmente los hechos.

El Art. 307 bis ,CP,  contempla un tipo más cualificado, castigado con la pena de prisión de dos a seis años y multa del doble al séxtuplo de la cuantía y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y el derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales durante el período de cuatro a ocho años, cuando:

a) la cuantía de las cuotas defraudadas exceda de ciento veinte mil euros.

b) la defraudación se haya cometido en el seno de un grupo criminal.

c) se hayan utilizado personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica interpuestos o paraísos fiscales dificultando la determinación de la identidad de los responsables del delito.

 El Art. 307 ter ,CP, sanciona las defraudaciones al sistema de la Seguridad Social , con la pena de seis meses a tres años de prisión y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de los beneficios de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años a "Quien obtenga, para sí o para otro, el disfrute de prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, la prolongación indebida del mismo, o facilite a otros su obtención, por medio del error provocado mediante la simulación o tergiversación de hechos, o la ocultación consciente de hechos de los que tenía el deber de informar, causando con ello un perjuicio a la Administración Pública". Si el valor de las prestaciones superara los 50.000 euros, o concurrieran otras circunstancias agravantes, la pena de prisión será de dos a seis años y multa del tanto al séxtuplo. 

Se establece expresamente que la existencia de un procedimiento penal por delito contra la Seguridad Social o por fraude en la obtención de prestaciones no paralizará el procedimiento administrativo de cobro de la Administración de la Seguridad Social.

Se posibilita la regularización de la situación para evitar la responsabilidad penal cuando se haya procedido por el obligado frente a la Seguridad Social al completo reconocimiento y pago de la deuda o prestación obtenida indebidamente antes de que se le haya notificado la iniciación de actuaciones inspectoras.

El Art. 308 ,CP para mantener dentro de la regulación del fraude de subvenciones únicamente las ayudas y subvenciones de las Administraciones Públicas, cuando la cuantía supere la cifra de ciento veinte mil euros., cuando para ello se han falseado las condiciones requeridas para su concesión o se han ocultado las que la hubiesen impedido. Igualmente está penada la aplicación de la subvención o ayuda a fines distintos de aquéllos para los que fue concedida, en una cantidad superior a 120.000 euros. Por lo demás, también está previsto en este artículo la regularización de la situación, por reintegro de las prestaciones o ayudas; la atenuación de la pena por el mismo concepto; la posibilidad de que la Administración competente siga con las actuaciones, a pesar de la existencia del procedimiento penal y que sólo por decisión del Juez se paralice la acción de cobro de la Administración (en el supuesto de que ésta haya decidido iniciar el procedimiento).  

El Art. 308 bis ,CP es nuevo. Se añaden a las reglas generales de los artículos Art. 80 ,CP y siguientes del Código Penal, las siguientes reglas:

- Para suspender la pena será necesario haber devuelto la cantidad defraudada a la Hacienda Pública o Seguridad Social o el reintegro de las subvenciones o ayudas. Se entiende cumplido con un compromiso de la devolución de lo anterior, la responsabilidad civil, facilitar el decomiso y “sea razonable esperar que el mismo sea cumplido”. No se concederá cuando conste que ha facilitado información inexacta o insuficiente sobre su patrimonio.

La resolución judicial será comunicada a la Administración perjudicada.

- Se revocará, además de si se da un supuesto del Art. 86 ,CP, cuando no dé cumplimiento al compromiso, siempre que tuviera capacidad, o haya facilitado información inexacta o insuficiente. Además, el Juez de Vigilancia puede denegar la libertad condicional.

El párrafo 2, del Art. 308 bis ,CP, dispone que en el supuesto del Art. 125 ,CP, se oirá previamente al representante de la Administración, para que aporte informe patrimonial de los responsables del delito sobre su capacidad real y se podrá incluir una propuesta de fraccionamiento de pagos.

 Se modifica el Art. 310 bis ,CP, regula la responsabilidad de una persona jurídica en estos casos. 

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