Los delitos de frustración de la ejecución como modalidad de delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico

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El Capítulo VII pasa a rubricarse como "Frustración de la ejecución" ya que se produce una ruptura de la tradicional de los delitos de insolvencia punible que antes englobaba desde la antigua tipificación del delito de alzamiento de bienes ?y sus posteriores figuras derivadas- hasta los relacionados con el antiguo delito de ?quiebra fraudulenta?, que son las insolvencias punibles que ahora se regulan en el nuevo Capítulo VII bis.

Ahora el Capítulo VII se compone del Art. 257 ,CPArt. 258 ,CPArt. 258 bis ,CP y el Art. 258 ter ,CP.

Se  castiga al que se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores, y a quien con el mismo fin realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dificulte un embargo o un procedimiento ejecutivo iniciado o de previsible iniciación.

NOVEDAD: Con la reforma hecha por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, se divide la insolvencia punible, en las conductas en las relacionadas con el alzamiento de bienes- como ?frustración de la ejecución? y las relacionadas con la tradicional figura de quiebra fraudulenta como ?insolvencias punibles?.

La conducta que se castigaba en el antiguo artículo 258 CP, se incorpora dentro del actual Art. 257 ,CP. Así pues, la nueva redacción del Art. 258 ,CP, castiga el hecho de presentar en ejecución, judicial o administrativa, una relación de bienes o patrimonio incompleta de manera que dificulte la ejecución.

Se añade un Art. 258 bis ,CP, que castiga el uso de bienes embargados por utilidad pública y en depósito sin estar autorizados para ello.

Por último, el Art. 258 ter ,CP, regula la responsabilidad penal de la persona jurídica de estos delitos 

 

El Capítulo VII "Frustración de la ejecución", empieza su articulado disponiendo que será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses, al que se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores, y a quien con el mismo fin realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de previsible iniciación.

A continuación, el siguiente apartado castiga los actos de disposición de bienes, o el hecho de contraer obligaciones, para eludir el pago de responsabilidades civiles derivadas de delito o del que se espera que deba responder, hecho que antes de la reforma se castigaba en el antiguo Art. 258 ,CP.

El número 3 amplía y especifica que la deuda perseguida puede ser de cualquier tipo, incluyendo derechos económicos de trabajadores, y dando igual quién sea el acreedor. El párrafo segundo del numeral 3, es el antiguo 257.3 ,CP se prevé para cuando la deuda es de derecho público y se añade específicamente que sea para eludir la responsabilidad por un delito fiscal o contra la Seguridad Social.

El número 4, imposición de penas en la mitad superior, se concreta ahora en que los numerales afectados sean los del apartado 1 del Art. 250 ,CP (números  5º o 6º, ha de tenerse en cuenta que los correlativos de la estafa se han modificado).

El numeral 5 dice que se perseguirá el delito aun cuando tras su comisión se iniciara un procedimiento concursal.

El Art. 258 ,CP en su apartado 1, castiga el hecho de presentar en ejecución, judicial o administrativa, una relación de bienes o patrimonio incompleta de manera que dificulte la ejecución. Castiga el delito de ocultación de bienes en procedimiento judicial o administrativo de la ejecución.

Considera incompleta la relación bienes, cuando el deudor disfrute de bienes de titularidad de terceros y no aporte y no aporte justificación de por qué los está usando. Se dispone la misma pena al que deje de facilitar la relación de bienes o patrimonio.

Se establece una cláusula de exclusión de responsabilidad penal, no habrá persecución, cuando antes de descubrir lo incompleto de la declaración de bienes se procede a la subsanación. 

El Art. 258bis ,CP, es de nueva creación por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Es el delito de utilización no autorizada por el depositario de bienes embargados por la autoridad.

Castiga usar bienes embargados por utilidad pública y en depósito sin estar autorizados para ello, con una pena de prisión de tres meses a seis meses o multa de seis a veinticuatro meses, salvo que ya estuvieran castigados con una pena más grave en otro precepto.

La responsabilidad penal de la persona jurídica de estos delitos se contempla en el Art. 258ter ,CP

Se introduce que cuando de acuerdo con lo establecido en el Art. 31bis ,CP una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en este Capítulo, se le impondrán las siguientes penas:

a) Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.

b) Multa de uno a tres años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años no incluida en el inciso anterior.

c) Multa de seis meses a dos años, en el resto de los casos.

Atendidas las reglas establecidas en el Art. 66bis ,CP, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b a g del apartado 7 del Art. 33 ,CP

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Insolvencia punible
Acto de disposición
Quiebra
Delito de frustración en la ejecución
Responsabilidad penal
Bienes embargados
Delito de alzamiento de bienes
Persona jurídica
Utilidad pública
Alzamiento de bienes
Responsabilidad
Responsabilidad civil
Delito fiscal
Delitos contra la Hacienda Pública
Estafa
Comisiones
Procedimiento concursal
Ocultación de bienes
Depositario
Persona física